Impuestos a refrescos y cigarros amenazan con hundir a las tienditas en Guanajuato en una crisis sin precedentes. La propuesta del gobierno federal para el Paquete Económico 2026 incluye un incremento del 30% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en estos productos, lo que podría elevar el precio de una cajetilla de cigarros en al menos 20 pesos. Para los pequeños comerciantes de abarrotes, que dependen en gran medida de estas ventas diarias, la medida se perfila como un golpe devastador. Gerardo López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, ha calificado las consecuencias como "catastróficas", subrayando que las tienditas no solo perderían ingresos esenciales, sino que también quedarían expuestas a un auge del mercado negro controlado por el crimen organizado.
En Guanajuato, donde el panorama económico ya es complicado por la competencia de cadenas de conveniencia y la presión de la delincuencia, estos impuestos a refrescos y cigarros podrían acelerar el cierre de miles de negocios familiares. Según datos del Censo Económico 2024 del INEGI, el estado alberga 270,040 unidades económicas, muchas de ellas dedicadas al comercio al por menor como abarrotes, ultramarinos y misceláneas. Estos establecimientos, que atienden a comunidades locales con productos básicos, generan empleo directo para familias enteras y contribuyen a la economía informal de manera vital. Sin embargo, el alza impositiva en cigarros y refrescos, que representan una porción significativa de sus ganancias, podría reducir drásticamente el flujo de clientes, obligando a muchos a reconsiderar su viabilidad operativa.
Impacto económico de los impuestos a refrescos y cigarros en las tienditas
Los impuestos a refrescos y cigarros no son una novedad en la agenda fiscal mexicana, pero su endurecimiento en 2026 genera alarma particular en sectores vulnerables como las tienditas. Históricamente, medidas similares han fallado en cumplir sus objetivos de recaudación. En 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, se incrementó el impuesto a los cigarros en siete pesos por cajetilla con la promesa de obtener más de 42 mil millones de pesos. La realidad fue distinta: la recaudación apenas alcanzó los 30 mil millones, mientras que el consumo aumentó y el mercado ilegal creció del 2% al 20%, generando una evasión fiscal anual estimada en 13 mil millones de pesos. Este precedente ilustra cómo los impuestos a refrescos y cigarros, en lugar de desincentivar el hábito, fomentan circuitos paralelos que benefician a redes criminales.
En el contexto de Guanajuato, las tienditas enfrentan un doble desafío. Por un lado, la competencia de supermercados y tiendas de conveniencia erosiona su margen de ganancia; por el otro, la inseguridad obliga a muchos comerciantes a navegar entre extorsiones y presiones para distribuir productos de dudosa procedencia. López Becerra advierte que el nuevo esquema de impuestos a refrescos y cigarros convertirá a estos pequeños comercios en "los grandes perdedores", incentivando la venta de cigarros ilegales que, aunque más baratos, conllevan riesgos legales y de seguridad. En estados vecinos como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, hasta el 90% de las tienditas han sido coaccionadas para comercializar tabaco de contrabando, un fenómeno que podría replicarse en Guanajuato si no se modera la carga fiscal.
Consecuencias en ventas y empleo local
El impacto en las ventas de las tienditas sería inmediato y profundo. Los impuestos a refrescos y cigarros, al encarecer productos de consumo cotidiano, disuadirían a los clientes habituales, que optan por alternativas más económicas o directamente por no comprar. En un estado como Guanajuato, donde la economía familiar depende de estos ingresos modestos, el cierre de abarrotes podría traducirse en pérdida de hasta miles de empleos informales. Expertos en comercio minorista estiman que, sin ajustes, el 20% de las tienditas podrían quebrar en los primeros dos años de implementación, exacerbando la desigualdad regional y afectando a proveedores locales de estos bienes.
Además, los impuestos a refrescos y cigarros no solo afectan el bolsillo de los consumidores, sino que alteran dinámicas de mercado enteras. Las bebidas azucaradas y el tabaco, aunque criticados por su impacto en la salud pública, son pilares en la oferta de las tienditas, que a menudo complementan su inventario con artículos de primera necesidad. Un alza del 30% en el IEPS podría elevar los precios de manera desproporcionada, haciendo que un refresco de litro pase de accesible a prohibitivo para hogares de bajos ingresos. Esto, a su vez, impulsaría la informalidad, con tenderos recurriendo a proveedores no regulados para mantener competitividad, un ciclo que López Becerra describe como "un caldo de cultivo para el crimen organizado".
Riesgos del mercado negro y la inseguridad en Guanajuato
Uno de los aspectos más preocupantes de estos impuestos a refrescos y cigarros radica en su potencial para potenciar el mercado negro. En regiones con presencia de grupos delictivos, como partes de Guanajuato, los comerciantes podrían verse forzados a vender cigarros de contrabando para compensar la caída en ventas legales. Esto no solo implica multas y sanciones, sino también exposición a extorsiones directas. El líder del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño enfatiza que la medida podría fomentar el consumo entre menores, al hacer accesibles versiones ilegales más baratas, y erosionar la confianza en el sistema fiscal formal.
Presión criminal y alternativas para los comerciantes
La presión del crimen organizado sobre las tienditas ya es una realidad en el Bajío mexicano. Con los impuestos a refrescos y cigarros elevando los costos, muchos dueños podrían ceder ante ofertas tentadoras de distribuidores clandestinos, perpetuando un ecosistema de impunidad. En este sentido, la propuesta federal ignora lecciones del pasado, donde incrementos similares no redujeron el tabaquismo ni el consumo de azucarados, sino que desviaron recursos públicos hacia la evasión. Para mitigar esto, algunos analistas sugieren incentivos fiscales para las tienditas, como exenciones temporales o programas de reconversión hacia productos saludables, aunque tales ideas parecen lejanas en el actual debate presupuestal.
En el panorama más amplio, los impuestos a refrescos y cigarros forman parte de una estrategia de salud pública que, si bien noble en intención, choca con la realidad económica de Guanajuato. Las tienditas, faros de la comunidad en barrios periféricos, no solo venden bienes, sino que sostienen redes sociales y económicas locales. Su posible colapso por esta reforma subraya la necesidad de un enfoque equilibrado, que considere no solo la recaudación, sino la sostenibilidad de los pequeños actores.
Mientras tanto, en círculos empresariales locales, se menciona que datos del INEGI de este año pintan un panorama alarmante para el sector. Conversaciones con líderes como los del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño revelan temores compartidos, basados en experiencias pasadas como las de 2010. Publicaciones especializadas en economía regional también han destacado cómo estas políticas fiscales, aunque impulsadas desde el centro, repercuten desigualmente en estados como el nuestro.
Finalmente, el debate sobre los impuestos a refrescos y cigarros en Guanajuato invita a reflexionar sobre el equilibrio entre objetivos sanitarios y protección al comercio minorista. Referencias a análisis históricos de recaudación, como los reportados en informes gubernamentales de administraciones previas, sugieren que ajustes moderados podrían ser más efectivos. En foros de comerciantes, se habla de la urgencia de dialogar con legisladores para evitar un escenario catastrófico.
