Transparencia en Guanajuato es un tema crucial que enfrenta un momento de incertidumbre con la inminente desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP). Esta reforma, impulsada por cambios legislativos estatales alineados con la federal, pone en jaque el acceso a la información pública en el estado. El Congreso local tiene un plazo perentorio para actuar, y expertos advierten que sin una alternativa sólida, los ciudadanos podrían quedar desprotegidos ante la opacidad gubernamental. En este contexto, urge definir mecanismos que preserven el derecho a la información, evitando que funciones clave se diluyan en dependencias ejecutivas.
La desaparición del IACIP y su impacto en la transparencia en Guanajuato
La reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guanajuato marca un punto de inflexión para la gobernanza local. El decreto publicado el 15 de agosto de 2025 en el Periódico Oficial del Gobierno estatal establece que el IACIP desaparecerá, transfiriendo el 86% de sus atribuciones a la Secretaría de la Honestidad del Gobierno estatal. El 14% restante se repartirá entre entidades como el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Fiscalía. Esta medida busca homologar la normativa estatal con la reforma federal que eliminó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), reemplazándolo por el organismo "Transparencia del Pueblo".
Sin embargo, la transparencia en Guanajuato no puede depender exclusivamente de secretarías gubernamentales, ya que esto podría generar conflictos de interés. El IACIP, como órgano autónomo, ha sido garante de la rendición de cuentas durante años, resolviendo miles de solicitudes de información y recursos de revisión. Actualmente, cuenta con 1,682 recursos pendientes, que deberán transferirse una vez aprobadas las leyes secundarias. El Congreso tiene 180 días naturales desde el 16 de agosto de 2025 para reformar la legislación, lo que lo lleva hasta febrero de 2026. No obstante, es probable que la iniciativa se presente en septiembre de 2025, durante el periodo ordinario de sesiones, para evitar incluir al IACIP en el Presupuesto de Egresos de 2026.
Alejandro Rocha Pedraza, consejero del IACIP, ha enfatizado la complejidad de este proceso. Basado en su experiencia, estima que la desaparición podría concretarse en enero de 2026, aunque reconoce que la presentación de la iniciativa en septiembre dará claridad sobre los tiempos. "Lo de enero es una mera suposición personal, basado en mi experiencia personal, de lo complicado que sería abrir un nuevo ciclo presupuestal", señaló Rocha Pedraza. Su preocupación radica en la ausencia de un organismo descentralizado que resuelva inconformidades, dejando a ciudadanos y periodistas con opciones limitadas como amparos judiciales o recurrir al ente federal.
Urgencia de una alternativa viable para el acceso a la información
La creación de una alternativa es imperativa para mantener la integridad de la transparencia en Guanajuato. Expertos como Julieta del Río Venegas, expresidenta del INAI, proponen un órgano desconcentrado, aunque no autónomo, que actúe como garante del derecho a la información. "El Congreso local cree un órgano desconcentrado. Este organismo, aunque no sea autónomo, debe ser el garante del derecho a la información", argumenta Del Río Venegas. Ella advierte que si las funciones quedan en manos de una dependencia alineada con la gobernadora, se erosionará la confianza ciudadana.
En el ámbito federal, el modelo de "Transparencia del Pueblo" ha mostrado debilidades, con las dependencias ganando el 99% de los casos resueltos. Esto no es un ejemplo a seguir para la transparencia en Guanajuato, donde el IACIP ha demostrado eficacia en la protección de datos y el acceso público. La reforma estatal responde a la necesidad de alinear con la Constitución, pero ignora los riesgos de centralizar el poder en el Ejecutivo. Organizaciones civiles y periodistas han elevado la voz para exigir que la nueva estructura incluya mecanismos de impugnación independientes, evitando que la información sensible quede bajo control político.
El plazo de febrero de 2026 no es negociable, pero la presión por actuar pronto crece. Si el Congreso aprueba la reforma en diciembre de 2025, el IACIP podría extinguirse antes de lo previsto, dejando un vacío en la supervisión de los tres poderes, organismos autónomos y los 46 municipios. La transparencia en Guanajuato depende de esta transición ordenada; de lo contrario, el estado podría enfrentar demandas por violación de derechos humanos relacionados con la información pública.
Desafíos en la transición y lecciones del modelo federal
La desaparición del IACIP plantea desafíos logísticos y éticos para la transparencia en Guanajuato. La transferencia de funciones a la Secretaría de la Honestidad implica capacitar personal y reasignar recursos, pero sin un marco legal claro, podría derivar en retrasos o arbitrariedades. Rocha Pedraza ha advertido que, sin un nuevo garante, los recursos de revisión pendientes se acumularán, afectando a solicitantes que buscan datos sobre presupuestos, contratos o políticas públicas.
Del Río Venegas refuerza esta visión al destacar que "si la transparencia queda en manos de una dependencia que responde a la Gobernadora, se perderá la confianza de la ciudadanía". Ella aboga por un sistema donde el nuevo órgano federal no sea el único recurso, ya que su efectividad es cuestionable. En Guanajuato, donde la corrupción ha sido un tema recurrente en auditorías pasadas, preservar el acceso a la información es vital para la democracia local. La reforma debe incorporar salvaguardas como plazos estrictos para respuestas y sanciones por opacidad.
Además, la homologación con la federal ignora particularidades estatales. Mientras el INAI resolvía miles de casos anualmente, su reemplazo ha centralizado el control, reduciendo la autonomía. Para la transparencia en Guanajuato, expertos sugieren integrar tecnología para solicitudes digitales y comités ciudadanos en la supervisión. Esto aseguraría que la desaparición del IACIP no signifique el fin de la accountability, sino una evolución hacia un modelo más robusto.
Propuestas para un futuro de rendición de cuentas efectiva
En el debate sobre la alternativa al IACIP, surgen propuestas innovadoras para fortalecer la transparencia en Guanajuato. Un órgano desconcentrado podría combinar funciones administrativas con resolución imparcial, similar a estructuras en otros estados que han resistido reformas federales. Del Río Venegas insiste en que "esto es clave para que los ciudadanos confíen en el nuevo sistema y puedan ejercer su derecho a la información de manera efectiva". Integrar palabras clave como acceso a la información pública y rendición de cuentas en la nueva ley sería esencial para su implementación.
La sociedad civil, incluyendo asociaciones de periodistas, ha instado al Congreso a consultar ampliamente antes de aprobar cambios. La desaparición del IACIP no debe ser un proceso opaco; al contrario, debe ejemplificar los principios que pretende regular. Con el plazo acercándose, la presión aumenta para que legisladores prioricen la creación de un mecanismo que evite la judicialización excesiva de solicitudes.
En este panorama, la transparencia en Guanajuato emerge como un pilar para la gobernanza responsable. La experiencia del IACIP, con su historial de resolución eficiente, sirve de base para diseñar algo mejor. Sin embargo, la transición requiere voluntad política para equilibrar eficiencia y independencia.
La discusión sobre la desaparición del IACIP ha ganado tracción en foros locales, donde se menciona que informes preliminares del Congreso sugieren un enfoque en la descentralización parcial. Fuentes cercanas al proceso legislativo indican que borradores de la reforma incluyen cláusulas para transferencias graduales, aunque detalles precisos aún se discuten en comisiones. Además, observadores de la sociedad civil, como aquellos vinculados a redes de transparencia nacional, han compartido análisis que destacan la necesidad de benchmarks con estados vecinos para evitar retrocesos.
Por otro lado, en conversaciones informales con exfuncionarios del INAI, se resalta que el modelo federal ha influido en estas decisiones estatales, pero adaptaciones locales podrían mitigar riesgos. Finalmente, publicaciones especializadas en derecho administrativo han explorado escenarios similares, subrayando que la clave reside en la implementación post-reforma para medir su éxito en la práctica.