El delito de despojo de viviendas en el Estado de México ha alcanzado niveles alarmantes en 2025, con un incremento del 7% en las denuncias durante los primeros meses del año, según datos oficiales. Este problema, que afecta principalmente a viviendas de interés social, se ha disparado tras el mediático caso de Doña Carlota, una mujer de 73 años que tomó la justicia por su propia mano en Chalco, evidenciando la gravedad de la situación.
Entre 2019 y 2025, las denuncias por despojo en el Estado de México crecieron un 68.1%, un reflejo de la falta de acción efectiva por parte de las autoridades locales. En los primeros cinco meses de este año, se registraron más de 1,290 casos, superando los 2,000 del mismo periodo en 2024. Municipios como Ecatepec, Tecámac, Nezahualcóyotl y Toluca encabezan la lista de los más afectados por este delito.
El caso de Doña Carlota, ocurrido el 1 de abril de 2025, marcó un punto de inflexión. La anciana, al no recibir respuesta de las autoridades tras denunciar la invasión de la casa de su hija, disparó contra un grupo de presuntos invasores, dejando dos muertos y un adolescente herido. Este hecho violento destapó una problemática que, según expertos, lleva años sin ser atendida por el gobierno estatal.
La respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para contener la ola de despojos. Grupos criminales organizados, conocidos como “paracaidistas”, aprovechan casas abandonadas o en litigio para ocuparlas ilegalmente, a veces con la complicidad de funcionarios locales. Estas redes incluso llegan a rentar las propiedades robadas, afectando el patrimonio de miles de mexiquenses.
En abril de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México creó una Unidad Especial para combatir este delito, logrando recuperar 154 inmuebles en municipios como Toluca, Chalco, Ecatepec y Naucalpan. Sin embargo, la magnitud del problema supera las acciones emprendidas, y la ciudadanía exige mayor eficacia para proteger sus propiedades.
La Operación Restitución, implementada por la fiscalía en colaboración con fuerzas federales y estatales, ha asegurado casi 500 viviendas en los últimos meses. A pesar de estos esfuerzos, el promedio de 13 despojos diarios en el estado refleja una crisis que no cede. Las autoridades locales, encabezadas por la gobernadora Delfina Gómez, han sido criticadas por su lenta reacción ante el problema.
El Congreso mexiquense aprobó recientemente una reforma para endurecer las penas por despojo, que ahora pueden alcanzar hasta 25 años y seis meses de prisión, especialmente cuando están involucrados servidores públicos o notarios. Esta medida busca disuadir a las redes criminales, pero muchos consideran que llega tarde ante un delito que ya afecta a miles de familias.
La complicidad de algunos funcionarios y notarios en estas actividades ilícitas ha generado indignación. En mayo, la fiscalía detuvo a 11 personas vinculadas a sindicatos delictivos como Unson, Goez y Los 300, que operan con protección de ciertos actores políticos. Estas redes aprovechan la vulnerabilidad de viviendas deshabitadas, especialmente en la zona oriente del estado.
El problema del despojo no solo pone en riesgo el patrimonio de los mexiquenses, sino que también evidencia un sistema de seguridad fallido. Casos como el de Doña Carlota, donde la desesperación llevó a la violencia, son un grito de auxilio de una población que se siente desprotegida por las autoridades.
La ciudadanía exige acciones concretas para frenar esta ola de inseguridad. Mientras las denuncias siguen en aumento, el Estado de México enfrenta el desafío de restaurar la confianza en sus instituciones y garantizar la protección de la propiedad privada, un derecho fundamental que hoy está en jaque.