Intentan cerrar otra estancia infantil en Celaya, un hecho que genera indignación entre padres y educadoras que defienden el bienestar de los pequeños. En la comunidad de San Miguel Octopan, el Centro de Educación Inicial “Mi Carrusel Mágico” enfrenta una nueva amenaza de clausura por parte de autoridades municipales, reviviendo el clamor de “Con los niños no se metan”. Este incidente, ocurrido el viernes 4 de octubre de 2025, pone en jaque once años de servicio educativo y de cuidado para 45 niños, dejando a familias en alerta ante lo que perciben como un abuso de poder.
La tensión en San Miguel Octopan: inspectores y protestas
La tarde del viernes, inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano de Celaya llegaron al Centro de Educación Inicial “Mi Carrusel Mágico” acompañados por elementos de la Policía Municipal. Su objetivo declarado era verificar el cumplimiento de normativas, pero rápidamente la situación escaló. Sofía Paloma Gandara, coordinadora de la estancia, confrontó a los funcionarios, argumentando que las acusaciones de irregularidades eran meros pretextos. “No tengo ningún documento del DIF que me haya llegado y que me diga que necesito esto”, declaró Gandara en el momento, mientras padres de familia se congregaban afuera con sus hijos, gritando consignas en defensa de los derechos infantiles.
La intervención policial fue necesaria para restablecer el orden, ya que la discusión se tornó acalorada. Los inspectores alegaron la falta de licencia de funcionamiento emitida por Protección Civil y el DIF Municipal como motivo principal para amenazar con la clausura inmediata. Sin embargo, Gandara y las familias presentes lo vieron como una invasión injustificada, especialmente porque la estancia se enfoca en educación inicial, un ámbito regulado principalmente por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), no por el DIF. Este intento de cerrar la estancia infantil en Celaya no es aislado; refleja un patrón preocupante de intervenciones municipales que afectan directamente el acceso a servicios esenciales para la niñez.
Acusaciones de capricho y violaciones a derechos humanos
Desde el interior de “Mi Carrusel Mágico”, Gandara no solo rechazó las inspecciones sino que las calificó como un “abuso de poder y violación de los derechos humanos”. En declaraciones posteriores, expresó su molestia profunda: “Me siento muy molesta y decepcionada con nuestras autoridades, quienes supuestamente ven por nuestro bienestar, pero existe corrupción y abuso de poder”. La coordinadora señaló directamente al Alcalde de Celaya como el impulsor de estas acciones, describiéndolas como un “capricho” que ignora las necesidades reales de la comunidad.
Uno de los pretextos más controvertidos fue la supuesta discrepancia en los metros cuadrados del inmueble. Los inspectores inventaron que la estancia había ampliado ilegalmente su espacio, una afirmación que Gandara desmintió categóricamente como falsa. “Están inventando cosas para proceder a la clausura”, afirmó, subrayando cómo estas tácticas buscan forzar el cierre a toda costa. El despacho jurídico de la estancia ya analiza la situación, preparando acciones legales contra lo que consideran un ingreso ilícito a las instalaciones. Este episodio de intentar cerrar la estancia infantil en Celaya resalta las vulnerabilidades de los centros educativos ante decisiones arbitrarias de gobiernos locales.
El precedente de “Pequeños Genios”: un patrón de clausuras controvertidas
Este no es el primer intento de cerrar una estancia infantil en Celaya. Apenas una semana antes, el 26 de septiembre de 2025, la Dirección de Desarrollo Urbano clausuró el Centro de Educación Inicial SISEIN “Pequeños Genios” en la colonia Los Pinos. Paula Jovita García, coordinadora de ese centro, ha liderado la resistencia legal desde entonces. “Tenemos meses tratando de llegar a un acuerdo y esperamos que la siguiente semana se levanten los sellos”, comentó García, quien presentó un recurso de inconformidad ante la Presidencia Municipal.
Ambas coordinadoras, Gandara y García, coinciden en que las declaraciones del Alcalde sobre estas estancias son “mentiras” destinadas a justificar intervenciones injustas. En el caso de “Pequeños Genios”, el DIF Municipal falló en su intento previo de clausura, lo que llevó a involucrar a Desarrollo Urbano como alternativa. Las operadoras insisten en que estas estancias no requieren aval del DIF, ya que su enfoque principal es la educación inicial, no el cuidado asistencial. La SEG, afirman, es la entidad competente para inspeccionar y certificar estos espacios. Este patrón de intentos de cierre pone en evidencia tensiones entre el gobierno municipal y los proveedores de servicios infantiles en Celaya.
Impacto en las familias y la comunidad educativa
El efecto de intentar cerrar la estancia infantil en Celaya trasciende las instalaciones físicas; afecta directamente a decenas de familias que dependen de estos centros para conciliar trabajo y crianza. En “Mi Carrusel Mágico”, 45 niños de entre 0 y 4 años reciben no solo cuidado, sino estimulación temprana y formación básica que fomenta su desarrollo integral. Padres como los que se manifestaron el viernes expresaron temor por el futuro educativo de sus hijos, argumentando que alternativas privadas son inaccesibles para la mayoría en una zona como San Miguel Octopan, de ingresos modestos.
La indignación colectiva se cristalizó en el grito unificado: “Lo que quieran menos con los niños”. Esta frase resume el sentir de una comunidad que ve en estas clausuras una amenaza al tejido social. Expertos en derechos infantiles coinciden en que tales acciones municipales pueden violar convenios internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que prioriza el interés superior del menor. En Celaya, donde la inseguridad y la migración laboral ya presionan a las familias, perder estancias como estas agrava la vulnerabilidad de la niñez.
Desafíos regulatorios y el rol de las autoridades en Celaya
Los intentos de cerrar estancias infantiles en Celaya exponen grietas en el marco regulatorio local. La Dirección de Desarrollo Urbano, encargada de velar por el uso de suelo y construcciones, ha sido criticada por aplicar criterios inconsistentes. En el caso de “Mi Carrusel Mágico”, la ausencia de licencia de Protección Civil se presenta como el detonante, pero las operadoras argumentan que han operado legalmente por once años sin mayores incidencias hasta ahora. El DIF Municipal, por su parte, ha intentado intervenciones previas sin éxito, lo que sugiere una escalada en las tácticas administrativas.
La Secretaría de Educación de Guanajuato emerge como un actor clave en esta disputa. Como autoridad en educación inicial, la SEG podría mediar para aclarar competencias y evitar solapamientos con instancias municipales. Sin embargo, hasta el momento, no se reportan intervenciones estatales directas. Este vacío regulatorio fomenta percepciones de arbitrariedad, donde el “capricho” del Alcalde, como lo llaman las afectadas, prima sobre el debido proceso. En un contexto nacional donde el cuidado infantil es prioridad, Celaya parece rezagada en la implementación de políticas inclusivas.
Posibles salidas legales y comunitarias
Frente a estos intentos de cierre, las coordinadoras no se quedan de brazos cruzados. El recurso de inconformidad en “Pequeños Genios” podría sentar precedente para “Mi Carrusel Mágico”, obligando a la Presidencia Municipal a revisar sus decisiones. Abogados especializados en derechos humanos ya evalúan demandas por violación al libre desarrollo de la personalidad infantil y al derecho a la educación. Además, alianzas entre estancias podrían impulsar campañas de sensibilización, presionando por reformas locales que protejan estos espacios esenciales.
La comunidad de Celaya, conocida por su resiliencia ante desafíos económicos y sociales, podría transformar esta crisis en una oportunidad para fortalecer la vigilancia ciudadana sobre el gasto público en servicios infantiles. Mientras tanto, padres y educadoras llaman a la reflexión: el bienestar de la niñez no debe ser moneda de cambio en disputas administrativas. Intentar cerrar la estancia infantil en Celaya no solo interrumpe rutinas diarias, sino que erosiona la confianza en instituciones que deberían proteger, no amenazar.
En medio de esta vorágine, detalles como los proporcionados por el Periódico AM sobre el incidente del viernes ayudan a contextualizar la magnitud del problema, recordando cómo un simple inspección puede derivar en protestas masivas. Asimismo, las experiencias compartidas por operadoras como García en coberturas previas ilustran la persistencia de estas luchas, donde cada sello de clausura es un obstáculo más en el camino hacia la equidad educativa.
Por otro lado, observadores locales, alineados con reportes de medios regionales, destacan cómo estos eventos en Celaya reflejan tensiones más amplias en Guanajuato, donde el equilibrio entre regulación y apoyo a la iniciativa privada en educación infantil sigue siendo un reto pendiente. Estas perspectivas, extraídas de análisis periodísticos recientes, subrayan la necesidad de diálogo interinstitucional para evitar repeticiones.
Finalmente, mientras las familias de San Miguel Octopan y Los Pinos aguardan resoluciones, el eco de “Con los niños no se metan” resuena como un recordatorio colectivo de que la protección infantil trasciende ideologías políticas, anclándose en principios universales de humanidad y justicia social.