Taxistas y choferes de plataformas en León, Guanajuato, protagonizaron un intenso bloqueo en el bulevar Insurgentes frente a la Clínica IMSS T-1 tras recibir multas de la Policía Vial. Este incidente, ocurrido el 21 de octubre de 2025, paralizó el tráfico en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, generando un caos vial que duró más de una hora. Los involucrados, tanto taxistas tradicionales como conductores de apps como Uber, denunciaron un acoso constante por parte de las autoridades, lo que ha exacerbado las tensiones en el sector del transporte urbano.
El detonante: Detenciones y multas injustas en el paradero del IMSS
Todo comenzó alrededor de las 11:00 horas de la mañana, cuando agentes de la Policía Vial detuvieron a tres taxistas por supuestamente estacionarse en un paradero exclusivo para ascenso y descenso de pasajeros frente a la Clínica Unidad de Medicina Familiar número 51 del IMSS. Uno de los afectados, un joven identificado como Johan, junto con Héctor Ángel, un conductor experimentado, insistieron en que solo se detuvieron brevemente para dejar a un pasajero y ya se disponían a continuar su ruta. Sin embargo, los oficiales en motocicletas exigieron sus documentos y procedieron a imponer multas elevadas, lo que desató un forcejeo y la negativa de los choferes a pagar en el acto.
Reacciones inmediatas y el llamado a la acción colectiva
Los taxistas no se quedaron de brazos cruzados. Rápidamente, solicitaron refuerzos a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, convocando a más colegas y a choferes de plataformas digitales. En cuestión de minutos, decenas de vehículos bloquearon ambos sentidos del bulevar Insurgentes, desde la avenida México hasta el bulevar Adolfo López Mateos. El tráfico se detuvo por completo, afectando a cientos de conductores que intentaban llegar a sus destinos en plena hora pico matutina. Gritos de protesta resonaron en la zona: “Que los liberen porque no hicieron nada, el gobierno no nos deja trabajar. Queremos que los liberen o seguimos bloqueando la vialidad”, exclamó uno de los manifestantes, reflejando la frustración acumulada en el gremio.
Negociaciones tensas y resolución temporal del conflicto
La situación escaló hasta que intervino Enrique López Oviedo, representante de la Dirección General de Gobierno del municipio. Tras un diálogo acalorado con los líderes de los taxistas, se acordó la liberación inmediata de los tres detenidos, quienes fueron trasladados inicialmente a la delegación Cepol Poniente acusados de agresión a los uniformados. A cambio, se pactó una mesa de diálogo para el próximo viernes en la Presidencia Municipal, donde se discutirán los puntos de sitios autorizados y las regulaciones para el transporte en zonas sensibles como hospitales y clínicas. El bloqueo se levantó alrededor de las 12:30 horas, permitiendo que el flujo vehicular se restableciera, aunque el resentimiento entre las partes quedó patente.
Incidentes colaterales durante la cobertura periodística
El caos no se limitó al tráfico. Durante la cobertura del evento, un conductor de Uber perdió los estribos y agredió a un camarógrafo de Televisa que intentaba entrevistarlo. El agresor, identificado como Alejandro de 34 años, quien tripulaba un Nissan V-Drive, propinó un cabezazo en la nariz al reportero en la esquina de la avenida México e Insurgentes, en la colonia Los Paraísos. La Secretaría de Seguridad Pública de León intervino rápidamente, deteniendo al individuo a las 13:09 horas y poniéndolo a disposición de la Fiscalía. Este episodio subraya la volatilidad de las protestas cuando involucran a múltiples actores del transporte urbano.
Contexto más amplio: La lucha de los taxistas contra las plataformas y los irregulares
El bloqueo en Insurgentes no es un hecho aislado, sino la manifestación de un conflicto crónico en el sector del transporte en León. Los taxistas tradicionales, conocidos como “verdes”, se sienten desplazados por la irrupción de las plataformas digitales como Uber y Didi, que ofrecen tarifas más bajas y mayor comodidad para los usuarios. Gaby, una promotora de taxis en la clínica IMSS T-1, explicó que el paradero frente a la unidad médica es vital para su supervivencia económica: “Las plataformas nos rebasaron, y no hay opciones para nosotros. Usamos ese espacio para generar ingresos, porque de lo contrario no comemos”. Esta competencia desleal ha llevado a numerosos enfrentamientos, donde los taxistas exigen regulaciones equitativas que protejan sus concesiones.
Además, el gremio denuncia la proliferación de taxistas “piratas” o irregulares, que operan sin registro en la Dirección de Transporte del Estado. Se estima que en León circulan al menos 6 mil vehículos particulares no autorizados, sumados a los casi 7 mil taxis verdes formales y miles de choferes de plataformas. Estos irregulares se instalan en puntos estratégicos como la Central Camionera, hospitales, centros comerciales y estaciones del Sistema Integrado de Transporte (SIT), a menudo con edecanes que intimidan a la competencia. José Moreno Fuentes, dirigente de la CTM en el sector, reveló que enviaron un comunicado al director Moisés Rangel Villagómez sobre estos abusos, pero las respuestas han sido evasivas, atribuyendo la responsabilidad al municipio.
Críticas a la app Sigo GTO y demandas de mayor control
Otra fuente de descontento es la aplicación Sigo GTO, impulsada por el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para regular el transporte. Los taxistas la tildan de ineficaz: “No sirvió de nada, no la actualizan, los precios no se ajustan, no hay apoyo del gobierno”, lamentó Gaby. Líderes como José Luis Guerrero Mendoza, de la Alianza Plus de Taxistas del Estado, insisten en que la autorización de sitios debe respetar la ley, sin ceder a chantajes de bloqueos. “La autorización de sitios la otorga el Estado con la anuencia del Municipio, pero no se permite en avenidas primarias como lo quieren hacer los taxis irregulares. Se tiene que aplicar la Ley”, afirmó Guerrero.
Incluso los choferes de plataformas, representados por Rodolfo Morgán, se suman a las demandas de orden. “Ya les encontraron el modo a las autoridades para que no les apliquen la ley. Cierran vialidades para evitar sanciones, y esto ya no puede seguir. Se les ha tolerado demasiado y podrían colapsar la ciudad cerrando bulevares primarios”, advirtió. Morgán exigió que todos, incluidos los de apps, cumplan con requisitos como seguros de cobertura amplia, recordando protestas previas durante el Festival Internacional del Globo, donde se demandó mayor fiscalización.
José Moreno Fuentes profundizó en el desorden: “No estamos en contra del servicio de plataforma o de particulares, pero que estén registrados, por lo menos. Ya es un desorden total en la ciudad. No hay ni 2 mil taxis particulares registrados, y se estima que hay por lo menos 6 mil irregulares”. En avenidas como Hilario Medina, los piratas han improvisado sitios con edecanes que amenazan con más bloqueos si se les interviene. Esta situación genera inseguridad para los usuarios y pérdidas millonarias para los transportistas formales.
El impacto económico de estos conflictos es innegable. Cada bloqueo como el de Insurgentes genera pérdidas de miles de pesos en horas de trabajo perdidas, no solo para los taxistas sino para toda la cadena de movilidad en León, una ciudad con más de 1.7 millones de habitantes que depende de un transporte eficiente. Expertos en movilidad urbana señalan que sin una regulación integral, estos episodios se repetirán, afectando la calidad de vida de los leoneses.
En los últimos meses, similares protestas han ocurrido en otras partes de Guanajuato, donde los taxistas exigen mesas de diálogo permanentes con el gobierno estatal y municipal. La falta de actualización en herramientas como Sigo GTO agrava el problema, dejando a los choferes en desventaja frente a competidores no regulados. Fuentes cercanas al gremio mencionan que, según reportes de la Dirección de Transporte, solo una fracción mínima de los vehículos irregulares ha sido sancionada en el último año.
Periodistas locales que cubrieron el evento en Insurgentes, como aquellos de medios regionales, destacan que este tipo de tensiones reflejan un fracaso en la política de transporte del estado, donde la promesa de modernización no ha llegado a todos los actores. Un análisis preliminar de la Secretaría de Seguridad indica que las detenciones por bloqueos han aumentado un 30% en comparación con el año anterior, lo que sugiere una escalada en el conflicto.