La Contraloría Municipal de Celaya ha destapado un escándalo que pone en jaque la gestión del Ayuntamiento: la Oficialía Mayor violó derechos de jubilados al eliminar fondos de ahorro y recortar prestaciones adquiridas, una maniobra que podría costarle millones al erario público. Este caso, que involucra a cientos de ex trabajadores, revela irregularidades graves en la administración local, donde decisiones unilaterales han ignorado la Constitución y normativas laborales, generando un conflicto que escaló a plantones y posibles demandas masivas. En un informe presentado a regidores y síndicos, la contralora Laura Elena Lara detalla cómo estas acciones no solo contravienen derechos constitucionales, sino que abren la puerta a litigios costosos que superarán cualquier ahorro pretendido.
Irregularidades en la Oficialía Mayor de Celaya
La Oficialía Mayor, encabezada por Mireya Villagómez, tomó decisiones que exceden sus competencias, como la cancelación del fondo de ahorro para jubilados y la propuesta de reducir el aguinaldo de 50 a 25 días. Según el informe de la Contraloría, estas medidas violan el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos. Carlos Alberto Ruiz León, presidente de la Comisión de Contraloría y regidor del PAN, enfatizó que "la suspensión de esta prestación nunca debió ocurrir", citando directamente a la contralora. Esta violación de derechos de jubilados no es un error administrativo aislado, sino un patrón que incluye descuentos irregulares de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los tres mil trabajadores municipales, afectando salarios de manera retroactiva.
El reglamento para Jubilados y Pensionados, abrogado en 2012 pero aún vigente para ex empleados según sus artículos 10 y 11, garantiza el respeto a prestaciones como el fondo de ahorro y el aguinaldo completo. Sin embargo, la Oficialía Mayor actuó sin autorización del Ayuntamiento pleno, incurriendo en responsabilidad administrativa. Ruiz León advirtió que, si prosperan las demandas, el municipio enfrentará no solo indemnizaciones, sino honorarios de abogados y gastos judiciales que podrían ascender a varios millones de pesos. "Los gastos derivados de las demandas superarán los ahorros que el presidente municipal pretende obtener", aseguró el regidor, destacando el riesgo financiero para Celaya.
Impacto en los jubilados y pensionados de Celaya
Los afectados, agrupados en la Asociación de Jubilados y Pensionados de Celaya, liderada por Blanca Hilda Grande, suman 220 miembros, de los cuales 80 mantienen un plantón diario frente a la presidencia municipal desde el 11 de agosto. Este movimiento de protesta busca la restitución inmediata de sus derechos laborales, respaldados por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que prohíben cancelar prestaciones ya obtenidas. Grande coincidió en que las demandas serían "más costosas para el municipio", subrayando la solidez jurídica de sus reclamos.
La tensión ha escalado al punto de que una comitiva de jubilados se reunirá este viernes 26 de septiembre en la presidencia con autoridades locales y el subsecretario del Trabajo del Estado, José Luis Castillo. No obstante, los manifestantes han advertido que no levantarán el plantón ni cesarán las protestas hasta lograr la devolución completa de sus fondos y aguinaldos. Esta situación expone vulnerabilidades en la gestión municipal, donde la austeridad impulsada por el alcalde Juan Miguel Ramírez choca con obligaciones legales inquebrantables.
Responsabilidades administrativas y riesgos legales
La Contraloría no solo señala la violación de derechos de jubilados, sino que atribuye a la Oficialía Mayor la carga de los costos judiciales si se inician juicios. Expertos en derecho laboral coinciden en que el municipio tiene altas probabilidades de perder estos casos, dado el marco protector de la LFT y precedentes constitucionales. Ramírez, por su parte, ha mantenido una postura inflexible: "No hay vuelta atrás" en la reducción del aguinaldo, mientras se analiza el resto de prestaciones. Esta rigidez podría agravar el conflicto, especialmente con el análisis programado para el lunes en la Comisión de Recursos Humanos.
En el contexto de Celaya, esta controversia resalta problemas crónicos en la administración de prestaciones laborales. La eliminación del fondo de ahorro, por ejemplo, priva a jubilados de un colchón financiero esencial, afectando su calidad de vida en una ciudad donde la economía local depende en gran medida de la estabilidad municipal. Además, los descuentos de ISR irregulares han generado descontento generalizado entre el personal activo, que ve en estas medidas un precedente peligroso para sus propios derechos.
Consecuencias económicas para el Ayuntamiento de Celaya
Los potenciales litigios no solo drenan recursos públicos, sino que erosionan la confianza en la Oficialía Mayor. Estimaciones preliminares indican que solo las demandas de los 220 jubilados podrían generar pasivos por encima de los cinco millones de pesos, sin contar el impacto en la imagen del gobierno local. La contralora Lara recomendó en su informe revertir inmediatamente las medidas para mitigar daños, pero la falta de respuesta ha prolongado la crisis. Este caso ilustra cómo decisiones apresuradas en nombre de la austeridad pueden revertirse en contra del propio erario, priorizando ahorros ficticios sobre la equidad laboral.
La violación de derechos de jubilados en Celaya no es un incidente aislado en el panorama municipal; refleja tensiones similares en otros ayuntamientos guanajuatenses, donde la presión presupuestal choca con mandatos federales. Organizaciones como la STPS han intervenido en casos análogos, recordando que las prestaciones adquiridas son intocables. Mientras tanto, el plantón continúa, con jubilados de todas las edades exigiendo justicia, recordando que su servicio al municipio merece respeto incondicional.
En las últimas semanas, reportes de medios locales como Periódico Correo han documentado el avance del informe de la Contraloría, basado en revisiones internas y testimonios directos de los afectados. Asimismo, declaraciones de la Asociación de Jubilados, recogidas en sesiones públicas del Ayuntamiento, subrayan la urgencia de una resolución. Fuentes cercanas al subsecretario José Luis Castillo indican que la reunión del viernes podría mediar un acuerdo preliminar, aunque sin garantías de restitución total.
Finalmente, el análisis en la Comisión de Recursos Humanos, previsto para el lunes, incorporará aportes de la Secretaría del Trabajo estatal, que ha asesorado en interpretaciones de la LFT. Estos elementos, extraídos de documentos oficiales y entrevistas con regidores, pintan un panorama donde la presión ciudadana podría forzar un repliegue administrativo, evitando así un escándalo mayor en Celaya.