Jubilados de Celaya mantienen un plantón indefinido frente a la presidencia municipal para exigir el pago de prestaciones pendientes, en un conflicto que ha escalado con gritos de "presidente fuera" dirigidos al alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez. Esta manifestación, que inició el 4 de septiembre de 2025, refleja la frustración de alrededor de 230 ex trabajadores municipales que se sienten vulnerados en sus derechos laborales adquiridos. Los jubilados denuncian la eliminación repentina del Fondo de Ahorro, la reducción del aguinaldo de 50 a 25 días y la supresión de la canasta navideña, beneficios que consideran esenciales para su sustento en la vejez.
El origen del conflicto entre jubilados y el Ayuntamiento de Celaya
El plantón de jubilados de Celaya surge de una serie de decisiones administrativas tomadas por el Ayuntamiento desde el 11 de agosto de 2025, cuando se notificó la quita del Fondo de Ahorro. Este fondo, un mecanismo de ahorro bipartita donde el municipio igualaba las aportaciones de los trabajadores, representaba una garantía financiera para el retiro. Sin embargo, el alcalde Ramírez argumenta que muchas jubilaciones pasadas incurrieron en irregularidades legales, lo que impide el pago de estos beneficios a quienes no cumplan estrictamente con los requisitos establecidos por la ley.
Irregularidades detectadas en prestaciones municipales
Según las declaraciones del alcalde, las prestaciones reclamadas por los jubilados de Celaya no aplican de manera universal. Solo los miembros del sindicato de obras, que cuentan con derechos adquiridos claros, recibirán el pago completo en diciembre. Para el resto, incluyendo a la mayoría de los manifestantes, se niega cualquier erogación extra, bajo el pretexto de evitar responsabilidades jurídicas. Esta posición ha sido calificada por los afectados como una traición a compromisos históricos, exacerbando la tensión en un municipio ya marcado por desafíos económicos.
Los jubilados insisten en que sus contribuciones durante décadas de servicio merecen reciprocidad. "Trabajamos honradamente para el municipio y ahora nos dejan en el abandono", expresó uno de los líderes de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Celaya durante la protesta. Esta agrupación, formada por ex empleados de diversos departamentos, ha documentado casos individuales donde las condiciones de jubilación variaban, pero siempre con promesas de apoyo post-laboral.
Escalada de tensiones: Del silencio a los gritos contra el alcalde
La manifestación pacífica de los jubilados de Celaya tomó un giro más confrontacional este 16 de octubre de 2025. Durante la tarde, al arribar Ramírez Sánchez a la presidencia municipal, un grupo de manifestantes lo interceptó en la entrada principal. Por 45 segundos, corearon "¡Presidente fuera! ¡Queremos solución!", un clamor que resonó en los pasillos del edificio. El alcalde, visiblemente tenso, se detuvo frente a ellos, escuchó en silencio y luego se retiró sin mediar palabra, un gesto interpretado por los jubilados como provocación y desdén.
Encuentro tenso y demandas de renuncia
Tras el incidente inicial, los jubilados de Celaya recorrieron las instalaciones municipales amplificando sus demandas. No solo exigieron la restitución de las prestaciones, sino también la renuncia inmediata de la Oficial Mayor, Mireya Villagómez, a quien culpan de la rigidez administrativa en el manejo de estos casos. Pancartas y consignas como "¡No más irregularidades, sí a nuestros derechos!" cubrieron los patios, donde el plantón se mantiene día y noche desde hace más de un mes.
El miércoles anterior, los manifestantes optaron por una táctica de protesta silenciosa: se posicionaron detrás del escenario durante un discurso oficial del alcalde, desplegando carteles de rechazo sin interrumpir verbalmente. Esta evolución de métodos demuestra la determinación de los jubilados de Celaya, quienes rechazan cualquier negociación que no garantice el cumplimiento íntegro de sus reclamos. La presencia diaria en la presidencia ha generado un ambiente de constante vigilancia, con los ex trabajadores acampando en condiciones precarias para visibilizar su lucha.
Posición oficial del Ayuntamiento y perspectivas legales
El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez ha sido explícito en su rechazo a ceder ante las presiones. En una rueda de prensa minutos antes del enfrentamiento, declaró: "Nosotros no podemos negociar cosas que están en contra de la ley. Hay un montón de irregularidades que no permiten otorgar esas prestaciones". Insistió en que el Ayuntamiento actuará conforme a dictámenes judiciales, invitando implícitamente a los jubilados de Celaya a demandar si consideran que tienen derechos adquiridos.
Previsiones para diciembre y el impacto en los jubilados
El punto álgido del conflicto se avecina en diciembre de 2025, cuando se adeudan los pagos navideños. Ramírez vaticinó una mayor complicación: "El problema va a ser cuando no les paguemos la canasta navideña ni el aguinaldo a quienes no tienen derecho". Solo un subgrupo recibirá estos beneficios, lo que profundiza la división entre jubilados. Para muchos, esta denegación equivale a una sentencia de precariedad económica, especialmente en un contexto de inflación y costos crecientes en Guanajuato.
Los jubilados de Celaya han buscado aliados en instancias superiores. Han elevado quejas al Gobierno Estatal y Federal, criticando la inacción de regidores y síndicos de partidos como Morena, PAN, Partido Verde y Movimiento Ciudadano. "Estos representantes observan sin mover un dedo", lamentó un manifestante. La Asociación ha organizado viajes al Congreso del Estado para presionar por intervenciones legislativas, demostrando recursos organizativos pese a las afirmaciones del alcalde de que "no son tan necesitados como dicen".
El plantón no solo afecta a los participantes directos, sino que resalta vulnerabilidades sistémicas en la administración municipal. Expertos en derecho laboral señalan que casos similares abundan en México, donde reformas presupuestales chocan con expectativas de jubilación. Para los jubilados de Celaya, esta batalla trasciende lo individual: es una defensa colectiva contra la erosión de conquistas sindicales.
En medio de la escalada, las familias de los ex trabajadores sufren el peso emocional y financiero. Historias de abuelos que posponen medicamentos o recortan gastos básicos circulan entre los campamentos, humanizando la protesta. El Ayuntamiento, por su parte, prioriza el equilibrio fiscal, argumentando que pagos indebidos podrían desestabilizar las finanzas municipales a largo plazo.
La cobertura de medios locales ha amplificado el eco de los jubilados de Celaya, presionando indirectamente a las autoridades. Reportajes detallados sobre las manifestaciones diarias y las declaraciones cruzadas mantienen el tema en la agenda pública, recordando episodios pasados de conflictos laborales en la región.
Como se detalla en el Periódico Correo, el incidente del 16 de octubre marcó un hito en la cronología del plantón, con testigos oculares describiendo la escena como un momento de catarsis colectiva. Asimismo, observadores independientes han notado similitudes con disputas en otros municipios guanajuatenses, donde jubilados enfrentan barreras similares por supuestas irregularidades administrativas.
En conversaciones informales con participantes, emerge un patrón de promesas incumplidas desde administraciones previas, un hilo conductor que une generaciones de trabajadores municipales. Fuentes cercanas al Ayuntamiento sugieren que revisiones internas podrían llevar a ajustes, aunque nada concreto se ha anunciado hasta ahora.