Terapias de conversión en Guanajuato se convierten en el centro de un debate urgente que moviliza a activistas, legisladores y expertos en derechos humanos. Estas prácticas, conocidas también como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), han sido ampliamente condenadas por su impacto devastador en la salud mental y física de las personas afectadas. En el estado de Guanajuato, donde la diversidad sexual enfrenta barreras persistentes, surge una iniciativa legislativa que busca erradicar de raíz estas violaciones a la dignidad humana. La Comisión de Justicia del Congreso local analiza una propuesta que incorporaría sanciones penales específicas, alineándose con estándares federales para evitar lagunas que perpetúen la impunidad.
El impacto destructivo de las terapias de conversión en la sociedad
Las terapias de conversión no son más que métodos pseudocientíficos disfrazados de ayuda, que intentan alterar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. En Guanajuato, estas prácticas se ocultan frecuentemente bajo el manto de terapias espirituales o psicológicas, afectando desproporcionadamente a la comunidad LGBT. Expertos en salud mental coinciden en que no existe base científica para su efectividad; al contrario, generan traumas profundos, depresión y un mayor riesgo de suicidio. Según organizaciones defensoras de derechos humanos, miles de individuos en México han sufrido estas intervenciones coercitivas, y Guanajuato no es la excepción.
Historias de víctimas y el silencio institucional
Detrás de cada caso de terapias de conversión hay una historia de dolor y exclusión. Jóvenes y adultos en Guanajuato han relatado experiencias de aislamiento familiar, presiones religiosas y sesiones forzadas que minan su autoestima. La falta de datos oficiales complica la cuantificación, pero informes de colectivos locales revelan un patrón alarmante de discriminación. Esta realidad subraya la necesidad de una prohibición clara que proteja no solo a las víctimas directas, sino a toda la sociedad de prácticas que fomentan la intolerancia.
La iniciativa legislativa: un paso hacia la prohibición total
En el Congreso de Guanajuato, la diputada Miriam Reyes Carmona impulsa una reforma al Código Penal estatal que clasificaría las terapias de conversión como delitos graves. La propuesta establece penas de dos a seis años de prisión para quienes las practiquen, impartan o financien, con multas equivalentes a mil o dos mil veces el valor diario de la UMA. Para casos que involucren a menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, las sanciones se duplicarían, reconociendo la vulnerabilidad de estos grupos. Esta medida busca armonizar el marco legal local con el federal, cerrando puertas a interpretaciones ambiguas que podrían derivar en impunidad.
Durante las discusiones en la Comisión de Justicia, representantes como Vicente Vázquez Bustos, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, recomendaron ajustes en la redacción para fortalecer la tipificación del delito. Alberto Estrella, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), enfatizó que estas acciones constituyen tratos crueles e inhumanos, equivalentes en extremos a formas de tortura. La presidenta de la comisión, María Eugenia García Oliveros, anunció la fusión de varias iniciativas para crear un dictamen unificado y robusto, priorizando la certeza jurídica y la protección de bienes fundamentales como la integridad personal.
Voces clave que exigen el fin de las terapias de conversión
Ricardo García Frausto, subsecretario de Diversidad Sexual y de Género del Gobierno de Guanajuato, se posiciona firmemente a favor de la prohibición, argumentando que debe estipularse en la Constitución local para blindar el estado contra estas prácticas. "Siempre me posicionaré para que estas mal llamadas terapias de conversión puedan prohibirse", declaró, destacando la urgencia de legislar para salvaguardar la autonomía de las personas. Por su parte, Luis Valle, del Colectivo Mirinda, lamenta el aplazamiento de iniciativas similares: "Mientras más se aplazan este tipo de iniciativas, se sigue permitiendo que miles de personas que conformamos parte de la población LGBTI seamos víctimas de discriminación".
Susana Bermúdez Cano, diputada local, advierte sobre riesgos de impunidad si no se diferencian claramente los casos con lesiones graves de los leves, proponiendo un análisis detallado para refinar la ley. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia aboga por una reforma que brinde herramientas judiciales sólidas, evitando vacíos que beneficien a los perpetradores. Estas declaraciones reflejan un consenso creciente en torno a la necesidad de actuar con celeridad, especialmente ante la persistencia de estas prácticas en entornos religiosos y terapéuticos informales.
Desafíos y oposiciones en el debate sobre terapias de conversión en Guanajuato
A pesar del impulso, la prohibición de las terapias de conversión enfrenta resistencias de sectores conservadores que defienden la libertad individual. Organizaciones como Activate.org.mx, representadas por Uriel Esqueda, sugieren abrir un parlamento abierto para dialogar con expertos, familias y personas que alegan haber buscado estas intervenciones voluntariamente. "Proponemos que se abra el diálogo, un parlamento abierto, justo para que se escuche a los expertos y a todas esas personas que así lo requieren en plena libertad", argumenta Esqueda, planteando un equilibrio entre protección y autonomía.
Este contrapunto resalta la complejidad del tema: mientras defensores de la familia tradicional insisten en respetar elecciones personales, activistas contra las terapias de conversión enfatizan el carácter coercitivo inherente a muchas de estas prácticas, particularmente en contextos familiares o religiosos. En Guanajuato, donde la influencia católica es notable, el debate toca fibras sensibles, pero la evidencia científica —ausente en estas métodos— inclina la balanza hacia la regulación estricta.
Contexto nacional y avances previos
A nivel nacional, México ha visto progresos en la lucha contra las terapias de conversión, con estados como Ciudad de México y Coahuila liderando prohibiciones desde 2020. En Guanajuato, iniciativas previas de Morena y Movimiento Ciudadano, presentadas en junio de 2025, sentaron precedentes, presionadas por colectivos y académicos. Sin embargo, la omisión estatal en temas de violencia contra la comunidad LGBT persiste, como señaló Reyes Carmona, quien criticó la promoción encubierta de estas prácticas bajo fachadas de apoyo emocional.
La modificación propuesta no solo altera el Código Penal, sino también la Ley de Salud estatal, obligando a instituciones a reportar y prevenir estas intervenciones. Pausas en el avance legislativo han generado frustración, pero la suma de voces —desde el gobierno hasta la sociedad civil— acelera el proceso. En sesiones recientes, se ha destacado la alineación con tratados internacionales de derechos humanos, reforzando la legitimidad de la prohibición.
Expertos en psicología y psiquiatría, consultados en foros previos, reiteran que la orientación sexual no es una patología tratable, y cualquier intento de "corregirla" agrava el sufrimiento. En Guanajuato, donde reportes de discriminación LGBT han aumentado en los últimos años, esta ley podría servir de modelo para otros estados, promoviendo una cultura de inclusión y respeto.
La integración de sanciones económicas y penales busca disuadir no solo a practicantes directos, sino a financiadores y facilitadores, ampliando el alcance de la responsabilidad. Diputados como Bermúdez Cano proponen cláusulas para monitoreo post-aprobación, asegurando que la ley no quede en papel. Mientras tanto, campañas de sensibilización en escuelas y comunidades ganan terreno, educando sobre la diversidad como un valor inherente.
En el panorama más amplio, la prohibición de las terapias de conversión en Guanajuato representa un hito en la agenda de derechos humanos estatales. Con el apoyo de la PRODHEG y el Ejecutivo, el dictamen final se perfila como un instrumento integral contra la discriminación. Activistas celebran el momentum, recordando que cada día de demora equivale a más vidas en riesgo.
Como se ha discutido en sesiones del Congreso local, según reportes de medios como AM, la presión de colectivos ha sido clave para visibilizar el problema. Además, declaraciones de la subsecretaría de Diversidad Sexual, tal como las recogidas en foros estatales, subrayan el compromiso gubernamental. Finalmente, análisis de la Consejería Jurídica, disponibles en documentos públicos, proponen refinamientos que garantizan su efectividad.