Retroceso en transparencia es lo que representa la propuesta del PAN en Guanajuato, donde se busca ampliar los plazos para entregar información pública de 8 a 18 días hábiles. Esta iniciativa ha generado debate entre partidos políticos y expertos, ya que implica un cambio significativo en el acceso a la información para los ciudadanos. En un contexto donde la rendición de cuentas es crucial, este ajuste podría afectar la eficiencia con la que se responden las solicitudes de transparencia en el estado.
Impacto del Retroceso en Transparencia en la Ley Estatal
El retroceso en transparencia propuesto por el PAN implica modificar la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guanajuato. Actualmente, el plazo máximo para responder solicitudes es de ocho días hábiles, compuesto por cinco días iniciales más tres de prórroga. Sin embargo, la nueva iniciativa eleva este límite a ocho días ordinarios más diez de ampliación, sumando un total de 18 días. Este cambio colocaría a Guanajuato en línea con otros estados que tienen tiempos más prolongados, pero representaría un paso atrás en comparación con su posición actual como uno de los más rápidos en respuestas, junto con Jalisco.
Comparación con Otras Entidades y la Ley Federal
En el panorama nacional, el retroceso en transparencia en Guanajuato contrastaría con estados como Coahuila, que tiene 14 días, o Chihuahua con 15. La Ley General de Transparencia establece plazos de hasta 20 días ampliables a 30, lo que ha influido en esta propuesta. Expertos señalan que, aunque se busca homologar con la norma federal, esto podría diluir las ventajas locales en materia de acceso rápido a la información pública. El retroceso en transparencia no solo afecta a los ciudadanos, sino que podría fomentar opacidad en la administración de recursos públicos.
Además, el retroceso en transparencia involucra la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), reemplazado por órganos garantes internos en cada Poder. Esto genera preocupación porque estos órganos podrían actuar como juez y parte, reduciendo la independencia en la resolución de inconformidades. La propuesta del PAN no establece plazos fijos para los titulares de estos órganos, lo que podría permitir su remoción arbitraria y agravar el retroceso en transparencia.
Posturas Políticas Frente al Retroceso en Transparencia
El retroceso en transparencia ha dividido opiniones en el Congreso del Estado. El PAN argumenta que la ampliación es necesaria para homologar con la ley nacional y manejar solicitudes complejas que no se resuelven en cinco días. Diputados como Juan Carlos Romero Hicks defienden que 18 días es una buena práctica recomendada por contralores. Sin embargo, esta visión choca con la iniciativa de Morena, que mantiene los ocho días vigentes, priorizando la agilidad en el acceso a la información.
Críticas desde Morena y Otros Partidos
Morena critica el retroceso en transparencia como un copia y pega de la ley federal, sin adaptaciones locales. Diputados como Ernesto Millán Soberanes destacan que las realidades de Guanajuato difieren de las nacionales, y una homologación ciega podría ignorar avances estatales. Por su parte, el PVEM y Movimiento Ciudadano ven en esto un temor a impugnaciones legales, similar a lo ocurrido con reformas judiciales. Rodrigo González lamenta que se pulverice 30 años de esfuerzos en transparencia, regresando a procesos más burocráticos y menos facilitadores.
El retroceso en transparencia también afecta a instancias de seguridad pública, que en la propuesta panista quedan sujetas a los mismos comités de transparencia que otros entes. Esto podría ser positivo para la rendición de cuentas, pero en un marco de órganos internos, genera dudas sobre su efectividad. Además, la creación de un Subsistema Estatal de Transparencia y un Consejo Estatal, con integrantes honoríficos sin remuneración, busca eficiencia, pero podría limitar la calidad de las decisiones tomadas.
Consecuencias para los Ciudadanos y la Rendición de Cuentas
Para los ciudadanos, el retroceso en transparencia significa esperas más largas para obtener datos sobre el uso de recursos públicos, lo que podría desincentivar solicitudes y reducir la vigilancia sobre actos de corrupción. Guanajuato, que lidera en tiempos de respuesta, perdería esta ventaja, alineándose con estados menos eficientes. Este cambio llega en un momento clave, tras la reforma constitucional que obliga a aprobar nuevas leyes secundarias antes del 15 de febrero.
Riesgos de Opacidad y Pérdida de Independencia
Uno de los mayores riesgos del retroceso en transparencia es la pérdida de independencia en los órganos garantes. Al desdoblar el IACIP en unidades por Poder, se crea un sistema donde cada entidad resuelve sus propias inconformidades, potencialmente sesgado. Alejandro Rocha Pedraza, exconsejero del IACIP, advierte que sin plazos fijos para titulares, la estabilidad se compromete. Sugiere nombramientos por el Congreso a propuesta ciudadana para mantener neutralidad.
El retroceso en transparencia se evidencia en la falta de innovación en la iniciativa del PAN, que replica la ley federal sin ajustes. Esto incluye la omisión de exenciones para autoridades de seguridad en la ley estatal, lo que podría fortalecer la transparencia en ese sector. Sin embargo, sin un consejo consultivo como el propuesto por Morena, las funciones no vinculantes de expertos podrían faltar, debilitando el marco general.
En discusiones previas, se ha notado que entidades como la Secretaría de la Honestidad analizan la propuesta, preparándose para mesas de trabajo. Según observadores locales, este estudio podría revelar inconsistencias con prácticas estatales consolidadas.
Informes de analistas independientes destacan que reformas similares en otros estados han llevado a mayor burocracia, afectando la confianza pública. De acuerdo con revisiones periodísticas, la copia directa de leyes federales a menudo ignora contextos regionales, como en Guanajuato con su historial de liderazgo en transparencia.
Expertos en gobernanza, basados en evaluaciones nacionales, señalan que mantener plazos cortos es clave para prevenir corrupción, y cualquier ampliación debe justificarse ampliamente. Fuentes consultadas en el ámbito académico coinciden en que el enfoque debe priorizar la accesibilidad ciudadana sobre la homologación federal.