La liberación de Omar “N”, exfuncionario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), ha desatado una ola de protestas en Toluca, donde familiares, amigos y comuneros exigen justicia y denuncian una posible fabricación de delitos. La detención del exjefe del Departamento de Servicios Financieros, acusado de intentar desviar más de 32 millones de pesos, ha generado tensión en la capital mexiquense, con bloqueos y manifestaciones que señalan al magistrado presidente del TRIJAEM, Gerardo Becker, como responsable de irregularidades. Este caso ha puesto en el centro del debate la transparencia en la gestión de recursos públicos y la presunta persecución política contra funcionarios.
El 1 de septiembre de 2025, un grupo de manifestantes, incluyendo habitantes de San Miguel Oxtotilpan, comunidad indígena de Temascaltepec, clausuró simbólicamente las instalaciones del TRIJAEM en Toluca. Con carteles y consignas como “Omar no está solo, el pueblo lo respalda” y “Becker corrupto”, los inconformes exigieron la liberación del exfuncionario, asegurando que las acusaciones en su contra son infundadas. Según los manifestantes, Omar “N” es víctima de un montaje orquestado por intereses políticos dentro del tribunal, y acusan al presidente Gerardo Becker de encubrir a los verdaderos responsables del intento de desvío de recursos. La protesta derivó en la retención de 102 personas dentro del edificio, incluyendo empleados y visitantes, lo que generó momentos de tensión durante varias horas.
La detención de Omar “N” ocurrió el 26 de agosto de 2025, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el delito de abuso de confianza. Según la investigación, el exfuncionario, valiéndose de un token de seguridad, habría intentado realizar 29 transferencias electrónicas por un total de 32 millones 482 mil pesos el 1 de diciembre de 2023. Estas operaciones, que no contaban con autorización legal, dejaron bloqueados los recursos del TRIJAEM durante casi dos semanas, afectando la operatividad financiera del tribunal. Sin embargo, los manifestantes y algunos legisladores, como el diputado Octavio Martínez, sostienen que Omar “N” no actuó solo y que las acusaciones son una cortina de humo para proteger a funcionarios de mayor jerarquía.
La liberación de Omar “N” se ha convertido en un clamor popular en Temascaltepec y otras comunidades cercanas, donde los habitantes consideran que el exfuncionario es un “chivo expiatorio”. Durante las protestas, los comuneros amenazaron con escalar sus acciones, incluyendo el bloqueo de la carretera federal Toluca-Altamirano, si no se atienden sus demandas. La clausura del TRIJAEM y la retención de personas en sus instalaciones han generado críticas hacia la falta de diálogo entre las autoridades y los manifestantes. Además, la comunidad indígena de San Miguel Oxtotilpan ha denunciado que las pruebas presentadas contra Omar “N” son contradictorias y que no se ha investigado a fondo a otros posibles implicados en el caso.
El caso ha levantado sospechas sobre la gestión del TRIJAEM bajo el liderazgo de Gerardo Becker. Los manifestantes señalan que el magistrado presidente podría estar involucrado en irregularidades financieras, y exigen una investigación transparente para esclarecer los hechos. La acusación de abuso de confianza contra Omar “N” ha sido cuestionada por expertos y legisladores, quienes argumentan que un solo jefe de departamento difícilmente podría orquestar un desfalco de tal magnitud sin la complicidad de superiores. Esta situación ha avivado el debate sobre la necesidad de mayor vigilancia en el manejo de recursos públicos en instituciones autónomas como el TRIJAEM.
La liberación de mujeres y niños retenidos durante la protesta en el TRIJAEM, tras horas de negociación con autoridades estatales, marcó un punto de inflexión en el conflicto. Sin embargo, los manifestantes mantuvieron su exigencia de justicia y continuaron señalando a Becker como el principal responsable de las irregularidades. La tensión en Toluca persiste, y las protestas podrían intensificarse si no se logra un avance en el caso. La comunidad de San Miguel Oxtotilpan ha advertido que no cesará en su lucha hasta que se garantice la liberación de Omar “N” y se castigue a los verdaderos culpables.
El caso de Omar “N” no es un hecho aislado en el contexto de la justicia administrativa en el Estado de México. En los últimos años, el TRIJAEM ha sido objeto de escrutinio por presuntas irregularidades en su funcionamiento, lo que ha generado desconfianza entre la ciudadanía. La presión por la liberación del exfuncionario refleja un malestar más amplio con la falta de transparencia en las instituciones públicas. Los habitantes de Temascaltepec y otros municipios han expresado su frustración ante lo que consideran un sistema judicial que protege a los poderosos mientras castiga a los más vulnerables.
Diversos reportes periodísticos han destacado la complejidad del caso, señalando que la investigación de la FGJEM se basó en pruebas proporcionadas por el propio TRIJAEM. Algunos medios locales han informado sobre las protestas y las acusaciones contra Gerardo Becker, subrayando la indignación de los manifestantes. Voces cercanas al caso han indicado que la detención de Omar “N” podría ser parte de una estrategia para desviar la atención de otros problemas dentro del tribunal.
La cobertura de este caso ha sido amplia en la región, con testimonios de familiares y comuneros que insisten en la inocencia del exfuncionario. Según información recabada en Toluca, las protestas han contado con el respaldo de organizaciones sociales que demandan una revisión exhaustiva del caso. Estas fuentes también han señalado que la FGJEM continúa con las investigaciones, pero no ha proporcionado detalles sobre posibles implicados adicionales.
La lucha por la liberación de Omar “N” sigue siendo un tema candente en el Estado de México, donde la ciudadanía exige claridad y justicia. Mientras las autoridades no respondan a las demandas de los manifestantes, es probable que las protestas continúen, afectando la operatividad del TRIJAEM y generando un impacto en la percepción pública sobre la impartición de justicia administrativa en la entidad.