Extinción del Infoem se ha convertido en un tema candente en el panorama político del Estado de México, donde la falta de aval en varios municipios ha frenado el proceso de disolución de esta institución clave para la transparencia. La extinción del Infoem, aprobada inicialmente en el Congreso local, enfrenta obstáculos significativos debido a que no todos los ayuntamientos han dado su aprobación en cabildos, lo que impide avanzar en las reformas necesarias. Este retraso no solo afecta la definición de quién asumirá las funciones de acceso a la información pública y protección de datos personales, sino que también genera incertidumbre entre los trabajadores y la ciudadanía que depende de estos servicios. En un contexto donde la transparencia es fundamental para combatir la corrupción, la extinción del Infoem pone en jaque el sistema de rendición de cuentas en la entidad.
Razones del retraso en la extinción del Infoem
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de México, Francisco Vázquez Rodríguez, ha sido el encargado de informar sobre este impasse. Según sus declaraciones, la extinción del Infoem no puede considerarse constitucional hasta que los municipios emitan su aval correspondiente. Este requisito es esencial porque la reforma constitucional federal exige que al menos el 50% más uno de los ayuntamientos aprueben el dictamen para que entre en vigor. Actualmente, faltan solo cinco municipios para alcanzar ese umbral, pero la lentitud en las respuestas ha paralizado el proceso. Algunos cabildos ni siquiera han remitido su decisión al Legislativo, lo que complica la publicación oficial de la reforma.
La extinción del Infoem fue aprobada en el pleno del Congreso el 26 de junio de este año, y desde entonces se esperaba que los ayuntamientos actuaran con prontitud. Sin embargo, la burocracia municipal ha jugado en contra, retrasando lo que debería ser un trámite ágil. Mientras tanto, el instituto continúa operando con el presupuesto asignado para 2025, pero su futuro más allá de ese periodo queda en el aire. Vázquez enfatizó que, una vez superado este obstáculo, se iniciarán los 90 días de plazo para que el Legislativo elabore las reformas secundarias, las cuales detallarán cómo se redistribuirán las atribuciones de transparencia entre otras dependencias.
Impacto en los trabajadores y la continuidad de servicios
Uno de los aspectos más críticos en la discusión sobre la extinción del Infoem es el destino de sus empleados. El legislador Vázquez subrayó la necesidad de cuidar a estos trabajadores, muchos de los cuales han dedicado años a garantizar el acceso a la información pública en el Estado de México. Se prevé que sean reubicados en entidades como la Contraloría, el Poder Legislativo o incluso en el Ejecutivo estatal, dependiendo de las necesidades operativas. Esta reubicación no solo busca preservar empleos, sino también mantener la expertise acumulada en materia de protección de datos personales.
Además, la extinción del Infoem implica la transferencia de su plataforma digital y base de datos al Poder Ejecutivo, tal como lo establece la reforma constitucional federal. Esto aseguraría que la transparencia no se interrumpa, permitiendo que los ciudadanos sigan solicitando información sin mayores contratiempos. Sin embargo, el retraso en los avales municipales podría extender esta transición indefinidamente, generando dudas sobre la eficiencia del nuevo esquema. En un estado con alta densidad poblacional y complejas dinámicas administrativas, como el Estado de México, cualquier demora en temas de transparencia puede erosionar la confianza pública en las instituciones.
Estadísticas que revelan la relevancia del Infoem
Para entender la magnitud de la extinción del Infoem, es importante revisar las cifras de actividad que ha manejado el instituto este año. Hasta la fecha, se han recibido más de 25,121 peticiones de información en todo el Estado de México, posicionando al Infoem como el organismo más solicitado con alrededor de 5,000 solicitudes. Le sigue el Ayuntamiento de Toluca con 4,556 requerimientos, y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM) con 1,881. Estas números destacan la dependencia que tienen los ciudadanos y organizaciones de estos mecanismos para acceder a datos públicos.
En cuanto a las multas por no atender peticiones de información, Toluca lidera con 2,844 sanciones de un total de 5,955 registradas en el estado. Otros municipios como Teoloyucan, con 396, y Zinacantepec, con 335, también figuran en el radar. Estas estadísticas no solo ilustran la carga de trabajo del Infoem, sino que también subrayan la importancia de una transición ordenada en su extinción. Sin un aval municipal completo, el riesgo de interrupciones en el servicio aumenta, potencialmente afectando la rendición de cuentas en gobiernos locales.
Desafíos en la liquidación y presupuesto futuro
La extinción del Infoem también plantea interrogantes sobre su liquidación una vez que se concrete. El instituto operará temporalmente hasta septiembre, pero no se considerará para el presupuesto de 2026, lo que implica un proceso de cierre administrativo. Esto incluiría la liquidación de los trabajadores restantes y la recontratación selectiva según las nuevas estructuras. En este sentido, la falta de avales en municipios complica aún más la planificación, ya que sin la reforma publicada, no se puede avanzar en estos pasos.
Implicaciones políticas de la extinción del Infoem
Desde una perspectiva política, la extinción del Infoem refleja las tensiones entre el poder estatal y los municipios en el Estado de México. Muchos de estos ayuntamientos, gobernados por diversos partidos, podrían estar resistiendo el aval para preservar autonomía en temas de transparencia. Esta dinámica critica al gobierno estatal por no coordinar mejor con los locales, aunque el enfoque federal en centralizar funciones añade presión. La extinción del Infoem, en última instancia, busca alinear el sistema local con las directrices nacionales, pero el retraso evidencia fisuras en la implementación.
En el contexto más amplio, este caso ilustra cómo las reformas en materia de transparencia pueden chocar con realidades locales. Mientras el Ejecutivo federal promueve una mayor centralización, los municipios buscan mantener control sobre sus datos. La extinción del Infoem, por tanto, no es solo un cambio administrativo, sino un debate sobre el equilibrio de poderes en el Estado de México.
El proceso de extinción del Infoem continúa en un limbo, con esperanzas de que los municipios restantes respondan pronto. Fuentes como el Congreso local han detallado estos avances, basándose en sesiones recientes y reportes internos. Además, observadores políticos han comentado en medios estatales sobre la urgencia de resolver este tema para evitar vacíos en la protección de datos. Finalmente, análisis de transparencia en publicaciones especializadas destacan cómo estos retrasos impactan la confianza ciudadana, recordando casos similares en otras entidades.