Trato desigual en el reparto de agua ha encendido las alarmas en Celaya, donde las autoridades locales claman por justicia en la distribución del vital líquido proveniente del acueducto de la Presa Solís. Esta situación no solo pone en jaque el abasto para miles de habitantes, sino que revela profundas desigualdades en la gestión de recursos hídricos por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato. Con una población que supera los límites tradicionales, incluyendo miles de estudiantes y visitantes diarios, Celaya se ve marginada frente a otros municipios que reciben volúmenes mayores, a pesar de su relevancia como segunda ciudad más importante del Bajío. El director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa), Saúl Trejo, ha sido el vocero principal de esta denuncia, exigiendo un trato equitativo que priorice las necesidades reales de la ciudadanía.
Acusaciones de favoritismo político en la asignación de agua
El trato desigual en el reparto de agua se manifiesta de manera clara en los volúmenes asignados por el Gobierno Estatal. Mientras Celaya recibe solo 22 millones de metros cúbicos anuales, Irapuato obtendrá entre 25 y 26 millones, y León superará los 50 millones. Estas cifras, reveladas en reuniones con la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), han generado indignación en el Ayuntamiento celayense, que argumenta que la distribución ignora la población flotante —compuesta por estudiantes universitarios y compradores de zonas cercanas— que eleva la demanda diaria a niveles comparables o superiores a los de sus competidores. Saúl Trejo ha calificado esta asignación como un claro ejemplo de "municipios consentidos", especialmente aquellos alineados con el Partido Acción Nacional (PAN) en el Corredor Industrial, dejando a Celaya, gobernada por fuerzas opositoras, en desventaja.
La problemática no es nueva; durante años, Celaya ha luchado por recursos adicionales para paliar la escasez crónica. Actualmente, la Jumapa extrae 44 millones de metros cúbicos del subsuelo a profundidades de hasta 500 metros, una práctica que acelera el abatimiento de los acuíferos y amenaza la sostenibilidad a largo plazo. Con la llegada del agua del acueducto prevista para finales de 2028 o principios de 2029, se esperaba un respiro, pero las asignaciones actuales obligan a continuar con esta extracción intensiva, exacerbando riesgos ambientales como la contaminación por arsénico y fluoruros en zonas nororiente y norponiente, donde se concentra el crecimiento poblacional.
Impacto en la población y el medio ambiente de Celaya
El trato desigual en el reparto de agua no solo afecta la infraestructura, sino que repercute directamente en la calidad de vida de los celayenses. Imagínese familias en colonias periféricas lidiando con cortes intermitentes, mientras el vital líquido se destina de forma desproporcionada a otros municipios. Trejo ha enfatizado que esta inequidad perjudica a los ciudadanos, no solo a un gobierno local, y ha instado a las autoridades estatales a reconsiderar el volumen asignado. "Vamos a seguir peleando para que a Celaya nos manden más agua, en la justa cantidad a la que tenemos derecho los ciudadanos", declaró el funcionario, subrayando la necesidad de datos técnicos pendientes, como presión, caudal y puntos de entrega, que la SAMA aún no ha proporcionado.
En términos ambientales, el proyecto del acueducto de la Presa Solís promete garantizar el abasto por los próximos 50 años para municipios como Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León. Sin embargo, sin una distribución justa, Celaya deberá invertir en obras complementarias por mil 400 millones de pesos para potabilizar y distribuir el agua recibida. Esta cláusula contractual limita su uso exclusivo a fines urbanos públicos, excluyendo industrias o campos de golf, lo que resguarda el recurso para la comunidad, pero no mitiga la frustración por la asignación inicial.
Recortes presupuestales agravan la crisis hídrica en Celaya
Más allá del volumen de agua, el trato desigual en el reparto de agua se extiende a los recursos financieros de la SAMA. En 2025, Celaya verá una reducción del 33.3% en comparación con 2024 y un drástico 75% menos que en 2023. De los 20.5 millones de pesos recibidos en 2023, se pasó a 4.7 millones en 2024, y ahora solo se comprometen 3.5 millones, de los cuales apenas un millón ha sido entregado. Esta merma confirma, según Trejo, el posicionamiento de Celaya como "un municipio de tercera" en la agenda estatal, limitando la capacidad para modernizar tuberías, tratar contaminantes y expandir la cobertura.
El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez ha respondido con un plan ambicioso para sortear estas restricciones. Acelerando el pago de la deuda pública heredada de 2016 —por 341 millones de pesos con vencimiento en 2031—, el municipio busca reducir el saldo de 136 millones actuales a 99 millones para finales de 2025. Esto liberaría espacio crediticio para un nuevo endeudamiento ante Banobras, estimado en mil 400 a mil 500 millones, con apoyo parcial del Gobierno Federal y Estatal. "Queremos dejar la deuda lo más baja posible para negociar con Banobras y obtener recursos para este gran proyecto de redistribución de agua", explicó Ramírez Sánchez, priorizando ahorros en la Jumapa de 200 a 300 millones anuales en 2026 y 2027.
Estrategias municipales para mitigar el desabasto
Frente al trato desigual en el reparto de agua, Celaya no se cruza de brazos. La estrategia incluye no solo el pago acelerado de deudas, sino también campañas de concientización para reducir el consumo per cápita y alianzas con productores agrícolas beneficiados indirectamente por el acueducto. Trejo ha solicitado reuniones con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, para argumentar la importancia demográfica de Celaya, que ya supera a Irapuato en población total efectiva. Estas negociaciones buscan elevar los 22 millones de metros cúbicos a un nivel proporcional, evitando que el subsuelo siga siendo el principal proveedor y previniendo colapsos futuros en el suministro.
La crisis también destaca la urgencia de políticas hídricas integrales en Guanajuato. Expertos en gestión de recursos coinciden en que asignaciones basadas en afiliaciones políticas erosionan la confianza pública y agravan vulnerabilidades regionales. En Celaya, donde la industria y el comercio dependen de un abasto estable, este trato desigual en el reparto de agua podría frenar el desarrollo económico, afectando empleos y atrayendo menos inversión. Sin embargo, la resiliencia local se evidencia en iniciativas como la caracterización del agua en temporadas de lluvia, esencial para planificar la integración del nuevo flujo.
Avanzando hacia soluciones sostenibles, el Ayuntamiento explora opciones de financiamiento verde, alineadas con metas ambientales estatales. Aunque el apoyo federal se ha confirmado, la ejecución depende de una distribución equitativa que aún pende de un hilo. Trejo reitera que "no terminan perjudicando a un gobierno, sino a los ciudadanos", un llamado que resuena en foros locales y estatales.
En discusiones recientes con funcionarios de la SAMA, se han mencionado ajustes preliminares basados en proyecciones demográficas actualizadas, según reportes internos del periódico Periódico Correo. Asimismo, el secretario Jiménez Lona ha aludido a revisiones técnicas en comunicaciones oficiales, prometiendo mayor transparencia en los datos de caudal. Por su parte, observadores independientes como ambientalistas de la región Bajío han destacado en análisis sectoriales la necesidad de equidad para prevenir conflictos hídricos mayores.
Finalmente, mientras Celaya presiona por cambios, la narrativa de "municipios consentidos" gana eco en círculos municipales, recordando que el agua es un derecho humano, no un botín político, como lo han enfatizado voces expertas en seminarios sobre sostenibilidad en Guanajuato.