El estado de Hidalgo ha alcanzado un hito preocupante en su batalla contra el robo de combustible, conocido como huachicol. En lo que va de la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, se han recuperado más de 5 millones de litros de hidrocarburo robado, una cifra que refleja la magnitud del problema en la entidad. Este logro, aunque destacado, pone en evidencia la persistencia de esta actividad ilícita que afecta las finanzas públicas y la seguridad de los ciudadanos.
El más reciente operativo en Atotonilco de Tula marcó un récord en 2025, con el decomiso de 183 mil litros de combustible ilegal. En un trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, el Ejército Mexicano y la Procuraduría General de Justicia del estado, se intervinieron dos inmuebles en la colonia Texas. En estos sitios se encontraron autotanques y remolques cisterna repletos de hidrocarburo de dudosa procedencia, además de drogas como marihuana y cristal.
El gobernador Menchaca Salazar ha insistido en que su administración mantiene una lucha frontal contra el huachicol. Sin embargo, las cifras son alarmantes: Hidalgo sigue siendo uno de los estados con mayor incidencia de tomas clandestinas en el país. Municipios como Atotonilco de Tula, Tula de Allende y Cuautepec de Hinojosa son considerados focos rojos, donde las redes criminales operan con impunidad, afectando ductos de Pemex.
La magnitud del problema no solo se mide en litros recuperados. Desde el inicio de la gestión de Menchaca, se han detenido a 290 personas vinculadas al robo de combustible. Además, se han asegurado cientos de vehículos, pipas y contenedores utilizados para el trasiego ilegal. Estas acciones, aunque muestran avances, también revelan la complejidad de desmantelar estas redes que operan con gran sofisticación.
La colaboración con autoridades federales, como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, ha sido clave en los operativos. Sin embargo, persisten señalamientos sobre posibles nexos de exfuncionarios estatales con estas actividades ilícitas. Menchaca ha señalado que, de confirmarse, cualquier involucrado deberá rendir cuentas, pero hasta ahora no se han hecho públicos nombres ni detalles concretos.
El impacto del huachicol va más allá de lo económico. Accidentes como el de Tlahuelilpan en 2019, donde 137 personas perdieron la vida por una explosión en una toma clandestina, son un recordatorio de los riesgos que esta práctica representa. La inseguridad generada por estas redes criminales mantiene en vilo a comunidades enteras, especialmente en regiones como el Valle de Tula.
A pesar de los esfuerzos, el robo de combustible no cede. Hidalgo ocupó el primer lugar nacional en tomas clandestinas durante el sexenio pasado, con más de 26 mil perforaciones en ductos de Pemex. Aunque en 2024 se reportó una disminución del 13.4% en estas actividades, la entidad sigue liderando las estadísticas, lo que pone en duda la efectividad de las estrategias a largo plazo.
La ciudadanía también ha jugado un papel crucial. Las denuncias anónimas a través de las líneas 089 y 911 han permitido a las autoridades actuar con mayor precisión. Sin embargo, la persistencia del huachicol sugiere que aún queda un largo camino por recorrer para erradicar este delito que drena recursos y pone en riesgo la seguridad de los hidalguenses.
El gobierno de Hidalgo asegura que no habrá impunidad. Las reuniones semanales del Gabinete de Seguridad buscan reforzar las estrategias y mantener la coordinación con el gobierno federal. Pero mientras las redes de huachicol sigan operando, la tranquilidad de las comunidades afectadas seguirá siendo una meta lejana.
La lucha contra el huachicol en Hidalgo es un reflejo de un problema nacional que requiere más que decomisos espectaculares. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo se podrá frenar esta actividad que parece estar profundamente arraigada en la entidad?