El trato desigual en reparto de agua del Acueducto Solís ha encendido las alarmas en Celaya, donde las autoridades locales claman por justicia en la distribución de este recurso vital. A pesar de ser la segunda ciudad más poblada de Guanajuato, con una dinámica urbana que incluye miles de visitantes diarios, Celaya se ve relegada a un segundo plano en las asignaciones del gobierno estatal. Esta situación no solo pone en riesgo el abasto futuro, sino que agrava la dependencia de extracciones subterráneas que agotan los acuíferos locales. En un contexto de creciente escasez hídrica en el Bajío, esta disparidad resalta las tensiones entre municipios y el poder centralizado en la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA).
Acusaciones de favoritismo político en el Corredor Industrial
Las denuncias no son aisladas; forman parte de un patrón que el director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa), Saúl Trejo, ha calificado como un claro trato desigual en reparto de agua hacia los "municipios consentidos". Según Trejo, el gobierno estatal prioriza a localidades alineadas con el Partido Acción Nacional (PAN), dejando a Celaya, gobernada por otro color político, con migajas en términos de volumen hídrico y financiamiento. "Hay unos municipios consentidos en el Corredor Industrial, sobre todo los que tienen un color diferente al que tenemos aquí en Celaya", declaró Trejo, subrayando cómo Irapuato recibirá entre 25 y 26 millones de metros cúbicos anuales, mientras que Celaya apenas se queda con 22 millones, y León supera los 50 millones.
Impacto en la población flotante y residente de Celaya
Esta asignación parece ignorar la realidad demográfica de Celaya, donde la población no se limita a los censados, sino que se enriquece con una flotante significativa: estudiantes universitarios, compradores de fin de semana y trabajadores transfronterizos que elevan la demanda diaria. "Estamos peleando fuertemente para que a Celaya se le dé el trato que merece la ciudad y se nos otorgue un volumen de agua acorde con la población, no solo la registrada, sino también la flotante", insistió Trejo. El trato desigual en reparto de agua no es solo una cuestión técnica; es un agravio que afecta directamente a familias que dependen de un suministro estable, especialmente en colonias periféricas donde las interrupciones son frecuentes.
El Acueducto Solís, diseñado para garantizar el abasto por los próximos 50 años, representa una inversión estratégica para el Bajío. En su primera fase, beneficiará a Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León, pero la distribución inicial revela grietas en la equidad regional. Trejo ha exigido datos técnicos pendientes, como presión, caudal y el punto exacto de entrega, para avanzar en las obras complementarias que Celaya debe costear por su cuenta: alrededor de 1,400 millones de pesos. Sin estos detalles, el municipio no puede potabilizar ni distribuir eficientemente el agua, lo que podría retrasar su llegada prevista para finales de 2028 o principios de 2029.
Reducción drástica de recursos estatales: un patrón de discriminación
El trato desigual en reparto de agua se extiende más allá del Acueducto Solís y toca el financiamiento directo de la SAMA. En 2025, Celaya vio recortados sus recursos en un 33.3% respecto a 2024 y un alarmante 75% comparado con 2023. De los 20.5 millones de pesos recibidos en 2023, la cifra cayó a 4.7 millones en 2024 y apenas 3.5 millones comprometidos para este año, de los cuales solo se ha entregado un millón. "La distribución de los recursos confirma lo que nuestro alcalde ha venido señalando: desafortunadamente, el Gobierno del Estado nos trata como un municipio de tercera", afirmó Trejo, en una crítica que resuena con las quejas previas del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez.
Consecuencias ambientales: el riesgo de abatimiento de acuíferos
Con solo 22 millones de metros cúbicos asignados, Celaya no podrá reducir su extracción actual de 44 millones de metros cúbicos del subsuelo, a profundidades de hasta 500 metros. Esto acelera el abatimiento de los mantos acuíferos, un problema crónico en Guanajuato que amenaza la sostenibilidad a largo plazo. "Entre menos agua nos manden, más tendremos que seguir extrayendo del subsuelo, lo que implicará el abatimiento de los mantos acuíferos", advirtió Trejo. Además, el agua del acueducto se destinará prioritariamente a zonas nororiente y norponiente, afectadas por contaminantes como arsénico y fluoruros, pero la cláusula que limita su uso a fines públicos urbanos excluye a la industria y campos de golf, enfocándose en el bien común.
El alcalde Ramírez Sánchez ha propuesto medidas financieras para contrarrestar este trato desigual en reparto de agua. El municipio acelera el pago de una deuda pública contraída en 2016 por 341 millones de pesos, con saldo pendiente de 136 millones en enero de 2025, que se reducirá a 99 millones para fin de año. El objetivo es liberar espacio para un nuevo endeudamiento con Banobras en 2027 o 2028, cubriendo la inversión de 1,400 a 1,500 millones de pesos en obras. "Queremos dejar la deuda lo más baja posible para negociar con Banobras y obtener recursos para este gran proyecto de redistribución de agua", explicó el alcalde, enfatizando que tanto el gobierno estatal como el federal han confirmado apoyo, pero Celaya debe aportar su parte sin resentir el desbalance actual.
La lucha por la equidad: demandas y perspectivas futuras
Frente a este panorama, Trejo ha solicitado reuniones con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, y la SAMA para reconsiderar el volumen asignado. "Vamos a seguir peleando para que a Celaya nos manden más agua, en la justa cantidad a la que tenemos derecho los ciudadanos", reiteró. Esta batalla no solo busca más metros cúbicos, sino un reconocimiento de la importancia estratégica de Celaya en el Corredor Industrial, donde el crecimiento poblacional y económico demanda recursos proporcionales. El trato desigual en reparto de agua podría tener repercusiones más amplias, afectando la atracción de inversiones y la calidad de vida en una ciudad que ya lidia con desafíos como la seguridad y la urbanización acelerada.
Expertos en gestión hídrica coinciden en que proyectos como el Acueducto Solís son cruciales para mitigar la sequía en el Bajío, pero su éxito depende de una distribución justa. En Celaya, donde el 70% del abasto actual proviene de pozos contaminados, la llegada de agua superficial podría transformar la salud pública y la agricultura local, beneficiando a productores y miles de habitantes. Sin embargo, sin ajustes en el trato desigual en reparto de agua, estos beneficios llegarán mermados, perpetuando un ciclo de dependencia y degradación ambiental.
La tensión entre Celaya y el gobierno estatal no es nueva; forma parte de un historial de reclamos por recursos en infraestructura y seguridad. Trejo y Ramírez Sánchez insisten en que las decisiones no deben castigar a la ciudadanía por diferencias partidistas. "No terminan perjudicando a un gobierno, sino a los ciudadanos, con sus acciones, con la negativa de recursos y la reducción de agua", concluyó Trejo, en un llamado que resuena en foros locales y medios regionales.
En discusiones informales con representantes de la SAMA, se ha mencionado que revisiones técnicas podrían ajustar las asignaciones basadas en proyecciones demográficas actualizadas. Asimismo, reportes del Periódico Correo han documentado patrones similares en otros municipios, sugiriendo que la queja de Celaya podría catalizar cambios más amplios en la política hidráulica de Guanajuato. Finalmente, observadores independientes, como aquellos vinculados a la Comisión Estatal del Agua, han destacado la necesidad de transparencia en los criterios de distribución para evitar percepciones de favoritismo.
