Salud Guanajuato encubre acoso sexual y laboral en sus filas, dejando a víctimas en un limbo de simulación y promesas vacías. Durante siete años, desde 2018 hasta septiembre de 2025, la Secretaría de Salud de Guanajuato ha acumulado al menos 288 denuncias por estos motivos, sin que se implementen sanciones reales ni cambios estructurales para erradicar la violencia de género en el ámbito laboral. Esta situación revela un patrón alarmante de hostigamiento sexual y acoso laboral que afecta a cientos de trabajadoras y trabajadores en la dependencia, donde la minimización de quejas y las reubicaciones de agresores se han convertido en la norma. En un estado donde la salud pública debería ser prioridad, la encubrimiento de estas conductas no solo perpetúa el daño emocional y físico a las víctimas, sino que erosiona la confianza en las instituciones gubernamentales.
El patrón de encubrimiento en Salud Guanajuato
La Secretaría de Salud de Guanajuato, con más de 24 mil empleados, lidera las denuncias por acoso en el gobierno estatal, superando a las otras 50 dependencias. De las 288 quejas registradas ante el Comité para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Acoso y Hostigamiento Sexual, 191 corresponden a acoso laboral y 97 a acoso sexual. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido consistentemente tibia: reubicaciones disfrazadas de "necesidad en servicio", actas administrativas que equivalen a meras amonestaciones y un archivo masivo de casos, con 158 por acoso laboral y 53 por sexual cerrados sin resolución efectiva. Esta dinámica de encubrimiento no es accidental; testimonios de exfuncionarias como María, quien laboró ocho años en la dependencia, describen cómo su rol principal era disuadir a las víctimas de proceder con denuncias formales, ofreciendo en su lugar atención psicológica superficial y negociaciones informales para evitar escándalos.
Denuncias ignoradas y agresores protegidos
Entre 2018 y 2025, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) emitió 19 recomendaciones específicas contra la Salud Guanajuato por violencia laboral, exigiendo procedimientos disciplinarios y medidas de no repetición. Casos emblemáticos incluyen el de la actual secretaria Ligia Arce Padilla, recomendada en 2018 por acoso laboral durante su gestión en Celaya, donde se le acusó de comentarios humillantes, exclusión de actividades y remociones injustificadas. A pesar de esto, ascendió a la titularidad en enero de 2024. Similarmente, José Luis Hernández Reguero, director del Hospital General de Silao, acumuló tres recomendaciones en 2019 por violaciones a la dignidad laboral, pero continúa en su puesto. Estos ejemplos ilustran cómo el encubrimiento de acoso en Salud Guanajuato permite que los agresores escalen en la jerarquía, mientras las víctimas enfrentan intimidación y amenazas, incluyendo una amenaza de muerte reportada a un exjefe que intentó exponer el problema.
Testimonios que exponen la simulación de atención
Las voces de las víctimas rompen el silencio impuesto por la institución. Laura, una empleada en San José Iturbide, sufrió abuso sexual por parte de su terapeuta en un hospital público. Tras denunciar ante la directora de salud mental estatal, Rosa Elda Villalobos, y la Fiscalía, enfrentó minimizaciones y propuestas de acuerdos extrajudiciales. El agresor laboró cinco meses más antes de ser removido, y la investigación fiscal se archivó por falta de testigos. Sandra, violada por su jefe en 2023 tras una fiesta del Día de la Enfermera, fue cuestionada por su consumo de alcohol y reubicada rápidamente para silenciar el caso, sin que el agresor recibiera sanción alguna. Beatriz, nutrióloga en Silao, denunció en 2025 las exigencias abusivas y comentarios despectivos de Hernández Reguero, como stickers amenazantes y cargas excesivas de trabajo, lo que la llevó a renunciar por daños emocionales graves. Estos relatos no son aislados; reflejan una cultura de violencia de género donde el encubrimiento de acoso sexual en Salud Guanajuato prioriza la imagen institucional sobre la justicia.
Reubicaciones como herramienta de impunidad
Una práctica recurrente en la dependencia es la reubicación de agresores sin consecuencias reales. En julio de 2021, el entonces secretario Daniel Díaz Martínez ofreció una disculpa pública a una víctima de Raúl Rojas Hernández, exdirector del Hospital Pediátrico de León, quien enviaba mensajes inapropiados como "Buenos días berrinchuda" con emojis de besos. Rojas fue removido, pero reasignado como médico en el Hospital General de Guanajuato y luego en Silao, bajo la dirección de Hernández Reguero. Oficialmente, estas movidas se justifican como "necesidad en servicio", ocultando la gravedad del hostigamiento sexual. De las 103 actas administrativas aplicadas por acoso sexual entre 2018 y 2025, ninguna derivó en despidos o sanciones graves, y la confidencialidad invocada protege más a los victimarios que a las afectadas.
La respuesta gubernamental: promesas vs. realidad
Bajo la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el gobierno estatal prometió revisar casos de violencia laboral en marzo de 2025, reafirmando un compromiso con ambientes seguros. Sin embargo, siete meses después, las víctimas consultadas no recibieron avances concretos. En el Día Internacional de la Mujer, la mandataria lanzó el lema "yo sí te creo", y el 29 de septiembre anunció reformas al artículo 57 Bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas para clasificar el acoso sexual como falta grave, permitiendo despidos directos. No obstante, estas iniciativas llegan tarde para muchas, y la implementación parece incierta. Secretarios como Gabriel Cortés Alcalá y la actual Daniela Díaz Macías, presidenta del Comité, no respondieron a solicitudes de entrevista, perpetuando el velo de opacidad.
El impacto del encubrimiento de acoso en Salud Guanajuato trasciende las oficinas; genera un clima de miedo que afecta la prestación de servicios de salud pública. Trabajadoras en áreas como enfermería, vectores y administración reportan pensamientos suicidas, tratamientos psicológicos prolongados y renuncias forzadas. La Prodheg ha insistido en capacitaciones y protocolos, pero sin enforcement real, el Comité PAVLAHS se reduce a un ente simbólico. Casos como el de Rosa Elda Villalobos, denunciada en 2022 por 14 empleados por cargas excesivas y falta de empatía, terminaron en traslados sin funciones, culminando en su renuncia sin accountability.
En el contexto más amplio, esta crisis pone en jaque la narrativa de cero tolerancia proclamada el 25 de marzo de 2025 durante el Día Naranja. Eventos como el Congreso Estatal de Inteligencia Emocional, donde Hernández Reguero fue ponente en abril, contrastan con las quejas activas contra él. Las víctimas, apoyadas en colectivos feministas y terapia externa, continúan luchando por visibilidad, mientras la institución acumula archivos y actas inertes.
Informes de transparencia y documentos oficiales accesibles a través de plataformas estatales han sido cruciales para destapar estos patrones, aunque la dependencia ha negado detalles públicos citando confidencialidad. Testimonios recopilados por medios locales, como los de exfuncionarias y afectadas, subrayan la necesidad de reformas urgentes, y recomendaciones de la Prodheg siguen acumulándose sin resolución plena.
Especialistas en derechos humanos consultados en reportajes independientes destacan que, pese a las promesas de la gobernadora, la brecha entre discurso y acción persiste, recordando que entidades como la Fiscalía han cerrado casos por tecnicismos, dejando a las víctimas en un limbo prolongado.