El Choko, alias de Alejandro Gilmare 'N', comandaba una red criminal en Ecatepec que aterrorizaba a comerciantes con montachoques y secuestros exprés, extorsionando miles de pesos bajo amenazas de muerte. Esta organización, conocida como La Chokiza, operaba con una estructura similar a la delincuencia organizada, según define el Código Penal Federal, donde tres o más personas se unen para cometer delitos de forma reiterada. La Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones en agosto de 2024, vinculando a El Choko con cinco casos de secuestro, todos en territorio mexiquense, donde las víctimas eran principalmente dueños de negocios forzados a pagar "derechos de piso" para evitar represalias.
La captura de El Choko ha destapado una red que no solo se dedicaba a los montachoques, sino que escalaba a secuestros más elaborados, dejando a familias en el borde del abismo. En un contexto donde la inseguridad en el Estado de México roza niveles críticos, esta agrupación se presentaba como un "servicio social" para los vulnerables, pero en realidad era un mecanismo de control territorial mediante el terror. Los montachoques, esa práctica de chocar vehículos para robar o extorsionar, se convertía en el preludio de privaciones de libertad que duraban horas o días, siempre con el fin de extraer dinero rápido.
La estructura criminal de La Chokiza bajo El Choko
La Chokiza no era un grupo improvisado; contaba con una jerarquía clara, con El Choko en la cima autorizando cobros y operaciones. Miembros clave como 'El Beto', 'El Diablo', 'El Mollejas', 'Goku' y 'Mayel' ejecutaban las acciones en las calles de Ecatepec, un municipio azotado por la violencia. Según las carpetas de investigación de la FGJEM, la agrupación reclutaba a través de llamadas a comerciantes, ofreciendo "protección" a cambio de cuotas semanales que empezaban en 50 pesos y escalaban a miles. Rechazar la afiliación significaba enfrentar montachoques o, peor aún, un secuestro.
El Código Penal Federal califica esto como delincuencia organizada, un delito grave que implica prisión perpetua en algunos casos. El juez reconfiguró las acusaciones contra El Choko precisamente por este rubro, pese a las protestas de sus abogados, quienes lo tildaron de "justicia mediática" por supuesta falta de pruebas directas. Sin embargo, elementos como una calcomanía con la imagen de un Jesucristo sosteniendo una barra de chocolate y billetes fue considerada simbólica de su mando, vinculándolo al control económico de la zona.
Casos de montachoques que derivaron en secuestros
Uno de los episodios más escalofriantes ocurrió el 4 de abril de 2024, cuando un conductor fue embestido por un vehículo blanco en pleno tráfico de Ecatepec. Dos sujetos, incluido 'El Beto' —ya detenido—, lo obligaron a pagar 9 mil pesos para recuperar su auto, gritándole amenazas como "Mira hijo de la chingada, o le pagas o te va a cargar la v…". La víctima fue forzada a grabar un video fingiendo normalidad antes de ser trasladada en otro vehículo, configurando un secuestro exprés que duró lo suficiente para aterrorizarlo.
Otro caso, el 27 de julio de 2024, involucró a un vendedor de tenis que rechazó un "préstamo" de 20 mil pesos. En represalia, el grupo irrumpió en su local, robando electrodomésticos, 70 mil pesos en efectivo y su vehículo, jurando matar a su familia si no cumplía. Estos montachoques no eran accidentales; eran tácticas planeadas para escalar a secuestros, dejando a las víctimas en un estado de paranoia constante. En el tercer incidente, del 8 de abril, un comerciante fue coaccionado a pagar 50 pesos semanales por "afiliación", pero pronto 'El Diablo' y 'El Mollejas' exigieron 20 mil, aceptando solo 2,500 pesos esa vez, alegando órdenes directas de "el jefe Choko".
Extorsiones y derechos de piso en Ecatepec
La modus operandi de La Chokiza bajo El Choko incluía visitas a negocios para imponer cuotas, disfrazadas de protección comunitaria. En marzo de 2024, una dueña de un taller de motocicletas fue arrastrada hasta un sitio llamado La Hacienda, donde 'El Cholo', 'Mayel' y 'Mickey' le demandaron 500 mil pesos como pago inicial. Al final, cedió ante el miedo, pagando la suma completa. Otro vendedor de papas fritas, que empezó con 150 pesos semanales, vio su cuota subir a 2 mil, y al impagar, sufrió agresiones físicas hasta cumplir.
Estos secuestros y montachoques no operaban en el vacío; contaban con colusión de autoridades locales. La FGJEM identificó a dos servidoras públicas ligadas al grupo: Diana Laura 'N', una agente del Ministerio Público que se ausentó con licencia de lactancia desde el 4 de marzo, y Juana Ivette 'N', secretaria administrativa y pareja de El Choko. Ambas enfrentan procesos para su baja, mientras se indaga si hay más complicidades internas en la policía de Ecatepec y hasta en el Gobierno de la Ciudad de México. Esta infiltración agrava la crisis de seguridad en la región, donde los montachoques se han convertido en un cáncer que devora la economía local.
Antecedentes y defensa de El Choko
El Choko y su grupo se jactaban de una "base social amplia", afirmando ayudar a los necesitados, pero las evidencias apuntan a un esquema de extorsión puro. Sus abogados argumentan ausencia de pruebas conductuales directas, pero la FGR acumula testimonios de víctimas que nombran explícitamente su liderazgo en los secuestros. Ahora, con prisión preventiva justificada, El Choko enfrenta un proceso que podría desmantelar La Chokiza por completo.
La ola de montachoques en Ecatepec no es aislada; refleja un patrón de delincuencia organizada que se expande desde el Valle de México hacia zonas colindantes. Expertos en seguridad señalan que estos grupos aprovechan la porosidad fronteriza con la capital para evadir capturas, multiplicando los secuestros exprés. En los últimos meses, reportes indican un alza del 15% en este tipo de delitos, con El Choko como figura emblemática de la impunidad que reinaba hasta su detención.
Mientras las investigaciones avanzan, las víctimas buscan justicia en un sistema judicial que, aunque lento, comienza a tejer la red contra estos cabecillas. Fuentes cercanas a la FGJEM mencionan que carpetas adicionales podrían vincular a más miembros, ampliando el alcance de la operación. En paralelo, reportajes locales han documentado cómo la colusión con elementos policiales facilitaba las fugas, un detalle que sale a flote en declaraciones preliminares de testigos protegidos. Finalmente, analistas de seguridad pública, consultados en foros recientes, subrayan que desarticular La Chokiza requerirá no solo arrestos, sino reformas profundas en la vigilancia municipal para erradicar estos montachoques y secuestros de raíz.