La organización criminal conocida como Los 300 ha sido señalada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como un grupo dedicado a la extorsión, el despojo y otros delitos de alto impacto en diversos municipios del Valle de México. Este grupo, que opera principalmente en Ecatepec y Tecámac, ha generado temor entre comerciantes, transportistas y residentes debido a sus prácticas violentas y su presunta colusión con autoridades locales. La noticia de su identificación por parte de la fiscalía ha levantado alarmas sobre la creciente inseguridad en la región y la falta de acción efectiva por parte de las autoridades para frenar sus actividades ilícitas.
Los 300, autodenominados como una organización sindical de transporte, han extendido su influencia a través de métodos intimidatorios que incluyen cobros de derecho de piso, invasión de propiedades y agresiones físicas. Según investigaciones, esta agrupación utiliza calcomanías con el número 300 para marcar a sus víctimas, ya sean vehículos de transporte público o propiedades despojadas. Estas marcas, colocadas en taxis, combis o incluso casas, funcionan como un sello de control, indicando que la víctima ha pagado la extorsión o que el inmueble está bajo su dominio. Este modus operandi ha permitido a Los 300 consolidar su presencia en el Estado de México, generando un clima de miedo entre los habitantes.
La fiscalía ha identificado a Los 300 como una de las 25 organizaciones criminales relacionadas con la extorsión en el Estado de México. Su estructura jerárquica incluye líderes como Luis Alberto “N”, alias “El Conejo”, y su hijo Edwin Israel “N”, conocido como “El Conejito”. Ambos han sido vinculados a procesos por delitos como homicidio, extorsión y despojo. La captura de estos cabecillas, junto con otros integrantes, forma parte de la Operación Restitución, un esfuerzo conjunto entre la fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y otras instituciones para combatir el despojo y la extorsión en la región. Sin embargo, la persistencia de estas actividades delictivas pone en evidencia la dificultad de desmantelar redes criminales con aparentes nexos en el ámbito político.
Uno de los aspectos más preocupantes de Los 300 es su presunta relación con funcionarios municipales, tanto de administraciones actuales como pasadas, especialmente en Ecatepec y Cuautitlán. Informes señalan que esta organización ha operado bajo un entramado de protección que involucra a figuras de alto nivel en gobiernos locales. Por ejemplo, en Ecatepec, se ha señalado que durante la administración de Fernando Vilchis Contreras, exalcalde y actual diputado federal, Los 300 habrían encontrado un entorno propicio para expandir sus actividades. Esta conexión ha generado críticas hacia las autoridades locales, acusadas de inacción o incluso complicidad en el aumento de la inseguridad.
La extorsión, como delito, ha crecido exponencialmente en el Estado de México en los últimos años. Datos oficiales indican que el despojo, una de las principales actividades de Los 300, aumentó un 168% entre 2015 y 2024. En este contexto, los comerciantes y transportistas son los más afectados, enfrentándose a cobros diarios que van de 50 a 200 pesos en tiendas de conveniencia, o sumas mayores para empresarios que se niegan a ceder. En caso de resistencia, las víctimas enfrentan agresiones físicas, daños a sus propiedades o incluso privaciones ilegales de la libertad. Este panorama ha generado un sentimiento de impotencia entre los habitantes, quienes ven cómo Los 300 operan con impunidad en diversos municipios.
El impacto de Los 300 no se limita a la extorsión económica. En varios casos, se les ha vinculado con homicidios y secuestros, como el ocurrido en Zumpango, donde se investiga la muerte de nueve personas, incluyendo dos menores, en un conflicto entre facciones de esta organización y otro grupo delictivo. Este incidente, ocurrido en marzo de 2025, refleja la violencia que acompaña las disputas por el control de actividades ilícitas. Además, Los 300 han sido señalados por saquear viviendas, como el caso de una familia en Ecatepec que perdió sus pertenencias mientras estaba de vacaciones, según grabaciones de cámaras de seguridad.
La respuesta de las autoridades ha sido lenta y, en muchos casos, insuficiente. A pesar de los operativos que han resultado en la detención de figuras clave de Los 300, la organización sigue operando en municipios como Coacalco, Zumpango, Tultepec y Chimalhuacán. La fiscalía ha recuperado más de 580 inmuebles despojados, pero solo una fracción ha sido devuelta a sus propietarios legítimos. Este dato refleja la magnitud del problema y la dificultad de erradicarlo, especialmente cuando se sospecha de complicidad con autoridades locales. La ciudadanía exige medidas más contundentes para desmantelar estas redes criminales y garantizar la seguridad en el Valle de México.
La información sobre Los 300 ha sido recopilada a partir de reportes oficiales de la fiscalía estatal, que ha documentado sus actividades delictivas en diversos informes. Además, testimonios de víctimas, como el caso de Ricardo, un residente de Ecatepec que denunció el saqueo de su hogar, han ayudado a visibilizar el modus operandi de esta organización. Videos de cámaras de seguridad, difundidos ampliamente, también han contribuido a exponer la audacia con la que operan estos delincuentes.
Por otro lado, investigaciones periodísticas han profundizado en los vínculos entre Los 300 y figuras políticas, señalando la necesidad de una indagación más exhaustiva sobre la relación con administraciones municipales. Estas fuentes han destacado la complejidad de desarticular una organización que opera bajo la fachada de un sindicato de transporte, lo que le permite encubrir sus actividades ilícitas con manifestaciones y bloqueos viales. La presión social para que las autoridades actúen de manera efectiva sigue creciendo.
Finalmente, la lucha contra Los 300 requiere un enfoque integral que combine operativos policiales, investigaciones judiciales y medidas preventivas para evitar que estas redes criminales se fortalezcan. La ciudadanía, mientras tanto, espera que las promesas de seguridad se traduzcan en resultados concretos, y que casos como los de Ecatepec no queden en la impunidad. La información disponible sugiere que el problema de la extorsión y el despojo en el Estado de México no desaparecerá fácilmente, pero la identificación de Los 300 como una de las principales organizaciones detrás de estos delitos es un paso hacia su desmantelamiento.
