Amenazado de muerte, Carlos Manzo, el exalcalde de Uruapan, Michoacán, había compartido su temor con el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks hace tres años, en un momento de profunda preocupación por la corrupción y la inseguridad en la región. Esta revelación, hecha en medio de una legislatura marcada por tensiones políticas, pone en evidencia las vulnerabilidades que enfrentan los funcionarios públicos en zonas controladas por el crimen organizado. Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, no solo expresó su angustia personal, sino que también destacó la desconfianza generalizada hacia las autoridades estatales y federales, un tema que resuena en el contexto de la violencia en Michoacán.
La confidencia privada en la Cámara de Diputados
Durante la Legislatura 2021-2024, Carlos Manzo y Juan Carlos Romero Hicks coincidieron en la Cámara de Diputados, representando a bandos políticos opuestos: Morena y el PAN, respectivamente. Sin embargo, en un gesto de humanidad más allá de las ideologías, Manzo buscó a Romero Hicks, entonces presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para desahogar su miedo. "Me dijo casi llorando: estoy amenazado de muerte", recordó el diputado guanajuatense en su informe legislativo del jueves pasado, ante un auditorio de más de 140 personas. Esta confesión no fue un mero desahogo; reflejaba el peso de las presiones que un legislador como Manzo enfrentaba en su distrito de Uruapan, conocido por su historia de confrontaciones entre carteles y autoridades locales.
Detalles de la reunión que no prosperó
La reunión tuvo lugar en la oficina de la Comisión de Transparencia, duró aproximadamente media hora y fue impulsada por recomendaciones de terceros que veían en Romero Hicks un aliado contra la corrupción. Amenazado de muerte, Carlos Manzo compartió detalles específicos sobre las intimidaciones que recibía, vinculadas al creciente avance de la corrupción en Michoacán. Romero Hicks, conmovido por la pasión y el sombrero característico de su colega, le ofreció apoyo institucional, sugiriendo que proporcionara más información para activar mecanismos de protección. Lamentablemente, esta oferta no se materializó; Manzo, paralizado por el temor y la desconfianza en la Fiscalía General del Estado (FGE), optó por no avanzar en la denuncia formal. Este episodio ilustra cómo la inseguridad puede silenciar incluso a los más valientes en la lucha contra la impunidad.
El legado legislativo ignorado de Carlos Manzo
Amenazado de muerte pero incansable, Carlos Manzo dejó un rastro de iniciativas parlamentarias que buscaban combatir la violencia y promover la equidad en el sistema político mexicano. Su trabajo en la Cámara de Diputados, aunque no siempre visible en tribuna compartida con Romero Hicks, fue profundo y ético, enfocado en temas que afectaban directamente a su comunidad en Uruapan. Compañeros como el diputado Ector Jaime Ramírez Barba, quien compartió con él la Comisión de Salud, han destacado cómo Manzo intervenía con urgencia moral contra las masacres de menores, las extorsiones rampantes y la complicidad aparente de algunas autoridades estatales. Su voz, cargada de un sentido ético inquebrantable, contrastaba con la rutina legislativa, convirtiéndolo en un legislador "atravesado por la conciencia del dolor social".
Iniciativa "Disparos al aire": Una batalla contra la impunidad cotidiana
Una de las propuestas más emblemáticas de Carlos Manzo fue la iniciativa "Disparos al aire", presentada en diciembre de 2021 y destinada a reformar el Código Penal Federal. Esta medida buscaba sancionar explícitamente el acto de detonar armas de fuego hacia el cielo, una práctica común en festividades como las patrias o las celebraciones decembrinas en Michoacán y otras regiones del país. Amenazado de muerte él mismo, Manzo documentó con precisión los estragos de estas "balas perdidas": niños fallecidos en sus camas, heridos en medio de fiestas familiares y tragedias que se convierten en noticias recurrentes. La propuesta contemplaba penas de uno a cuatro años de prisión, multas equivalentes y el decomiso inmediato del arma, fundamentada en datos estadísticos y un llamado a la responsabilidad colectiva. Sin embargo, tras ser turnada a la Comisión de Justicia y recibir prórrogas hasta mayo de 2022, la iniciativa fue desechada sin dictamen en agosto de 2024 por el propio grupo parlamentario de Morena, dejando en el limbo una herramienta clave contra la violencia inadvertida.
La paridad en la Comisión Permanente: Otra propuesta frustrada
No menos ambiciosa fue su segunda iniciativa, orientada a reformar el artículo 78 de la Constitución para garantizar una integración paritaria, plural y sin discriminación en la Comisión Permanente del Congreso. Presentada en el mismo período, esta propuesta buscaba equilibrar el poder legislativo durante los recesos, promoviendo una representación más justa entre los grupos parlamentarios. Amenazado de muerte y consciente de las desigualdades estructurales, Manzo argumentaba que tales reformas eran esenciales para fortalecer la democracia mexicana. Tristemente, al igual que la anterior, ninguna comisión abordó su dictamen, y la propuesta se estrelló contra barreras invisibles de inercia y posibles complicidades políticas. Estos fracasos legislativos resaltan las dificultades que enfrentan figuras como Carlos Manzo en un entorno donde la agenda de seguridad y equidad a menudo queda relegada.
Inseguridad en Michoacán y la respuesta federal post-asesinato
El asesinato de Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025 no es un caso aislado en el panorama de violencia que azota a Michoacán, un estado donde la corrupción y el crimen organizado se entrelazan de manera alarmante. Amenazado de muerte durante años, su muerte ha reavivado debates sobre la protección a funcionarios públicos y la efectividad de las instituciones de seguridad. En la conferencia matutina del 11 de noviembre, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reveló que, en lo que va de la administración actual, solo 70 servidores públicos han solicitado escoltas, atendidos por más de 450 elementos de la Guardia Nacional. Sorprendentemente, tras el homicidio de Manzo, no se han registrado nuevas peticiones, a pesar de la atención mediática y el temor palpable entre alcaldes y legisladores. Este dato subraya una paradoja: mientras la Guardia Nacional despliega recursos para análisis de riesgo y opiniones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), muchos optan por el silencio por desconfianza en el proceso.
Procedimientos de protección: Análisis de riesgo y escoltas pendientes
El procedimiento para obtener escoltas es meticuloso: inicia con una solicitud formal, seguida de un análisis de riesgo detallado, la opinión de la SSPC y la determinación del nivel de amenaza. Amenazado de muerte como lo estuvo Carlos Manzo, cualquier funcionario podría beneficiarse de este mecanismo, pero la falta de solicitudes post-asesinato sugiere un escepticismo profundo hacia la capacidad federal para salvaguardar vidas. Trevilla enfatizó que la institución permanece atenta, con capacidad para expandir el servicio más allá de los 70 escoltas actuales. En un contexto donde la inseguridad en Michoacán ha cobrado cientos de víctimas anuales, incluyendo a políticos locales, esta pasividad colectiva es un llamado de atención para reformar no solo las leyes, sino también la confianza en el sistema.
La historia de Carlos Manzo trasciende su trágico final; representa el coraje de quienes, amenazados de muerte, persisten en denunciar la corrupción y abogar por cambios reales. Su confidencia a Romero Hicks, aunque no derivó en acción inmediata, sirve hoy como testimonio de las grietas en el tejido de la gobernabilidad mexicana. Mientras Michoacán lidia con el legado de violencia, iniciativas como "Disparos al aire" esperan ser rescatadas, recordándonos que la impunidad no es inevitable.
En conversaciones informales con colegas legislativos, se ha mencionado cómo detalles de esa reunión en la Cámara de Diputados fueron corroborados por testigos presentes en el informe de Romero Hicks. Asimismo, el artículo dedicado por Ector Jaime Ramírez Barba en El Economista del 4 de noviembre ofrece una visión cercana del compromiso ético de Manzo.
Por otro lado, reportes de la mañanera presidencial del 11 de noviembre, accesibles en portales como El Universal, detallan las declaraciones de Trevilla sobre las escoltas, subrayando la ausencia de nuevas solicitudes tras el asesinato.
