La negligencia de La Salle Bajío expone fallas en protección estudiantil
Negligencia La Salle Bajío ha cobrado relevancia tras la denuncia pública de una egresada que sufrió violencia verbal, emocional y física por parte de su expareja durante su estancia en la institución. Este caso, ocurrido en el campus de León, Guanajuato, resalta las graves omisiones en los protocolos de atención a víctimas de violencia de género dentro de entornos educativos superiores. La joven, identificada solo como Isabella por razones de seguridad, relató en una conferencia de prensa cómo la universidad ignoró sus súplicas de separación del agresor, permitiendo que la situación escalara hasta un intento de estrangulamiento en una fiesta estudiantil.
La historia de Isabella comienza en 2023, cuando inició una relación con un compañero de Diseño Industrial en La Salle Bajío. Lo que parecía un vínculo normal se transformó en un patrón de abusos que incluyó insultos constantes y control emocional. Tras romper, la egresada optó por un intercambio internacional para alejarse, pero al regresar, el acoso persistió. Solicitó un cambio de salón, pero la negligencia La Salle Bajío se manifestó en la negativa rotunda, argumentando el "derecho a la educación" del agresor sin considerar la seguridad de la víctima.
El punto de quiebre: agresión física en pregraduación
El 24 de mayo de 2024, durante la fiesta de pregraduación, el horror se materializó. Isabella fue acechada por su expareja, quien la encontró sola e intentó ahorcarla. Con esfuerzo, se liberó y corrió en busca de ayuda, auxiliada por compañeros que la pusieron a salvo. Este incidente, lejos de ser un aislado, expone la negligencia La Salle Bajío en la prevención de riesgos, ya que ambos asistieron al evento sin medidas de protección implementadas previamente.
Tras la denuncia ante el Ministerio Público, se emitieron órdenes de protección que obligaban a la universidad a intervenir. Sin embargo, la negligencia La Salle Bajío continuó: las autoridades institucionales desestimaron las medidas alegando que la agresión ocurrió "fuera del campus" y que no había "marcas notables" en el cuello de la víctima. Peor aún, revictimizaron a Isabella al cuestionar su consumo de alcohol esa noche, ignorando que el agresor también estaba ebrio y que su conducta era el foco del problema.
Revictimización y búsqueda infructuosa de apoyo interno
La revictimización se profundizó cuando Isabella escaló sus quejas dentro de la estructura universitaria. Primero, acudió al director de carrera; luego, al vicerrector; y finalmente, al rector. En cada instancia, la negligencia La Salle Bajío prevaleció, con respuestas evasivas que priorizaban la continuidad académica del agresor sobre la integridad de la denunciante. Incluso el grupo He for She, iniciativa interna contra la violencia de género, le informó que sus procesos habían sido bloqueados por la administración.
"La Universidad de La Salle Bajío me revictimizó por haberme involucrado con él y por haber ido a la fiesta. Busqué ayuda, pero me encontré con puertas cerradas. ¿Cuántas agresiones más tienen que pasar para que actúen?", expresó Isabella con voz temblorosa durante la conferencia. Sus palabras no solo denuncian la negligencia La Salle Bajío, sino que cuestionan el compromiso real de las instituciones educativas con la erradicación de la violencia de género en sus aulas.
El rol de la violencia de género en universidades mexicanas
Este caso no es aislado en el panorama educativo mexicano, donde la violencia de género afecta a miles de estudiantes anualmente. Según datos de organizaciones especializadas, muchas universidades carecen de protocolos robustos, lo que agrava la negligencia La Salle Bajío observada aquí. La falta de capacitación para el personal docente y administrativo deja a las víctimas en un limbo de impunidad, donde el agresor continúa su rutina mientras la denunciante lucha por su paz mental y académica.
En el contexto de León, Guanajuato, esta denuncia resalta la urgencia de reformas estatales en materia de educación superior. La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) ha sido señalada por no supervisar adecuadamente estas instituciones privadas, permitiendo que casos como este se repitan sin consecuencias inmediatas. La negligencia La Salle Bajío, por ende, se convierte en un espejo de deficiencias sistémicas que demandan atención inmediata.
Amparo judicial: un triunfo parcial contra la inacción
Frustrada por la indiferencia institucional, Isabella recurrió a la vía legal a principios de 2025, presentando un amparo por incumplimiento de las órdenes de protección. Inicialmente, la resolución careció de perspectiva de género, pero tras una revisión impulsada por abogadas expertas, se logró un avance significativo en julio del mismo año. El juez ordenó la separación inmediata del agresor, Sada Anguiano, quien ahora asiste a clases virtuales para evitar contacto con la víctima.
Además, la sentencia impuso dos medidas correctivas a la universidad: la elaboración de un plan de capacitación obligatoria para todo el personal en atención a casos de violencia de género, y la realización de campañas contra la violencia hacia las mujeres durante el segundo semestre de 2025 y el primero de 2026. Estas acciones, aunque bienvenidas, llegan tardíamente para Isabella, quien graduó en 2024 marcada por el trauma.
Críticas de activistas y respuesta institucional
Durante la conferencia, Isabella estuvo acompañada por representantes de Las Libres, una organización dedicada a la defensa de derechos de las mujeres. Paola Fernández Lozano, abogada de la agrupación, destacó la ausencia inicial de sensibilidad en el amparo, mientras que Verónica Cruz, coordinadora, criticó duramente: "La universidad dice que tiene protocolos, pero no los mostró. Este es un caso clarísimo de que no supieron qué hacer porque no tienen al personal capacitado". Sus intervenciones subrayan cómo la negligencia La Salle Bajío refleja una desconexión entre discurso y práctica en entornos lasallistas.
En respuesta, la Universidad La Salle Bajío emitió un comunicado reconociendo el acatamiento de la resolución judicial y reafirmando su compromiso con la mejora de protocolos. Mencionan la creación de comités para atención de violencias y la promoción de acciones con perspectiva de género, basadas en valores de respeto y armonía. Sin embargo, estas declaraciones suenan a promesas genéricas ante la crudeza del testimonio de Isabella.
La negligencia La Salle Bajío en este episodio no solo afectó a una estudiante, sino que pone en jaque la reputación de una institución que se jacta de formar líderes éticos. Casos como este impulsan un debate nacional sobre la responsabilidad de las universidades en la prevención de abusos, donde la capacitación contra violencia de género debe ser prioritaria. Mientras tanto, Isabella representa a tantas mujeres silenciadas en aulas que deberían ser refugios de aprendizaje seguro.
En el ámbito más amplio, la revictimización que sufrió Isabella ilustra patrones comunes en denuncias de violencia de género, donde las víctimas son cuestionadas en lugar de apoyadas. Reportes de medios locales han documentado incidentes similares en otras universidades de Guanajuato, subrayando la necesidad de auditorías independientes para evaluar la efectividad de los protocolos existentes.
Activistas como las de Las Libres han enfatizado en foros recientes la importancia de integrar perspectivas de género en todas las resoluciones judiciales relacionadas con educación, un punto que resonó en la revisión del amparo de Isabella. Además, observadores del sector educativo en León han notado que sin supervisión estatal rigurosa, estas negligencias persisten, afectando la confianza de estudiantes y familias.
Finalmente, la implementación de las campañas ordenadas podría marcar un antes y un después, si se ejecutan con transparencia. Fuentes cercanas al caso sugieren que el monitoreo por parte de organizaciones civiles será clave para asegurar que la negligencia La Salle Bajío no se repita, transformando esta denuncia en un catalizador para cambios reales en el campus.