El costo del bulevar Libertad de Dolores a San Miguel sigue siendo un enigma que genera controversia en Guanajuato. Esta importante vía de comunicación, destinada a mejorar la conectividad entre dos municipios emblemáticos del estado, ha sido inaugurada sin que se revele el monto final de inversión, lo que ha desatado demandas de transparencia por parte de legisladores y ciudadanos. El proyecto, que prometía transformar la movilidad en la región, arrastra retrasos y sobrecostos que cuestionan la gestión pública en materia de infraestructura vial.
Origen y promesas incumplidas del bulevar Libertad
El bulevar Libertad inició su construcción el 23 de octubre de 2023, bajo la administración del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. En ese momento, se estimó un costo inicial de 3 mil 25 millones de pesos para la modernización de la carretera federal 51, tramo San Miguel de Allende – Dolores Hidalgo. La promesa era clara: la obra estaría lista en septiembre de 2024, justo antes del fin de su sexenio. Sin embargo, factores como nueve amparos presentados por dueños de terrenos afectados y lluvias intensas en 2024 dilataron el proceso, dejando el proyecto rezagado.
Retrasos que marcaron el inicio del proyecto
Estos amparos judiciales paralizaron temporalmente las labores, obligando a prórrogas que extendieron el plazo casi dos años desde el arranque. Un convenio modificatorio firmado el 31 de julio de 2025 buscó regularizar la situación, pero no evitó que el avance se estancara en un 95.8% hasta agosto de ese año. Solo el 6 de agosto de 2025 se abrió a la circulación con cuatro carriles, aunque con trabajos pendientes como paraderos y accesos. El costo del bulevar Libertad de Dolores a San Miguel, inicialmente presupuestado, comenzó a inflarse debido a estos imprevistos, generando sospechas sobre la eficiencia en el manejo de recursos públicos.
La empresa constructora VISE, encargada de la ejecución, entregó la obra de manera parcial, pero un tramo permanece inconcluso por un litigio de amparo que aún pende de resolución. A pesar de ello, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo procedió con la inauguración el 1 de octubre de 2025, afirmando que el conflicto se había destrabado, sin proporcionar evidencias concretas. Esta decisión apresurada ha sido criticada como un intento de maquillar logros políticos en detrimento de la rendición de cuentas.
Exigencias de transparencia en los contratos del bulevar
La indefinición en el costo del bulevar Libertad de Dolores a San Miguel ha llevado a intervenciones legislativas contundentes. El diputado Ricardo Ferro Baeza, del Congreso de Guanajuato, presentó un punto de acuerdo para obligar al Gobierno estatal a abrir los contratos y convenios relacionados con la obra. En su iniciativa, exige la publicación de estimaciones de avance, bitácoras detalladas, fuentes de financiamiento, pagos realizados y, por supuesto, el costo final una vez concluido el cierre administrativo.
Incumplimientos que avivan la polémica
Ferro Baeza no escatimó en críticas: denunció que la gobernadora incumplió su compromiso de lanzar un micrositio de transparencia sobre el proyecto para el 15 de octubre de 2025, fecha clave de la inauguración. "Este es un robo para Guanajuato", declaró el legislador, refiriéndose a un sobrecosto superior al 50% del presupuesto original. Además, cuestionó la ausencia de sanciones a VISE por los retrasos, demandando explicaciones sobre multas o penalizaciones conforme a la ley de obra pública. Propuso que toda la información se suba a portales oficiales en formatos abiertos, permitiendo el escrutinio ciudadano.
La Secretaría de Obra Pública (SOP), a cargo de Juan Pablo Pérez Beltrán, ha respondido a solicitudes de información con evasivas. En una petición de transparencia del 9 de octubre de 2025, contestada el 15 del mismo mes, María del Carmen Martínez Hernández, titular de la Unidad de Enlace en Materia de Transparencia, indicó que el cierre administrativo está en proceso y que el costo del bulevar Libertad de Dolores a San Miguel solo se conocerá al finalizarlo. Esta respuesta ha sido calificada como insuficiente, alimentando el descontento público.
El contexto de opacidad no es aislado. Durante el sexenio anterior, promesas similares sobre transparencia en megaproyectos viales se diluyeron en burocracia. Hoy, con la nueva administración, la expectativa era de mayor apertura, pero el caso del bulevar Libertad evidencia patrones persistentes de secretismo en la gestión de fondos estatales. Expertos en administración pública señalan que esta falta de claridad no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que podría derivar en auditorías futuras con hallazgos comprometedores.
Impactos negativos en seguridad y economía local
Más allá de los números, el costo del bulevar Libertad de Dolores a San Miguel tiene repercusiones tangibles en la vida cotidiana. Ferro Baeza lo describió como una "obra mocha", incompleta y peligrosa, con tramos sin señalización adecuada, iluminación deficiente y desvíos improvisados que han multiplicado los accidentes viales. La glorieta de acceso a Atotonilco, en particular, se ha convertido en un punto negro para los conductores, incrementando riesgos innecesarios en una ruta de alto tráfico turístico y comercial.
Riesgos viales derivados de la obra inconclusa
Desde su apertura parcial, reportes de colisiones y quejas de usuarios han inundado las redes y oficinas de atención ciudadana. La conexión entre Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, dos polos turísticos clave en Guanajuato, debería fluir sin contratiempos, pero la premura en la inauguración ha priorizado el simbolismo político sobre la funcionalidad real. Este enfoque ha generado un sobrecosto implícito en términos de seguridad pública, donde el costo del bulevar Libertad de Dolores a San Miguel se traduce en vidas potencialmente en peligro.
Económicamente, el proyecto prometía dinamizar el intercambio entre municipios, facilitando el transporte de bienes y el turismo. Sin embargo, los retrasos han afectado a productores locales que dependen de esta vía para comercializar artesanías y productos agrícolas. La indefinición presupuestaria también plantea dudas sobre la sostenibilidad de futuras ampliaciones, dejando a la región en un limbo de incertidumbre inversora.
En un estado como Guanajuato, donde la infraestructura vial es pilar del desarrollo, casos como este del bulevar Libertad resaltan la necesidad de reformas en la contratación pública. La distribución de recursos debe priorizar no solo la ejecución, sino la vigilancia ciudadana, evitando que sobrecostos se conviertan en norma. Mientras el cierre administrativo avanza a paso lento, la presión legislativa podría ser el catalizador para una mayor accountability.
Analistas locales coinciden en que la transparencia no es un lujo, sino una obligación en proyectos de esta envergadura. El costo del bulevar Libertad de Dolores a San Miguel, una vez revelado, podría servir de precedente para obras venideras, asegurando que el erario se utilice con eficiencia y equidad.
En discusiones recientes en foros estatales, se ha mencionado que detalles sobre el avance provienen de reportes internos de la SOP, accesibles a través de solicitudes formales como la presentada por ciudadanos preocupados. Asimismo, las declaraciones del diputado Ferro Baeza, pronunciadas en tribuna del Congreso, subrayan la urgencia de esta apertura informativa, recordando compromisos previos de la administración actual.
Por otro lado, observadores cercanos al proyecto indican que la respuesta de la Unidad de Transparencia, emitida el 15 de octubre, refleja un proceso burocrático estándar, aunque insuficiente para calmar las inquietudes públicas. Estas referencias, extraídas de documentos oficiales y sesiones legislativas, pintan un panorama donde la rendición de cuentas sigue siendo un desafío pendiente en la entidad.