Exalcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, enfrenta un nuevo retraso en su proceso judicial por el presunto ataque a vías generales de comunicación, un caso que remueve las tensiones entre autoridades municipales y empresas de telecomunicaciones en la capital del estado. Este incidente, ocurrido en julio de 2021, dejó sin servicio a miles de usuarios y ha generado un debate sobre el uso de la fuerza administrativa en cobros pendientes. La reprogramación de la audiencia para febrero de 2026 subraya las dificultades en la notificación y el avance de investigaciones federales en temas de este tipo.
El origen del conflicto con Telecable
El caso contra el exalcalde de Guanajuato se remonta al 14 de julio de 2021, cuando personal de la administración municipal, bajo su supervisión directa, procedió a cortar cables de fibra óptica pertenecientes a Telecable. La justificación oficial fue el adeudo de 35 millones de pesos por derechos de vía pública, una deuda que la empresa negaba en ese momento. Esta acción no solo afectó a más de 13 mil usuarios residenciales en la zona sur de la ciudad, sino también a servicios esenciales como bomberos, dependencias gubernamentales y el Congreso del Estado, generando un caos en las comunicaciones locales.
Acciones coordinadas por la Dirección de Medio Ambiente
En el operativo, involucrado estuvo el entonces director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (DMAOT), quien lideró el retiro físico de los cables de los postes públicos. El exalcalde de Guanajuato transmitió el procedimiento en vivo a través de su cuenta de Facebook, presentándolo como una medida necesaria para recuperar recursos municipales. Sin embargo, Telecable argumentó que no existía sustento jurídico ni notificación previa, lo que configuró el delito de ataque a las vías generales de comunicación, tipificado en el Código Penal Federal.
Esta intervención abrupta resaltó las vulnerabilidades en la infraestructura de telecomunicaciones en Guanajuato, donde las deudas por uso de espacio público son comunes, pero rara vez se resuelven con medidas tan drásticas. El impacto inmediato fue la interrupción de servicios de internet y televisión, afectando la conectividad en un momento crítico post-pandemia, cuando el teletrabajo y la educación en línea eran vitales para miles de familias.
La audiencia pospuesta: fallos en la notificación
La sesión judicial federal programada para el 26 de noviembre de 2025 no pudo llevarse a cabo debido a la ausencia del exalcalde de Guanajuato y su colaborador, ambos militantes del PAN. El juez Hernán Berdón Juárez determinó que no se cumplió con el requisito de notificación con 48 horas de anticipación, según el Código Nacional de Procedimientos Penales. La agente del Ministerio Público admitió contradicciones en sus declaraciones, mencionando intentos fallidos de citación por teléfono y domicilios no localizados, pese a que la parte afectada, representada por el abogado Mario Torres Marín, había proporcionado direcciones precisas desde junio.
Demanda de judicialización por parte de Telecable
Durante la breve diligencia, el representante legal de Telecable insistió en que la investigación ya estaba concluida y solicitó formalmente la judicialización del caso, que lleva cuatro años en limbo. En marzo de 2025, el MP había intentado archivar la denuncia, pero recursos presentados por la empresa evitaron ese cierre prematuro. Torres Marín enfatizó la existencia de elementos probatorios suficientes, incluyendo videos y testimonios, para proceder contra el exalcalde de Guanajuato por abuso de autoridad y daño a infraestructura crítica.
Este retraso en la audiencia resalta problemas sistémicos en el sistema judicial federal, donde las notificaciones defectuosas prolongan procesos y generan desconfianza en la imparcialidad. Para el exalcalde de Guanajuato, la inasistencia podría interpretarse como una estrategia dilatoria, aunque sus representantes alegan falta de aviso formal, lo que complica aún más el panorama legal en un estado marcado por tensiones políticas partidistas.
Implicaciones políticas y legales en Guanajuato
El caso del exalcalde de Guanajuato no es aislado en el contexto de disputas entre gobiernos locales del PAN y empresas privadas. En los últimos años, similares confrontaciones han surgido en otros municipios de la entidad, donde cobros por derechos de vía han escalado a intervenciones físicas. Este incidente, sin embargo, cruza la línea hacia lo penal al involucrar vías de comunicación generales, consideradas estratégicas para la seguridad nacional.
El rol del PAN en la administración municipal
Alejandro Navarro, como figura panista prominente, supervisó acciones que, según críticos, priorizaron el rédito político sobre el debido proceso. La deuda con Telecable se presentaba como un lastre para las finanzas municipales, pero la forma de abordarla generó acusaciones de arbitrariedad. En entrevistas posteriores, el exalcalde de Guanajuato evitó comentar el tema, citando razones de confidencialidad, mientras que el exdirector de Medio Ambiente no respondió a solicitudes de contacto.
Desde una perspectiva más amplia, este episodio ilustra los desafíos en la gobernanza de Guanajuato, un estado con alta incidencia de conflictos administrativos. La reprogramación para 2026 podría permitir que el caso se diluya en el tiempo, beneficiando a los acusados, pero también presiona al MP a fortalecer sus protocolos de notificación para evitar futuros incumplimientos.
En el ámbito de la telecomunicación, eventos como este afectan la confianza de inversionistas en la región, donde la expansión de fibra óptica es clave para el desarrollo digital. Telecable, como afectada directa, ha aportado pruebas exhaustivas, incluyendo registros de usuarios impactados y evaluaciones técnicas del daño causado, lo que fortalece su posición en la demanda de justicia.
Expertos en derecho penal federal señalan que el delito imputado conlleva penas de hasta ocho años de prisión, lo que eleva las apuestas para el exalcalde de Guanajuato. La resolución final podría sentar precedente para casos similares, promoviendo mecanismos alternos de resolución de deudas sin recurrir a medidas extremas.
La cobertura de este suceso, basada en reportes directos del juzgado y declaraciones de las partes involucradas, como las proporcionadas por el portal AM en su edición local, permite una visión detallada de los obstáculos en el sistema. Asimismo, archivos de video y documentos judiciales accesibles en expedientes públicos refuerzan la narrativa de un proceso estancado por fallos procedimentales.
Informantes cercanos al caso, citados en análisis periodísticos de medios estatales, destacan que la contradicción en las notificaciones del MP no es infrecuente en distritos federales de la zona centro, lo que invita a reformas en la cadena de citaciones. Finalmente, el silencio del exalcalde de Guanajuato ante consultas de la prensa, registrado en intentos de contacto documentados por periodistas locales, añade un velo de misterio a su defensa futura.