Los ataques contra constructoras en Celaya han escalado a cuatro incidentes en menos de un año, generando una ola de preocupación en la ciudadanía y obligando al alcalde a clamar por refuerzos urgentes. Esta serie de agresiones, que incluyen incendios de maquinaria pesada y el trágico asesinato de un trabajador, pone en jaque el desarrollo urbano de la ciudad y expone las grietas en la estrategia de seguridad local. Con el fantasma de la extorsión acechando cada proyecto público, el panorama se tiñe de incertidumbre, donde el progreso se ve frenado por el fuego y la violencia.
Escalada de violencia: los cuatro ataques contra constructoras en Celaya
En un contexto de inseguridad rampante, los ataques contra constructoras en Celaya representan no solo un golpe al bolsillo municipal, sino un mensaje siniestro dirigido a quienes intentan construir un futuro mejor para la comunidad. El más reciente ocurrió la noche del martes 18 de noviembre, cuando una retroexcavadora fue reducida a cenizas en un predio de la colonia Latinoamericana. Esta máquina, esencial para obras de infraestructura pública, fue blanco de un incendio intencional que dejó a los responsables de la constructora en estado de shock, evaluando los daños que podrían paralizar avances clave en el desarrollo vial de la zona.
El incendio en Latinoamericana: un golpe directo al progreso urbano
La retroexcavadora incendiada formaba parte de un proyecto financiado por el Programa General de Obra (PGO) 2025, un esfuerzo conjunto entre el municipio y el estado que invierte recursos peso a peso para mejorar las calles y servicios básicos de Celaya. Este ataque no es un hecho aislado; es el cuarto en una cadena de violencia que amenaza con desmantelar la confianza en el sector de la construcción. Los testigos describen una escena dantesca: llamas devorando el acero y el plástico bajo la oscuridad de la noche, mientras el humo se elevaba como un recordatorio de la fragilidad de la paz en la región. La extorsión, ese cobro de piso disfrazado de amenaza velada, parece ser el hilo conductor, aunque las autoridades aún no han capturado a los culpables.
Antes de este suceso, el 14 de noviembre, otro incendio similar azotó la colonia Jardines, donde maquinaria destinada a trabajos para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) fue destruida. Dos días después, el 11 de noviembre, en la colonia Álamos, dos vehículos pertenecientes a constructoras locales ardieron en un acto coordinado que huele a venganza organizada. Y retrocediendo al 11 de marzo, el horror alcanzó su punto más cruel con el asesinato de un trabajador durante una pavimentación en la calle Cerro Prieto, en la colonia Ejidal. Ese día, una vida se extinguió en medio del polvo y el asfalto, y la constructora abandonó el sitio, dejando un vacío que el municipio ha luchado por llenar sin el apoyo completo de los recursos estatales.
El clamor del alcalde: pedido urgente de apoyo contra la extorsión
Frente a esta avalancha de ataques contra constructoras en Celaya, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez no ha escatimado en elevar la voz. Durante la gira de trabajo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo en la ciudad este miércoles 19 de noviembre, Ramírez Sánchez le suplicó directamente la intervención del Escuadrón Anti Extorsión. "Necesitamos identificar a estos criminales y detener esta ola de terror antes de que paralice por completo nuestras iniciativas de desarrollo", declaró el alcalde, con un tono que mezcla urgencia y frustración. Su petición no se limitó a la persecución de los agresores; también abogó por una reunión en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), involucrando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y el propio Escuadrón, para trazar una estrategia unificada contra la extorsión que asfixia el sector constructor.
Recursos en jaque: la batalla por mantener el financiamiento estatal
Uno de los aspectos más críticos en esta crisis radica en el impacto económico de los ataques contra constructoras en Celaya. El abandono de obras por parte de las empresas afectadas ha generado retrasos que, a su vez, ponen en riesgo la aportación estatal al PGO 2025. En el caso de la colonia Ejidal, tras el asesinato del trabajador, el gobierno estatal retiró su financiamiento al no cumplirse los plazos establecidos. Ramírez Sánchez, consciente de esta dinámica perversa, instó a la gobernadora a que, en futuros incidentes, se amplíen los términos de entrega en lugar de cortar los fondos. "No podemos permitir que la violencia dicte el ritmo de nuestro progreso; el estado y el municipio deben remar juntos en la misma dirección", enfatizó. Esta solicitud subraya la interdependencia entre niveles de gobierno en Guanajuato, donde la extorsión no solo quema maquinaria, sino que también evapora presupuestos destinados al bienestar colectivo.
La extorsión en Celaya no es un fenómeno nuevo, pero su enfoque en constructoras ha cobrado una intensidad alarmante en los últimos meses. Bandas organizadas, posiblemente vinculadas al crimen organizado que azota la región Bajío, utilizan tácticas de intimidación para imponer cuotas ilegales. El alcalde ha revelado que estos ataques están directamente relacionados con intentos de cobro de piso, donde las constructoras se convierten en presas fáciles debido a su visibilidad en obras públicas. La respuesta municipal ha sido proactiva, pero limitada: patrullajes constantes en las zonas afectadas y una coordinación creciente con instancias estatales. Sin embargo, la falta de vigilancia permanente en cada sitio de construcción deja brechas que los delincuentes explotan con impunidad.
Investigaciones en marcha: pistas y amenazas que no cesan
En el frente investigativo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Muñoz Huitrón, ha confirmado la existencia de "papelitos" con amenazas encontrados en varias obras públicas. Estos mensajes, que incluyen números telefónicos para supuestos contactos de extorsión, han sido entregados a la Fiscalía General del Estado para su análisis forense. Curiosamente, Muñoz Huitrón reveló que, pese a los dígitos proporcionados, no se ha registrado ni una sola llamada a esos números, lo que sugiere un juego psicológico más que una red operativa expuesta. El funcionario admitió haber atendido personalmente uno de estos reportes, destacando el compromiso de su equipo, aunque la vigilancia 24/7 en cada proyecto resulte inviable dada la dispersión geográfica de las obras en Celaya.
Identificación parcial de bandas: un paso hacia la justicia
El director de Policía, Bernardo Rafael Cajero Reyes, aportó un rayo de esperanza al informar sobre una identificación parcial de las bandas responsables de los ataques contra constructoras en Celaya. "Estamos recabando información detallada y trabajando en tándem con el estado para cerrar el círculo", aseguró Cajero Reyes. Esta colaboración interinstitucional es crucial en un municipio donde la extorsión se entreteje con dinámicas más amplias de inseguridad, como el control territorial por parte de grupos delictivos. La Fiscalía, por su parte, ha desplegado recursos para rastrear el origen de las amenazas, analizando huellas digitales en los papelitos y cruzando datos con bases de inteligencia nacional. A pesar de estos avances, la impunidad persiste, alimentando el ciclo de miedo que paraliza a trabajadores y empresarios.
La situación en Celaya ilustra los desafíos multifacéticos de la seguridad en el Bajío: por un lado, la necesidad de blindar proyectos de infraestructura contra la voracidad criminal; por otro, la urgencia de fortalecer la resiliencia económica de las constructoras locales. Estos ataques no solo destruyen activos materiales, sino que erosionan la fe en las instituciones, haciendo que potenciales inversionistas duden antes de comprometerse con el municipio. Ramírez Sánchez ha sido claro en que, sin el respaldo estatal, la ciudad podría enfrentar un estancamiento prolongado, donde las colonias Latinoamericana, Jardines y Álamos se conviertan en símbolos de oportunidades perdidas. La gobernadora García Muñoz Ledo, al menos en su visita, pareció receptiva, prometiendo una respuesta coordinada que podría marcar un punto de inflexión.
En las sombras de estos eventos, la comunidad celayense observa con aprensión, sabiendo que cada incendio o amenaza es un recordatorio de la precariedad de la normalidad. Las familias que transitan por las calles en obras esperan no solo pavimento nuevo, sino una promesa de protección real. El Escuadrón Anti Extorsión, si se activa con la fuerza solicitada, podría ser el catalizador para desarticular estas redes, pero el tiempo apremia. Mientras tanto, las constructoras redoblan precauciones, instalando cercas improvisadas y turnos nocturnos limitados, en un esfuerzo por no ceder ante el terror.
Como se ha reportado en medios locales como el Periódico Correo, estas agresiones forman parte de un patrón más amplio de violencia en Guanajuato, donde el crimen organizado busca cuotas en todos los rincones de la economía. Fuentes cercanas a la alcaldía mencionan que, en conversaciones informales durante la gira de la gobernadora, se discutieron escenarios peores si no se actúa con celeridad. Además, reportes de la Fiscalía General del Estado, filtrados a través de canales periodísticos, indican que las investigaciones podrían llevar a detenciones en las próximas semanas, aunque nada está confirmado.
En el corazón de esta narrativa, el asesinato del trabajador en Ejidal sigue resonando como un eco trágico, un recordatorio humano detrás de las estadísticas frías. Vecinos de la colonia, en pláticas casuales recogidas por periodistas del área, expresan su indignación y piden que el apoyo estatal no sea solo palabras, sino acción tangible. Así, mientras Celaya lidia con sus demonios, la esperanza radica en esa reunión prometida en el C5, donde estrategias contra la extorsión podrían finalmente inclinar la balanza hacia la seguridad.