Desigualdad en el reparto de agua del acueducto Solís ha encendido las alarmas en Celaya, donde las autoridades locales denuncian un trato preferencial hacia otros municipios del estado de Guanajuato. Esta situación, que pone en jaque el abasto de agua potable para miles de habitantes, revela tensiones profundas entre el gobierno municipal y el estatal. Con una población que supera los límites tradicionales y un crecimiento urbano acelerado, Celaya exige un ajuste inmediato en la distribución de recursos hídricos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. El director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa), Saúl Trejo, ha sido el vocero principal de esta queja, destacando cómo la asignación de solo 22 millones de metros cúbicos anuales deja a la ciudad en desventaja frente a Irapuato y León.
El impacto de la desigualdad en el abasto de agua en Celaya
La desigualdad en el reparto de agua del acueducto Solís no es un tema aislado, sino el reflejo de un problema estructural en la gestión de los recursos hídricos en Guanajuato. Celaya, como segunda ciudad más importante del Bajío, alberga a una población fija que ronda los 500 mil habitantes, pero sumando la flotante —estudiantes universitarios, visitantes comerciales y trabajadores temporales— esta cifra se eleva considerablemente. Sin embargo, el volumen asignado por la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) parece ignorar estas realidades demográficas. Mientras Irapuato recibirá entre 25 y 26 millones de metros cúbicos al año, y León más de 50 millones, Celaya se conforma con una porción menor que no cubre sus necesidades proyectadas. Esta disparidad obliga a la Jumapa a depender aún más de la extracción subterránea, un método que acelera el abatimiento de los acuíferos locales y amenaza con secar pozos a profundidades de hasta 500 metros.
Acusaciones de favoritismo político en la distribución
En el corazón de esta controversia late una acusación de favoritismo político. Saúl Trejo no ha escatimado en palabras al calificar a ciertos municipios como "consentidos" por el gobierno estatal, particularmente aquellos gobernados por el PAN. "Hay unos municipios consentidos en el Corredor Industrial, sobre todo los que tienen un color diferente al que tenemos aquí en Celaya; siempre han tenido apoyos", declaró Trejo en una rueda de prensa reciente. Esta desigualdad en el reparto de agua se extiende más allá del acueducto Solís y se manifiesta en recortes presupuestales. Para 2025, la SAMA destinó solo 3.5 millones de pesos a Celaya, un 33.3% menos que en 2024 y un drástico 75% por debajo de los 20.5 millones de 2023. De esa cantidad, apenas un millón ha sido entregado, lo que el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez ha calificado como un "trato de tercera categoría" para los celayenses.
La extracción actual de 44 millones de metros cúbicos del subsuelo no es sostenible. Expertos en hidrología advierten que el sobreuso de pozos profundos contamina el agua con arsénico y fluoruros, sustancias que ya afectan zonas nororiente y norponiente de la ciudad, donde el crecimiento poblacional es más acelerado. El acueducto Solís, con su promesa de abasto para los próximos 50 años, representa una esperanza, pero solo si se corrige esta desigualdad en el reparto de agua. La primera fase beneficiará a Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León, con llegada del vital líquido prevista para finales de 2028 o inicios de 2029. No obstante, cláusulas estrictas limitan su uso a fines públicos urbanos, excluyendo industrias o campos de golf, lo que obliga a una planificación meticulosa.
Propuestas y desafíos para resolver la crisis hídrica en Celaya
Frente a esta desigualdad en el reparto de agua, las autoridades de Celaya no se cruzan de brazos. Trejo ha solicitado reuniones urgentes con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, y la SAMA para demandar un volumen mayor, basado en datos técnicos como presión, caudal y caracterización del agua en temporadas de lluvia. "Estamos peleando fuertemente para que a Celaya se le dé el trato que merece la ciudad y se nos otorgue un volumen de agua acorde con la población", enfatizó. El alcalde Ramírez Sánchez, por su parte, ha anunciado un plan de aceleración en el pago de la deuda pública heredada de 2016, que asciende a 341 millones de pesos, con un saldo pendiente de 136 millones en enero de 2025. La meta es reducirla a 99 millones para fin de año, liberando recursos para las obras complementarias estimadas en 1,400 a 1,500 millones de pesos.
Estrategias de financiamiento y sostenibilidad a largo plazo
El financiamiento emerge como otro pilar en la lucha contra la desigualdad en el reparto de agua. Jumapa prevé generar ahorros de 200 a 300 millones de pesos en 2026 y 2027 mediante eficiencia operativa, pero se evalúa también un nuevo endeudamiento con Banobras. "Queremos dejar la deuda lo más baja posible para negociar con Banobras y obtener recursos para este gran proyecto de redistribución de agua", explicó Ramírez Sánchez. Estas obras incluyen la recepción, potabilización y distribución del agua del acueducto, enfocadas en las zonas de mayor vulnerabilidad. La colaboración con el gobierno federal y estatal es clave, aunque las tensiones locales complican el panorama. Sin un ajuste equitativo, Celaya podría enfrentar racionamientos en los próximos años, afectando no solo hogares sino también el sector educativo y comercial, que dependen de la estabilidad hidráulica.
La desigualdad en el reparto de agua también resalta la necesidad de políticas hídricas más inclusivas en Guanajuato. Organizaciones civiles han sumado su voz, exigiendo transparencia en las asignaciones de la SAMA. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que Celaya ya supera a Irapuato en población total, incluyendo flotantes, lo que fortalece el argumento municipal. Trejo insistió en que "no terminan perjudicando a un gobierno, sino a los ciudadanos, con sus acciones, con la negativa de recursos y la reducción de agua". Esta perspectiva humaniza el debate, alejándolo de lo partidista y centrándolo en el bienestar colectivo.
En las discusiones preliminares con expertos en gestión de recursos hídricos, se ha explorado la posibilidad de integrar monitoreo satelital para evaluar el impacto real del acueducto Solís. Estas herramientas podrían proporcionar datos precisos sobre el flujo y la calidad del agua, ayudando a negociar incrementos futuros. Además, programas de conservación, como incentivos para el uso eficiente en hogares y empresas, forman parte de la estrategia local para mitigar la dependencia del subsuelo. La desigualdad en el reparto de agua no solo afecta a Celaya, sino que sirve de ejemplo para otros municipios en situaciones similares, promoviendo un diálogo regional sobre equidad hidráulica.
La llegada del acueducto representa un hito en la historia de Guanajuato, pero su éxito dependerá de la voluntad política para corregir desbalances. Celaya, con su vibrante economía industrial y su rol como polo educativo, no puede ser relegada en la distribución de un recurso tan vital. Las autoridades locales continúan presionando por datos pendientes, como la caracterización química del agua en periodos de precipitación, para afinar sus planes. En este contexto, la sostenibilidad ambiental se erige como prioridad, evitando la sobreexplotación que ha caracterizado décadas pasadas.
Recientemente, en una entrevista con el medio local Periódico Correo, Saúl Trejo reiteró la urgencia de recapacitar sobre la asignación, recordando que el agua es un derecho humano no sujeto a colores políticos. Por otro lado, reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destacan la importancia de considerar la población flotante en modelos de distribución, un punto que Celaya ha defendido con vehemencia. Finalmente, declaraciones del gobernador de Guanajuato en foros estatales sugieren apertura a revisiones, aunque sin compromisos firmes hasta el momento.