Denuncias de violencia en la UG sacuden el Departamento de Estudios Políticos
Violencia en la UG ha emergido como un tema crítico en el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, donde estudiantes de la Maestría en Análisis Político han alzado la voz contra dos candidatas a la dirección. Estas acusaciones revelan un historial de violencia que incluye hostigamiento y violaciones a derechos humanos, afectando directamente la convivencia académica en la Universidad de Guanajuato. Los jóvenes, temerosos de represalias, han documentado casos que datan de meses atrás, exigiendo transparencia en el proceso de elección para evitar que el departamento continúe en un limbo administrativo.
El Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno se encuentra acéfalo desde el 3 de septiembre de 2025, tras la renuncia de la anterior directora, Leslie Estefanía Flores Rivera. Según los afectados, esta salida se debió precisamente al historial de violencia perpetrado por las candidatas en cuestión: Ma. Aide Hernández García y Elizabeth Cristina Cobilt Cruz. Ambas profesoras-investigadoras enfrentan denuncias formales ante la Defensoría de Derechos Humanos en el Entorno Universitario de la UG, lo que ha generado un clima de inquietud entre alumnos y docentes.
Impacto del historial de violencia en estudiantes becados
La violencia en la UG no se limita a incidentes aislados; se manifiesta en prácticas sistemáticas de hostigamiento, particularmente hacia estudiantes becados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Los alumnos relatan cómo son obligados a participar en conferencias y eventos organizados por estas docentes, bajo amenazas veladas que explotan su condición económica vulnerable. Este extractivismo académico, como lo denominan los jóvenes, convierte a los becados en meros números para inflar las cifras de participación en proyectos de investigación.
Uno de los estudiantes, quien prefirió el anonimato, describió cómo el historial de violencia ha erosionado la libertad de expresión en el departamento. "Nos sentimos vigilados y coaccionados", confesó, destacando que las candidatas, al ostentar roles como coordinadoras de posgrado y directoras de tesis, ejercen un poder desproporcionado. Esta dinámica autoritaria choca frontalmente con los principios de pluralidad y democracia que deberían regir la ciencia política, disciplina central del departamento.
Protestas y tendedero: la respuesta estudiantil a la violencia en la UG
En un acto de resistencia colectiva, alumnos de la Licenciatura en Ciencia Política y la Maestría en Análisis Político montaron un tendedero en las instalaciones del departamento, ubicadas en la Zona Centro de Guanajuato capital. Los carteles, cargados de mensajes directos, exponen el historial de violencia y cuestionan la idoneidad de las candidatas. Frases como "Los estudiantes becados no somos números" y "Rechazamos el extractivismo académico" resonaron en el espacio, subrayando la urgencia de entornos libres de violencia.
El tendedero no solo visibilizó las denuncias, sino que también llamó la atención sobre la falta de liderazgo en el departamento. Sin un director desde hace dos meses, las actividades académicas se han visto paralizadas, afectando el avance de tesis y proyectos. Los estudiantes insisten en que, aunque no tienen voto en el Consejo de la División de Derecho, Política y Gobierno —órgano responsable de la elección—, su voz debe ser considerada para garantizar un proceso justo.
Renuncia de la directora anterior: un eco del historial de violencia
La renuncia de Leslie Estefanía Flores Rivera, apenas tres meses después de asumir el cargo en junio de 2025, se erige como un testimonio silencioso del historial de violencia en la UG. Fuentes cercanas al departamento sugieren que las presiones y conflictos internos, impulsados por las candidatas, crearon un ambiente insostenible. Esta salida precipitada dejó al departamento en un vacío que ahora amenaza con perpetuarse si no se abordan las raíces del problema: el abuso de poder y el hostigamiento institucional.
Entre las otras candidatas figuran el doctor Daniel Añorve Añorve y la maestra Sandra Liliana Prieto de León, cuyas postulaciones han sido aprobadas por el consejo divisional. Sin embargo, el foco de la controversia recae en las dos profesoras señaladas, cuya influencia en la maestría y en proyectos de investigación las posiciona como figuras dominantes. Los estudiantes temen que su ascenso a la dirección intensifique la violencia en la UG, marginando aún más a los alumnos vulnerables.
Violaciones a derechos humanos: el núcleo del historial de violencia en la UG
Las denuncias ante la Defensoría de Derechos Humanos detallan un patrón de violaciones que incluyen no solo hostigamiento psicológico, sino también abuso de autoridad en la asignación de clases y recursos. Una de las candidatas, por ejemplo, se autoasigna cursos de manera opaca, limitando oportunidades para otros docentes y generando resentimientos. Este autoritarismo, según los afectados, contradice los valores de la Universidad de Guanajuato, que promueve circuitos de paz y libertad de pensamiento.
La violencia en la UG se extiende más allá de lo individual; afecta la calidad educativa del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno. Alumnos reportan que el miedo a represalias ha silenciado debates críticos, esenciales en una maestría dedicada al análisis político. "Queremos un liderazgo que fomente la pluralidad, no que la ahogue", afirmaron en el tendedero, recordando que la ciencia política debe ser un espacio de diálogo abierto, no de coerción.
Llamado a la acción institucional frente a la violencia en la UG
Los estudiantes urgen a la Universidad de Guanajuato a intervenir de manera inmediata, implementando mecanismos de rendición de cuentas para todas las candidatas. Recomendaciones de la Defensoría, pendientes de resolución, podrían ser clave para desestimar postulaciones contaminadas por un historial de violencia. Mientras tanto, el departamento languidece, con posgrados en pausa y una comunidad académica fracturada.
Este episodio en la UG ilustra desafíos sistémicos en la educación superior mexicana, donde el poder académico a veces se ejerce sin contrapesos. La visibilidad de estas denuncias podría catalizar reformas, asegurando que futuros directores prioricen el bienestar estudiantil sobre agendas personales. En un contexto donde la transparencia es vital, el caso del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno sirve como recordatorio de la necesidad de entornos inclusivos.
Informes preliminares de la Defensoría de Derechos Humanos en el Entorno Universitario destacan la gravedad de las quejas, basadas en testimonios recopilados durante los últimos meses. Además, observadores internos del consejo divisional han notado tensiones crecientes, alimentadas por estas revelaciones. Finalmente, como se detalla en crónicas locales recientes, la renuncia de la directora anterior no fue un hecho aislado, sino el clímax de dinámicas tóxicas que demandan atención urgente.