En el Estado de México, el grave problema de los linchamientos sigue sin ser abordado por los legisladores locales, a pesar del aumento alarmante de estos actos violentos. Según datos recientes, en la entidad se registra un intento de linchamiento cada 18 días, reflejando un vacío de autoridad que empuja a los ciudadanos a tomar la justicia por su propia mano.
La falta de acción del gobierno estatal de Morena, encabezado por Delfina Gómez, ha generado un entorno donde la población, frustrada por la inseguridad y la impunidad, recurre a medidas extremas. En 2023, se reportaron tres linchamientos consumados y 17 intentos frustrados, dejando un saldo de 15 víctimas fatales y decenas de heridos graves.
La ausencia de una figura penal específica para los linchamientos agrava la situación. Actualmente, estos actos se castigan bajo delitos como homicidio o lesiones, pero no existe una legislación clara que los tipifique, lo que dificulta su prevención y sanción. En otros estados, como Puebla e Hidalgo, también se han registrado propuestas para abordar este problema, pero en el Estado de México el tema no figura en las prioridades legislativas.
Un caso que conmocionó a la entidad ocurrió en diciembre de 2023 en Texcatitlán, donde 11 presuntos delincuentes fueron linchados por habitantes hartos de las extorsiones de la Familia Michoacana. Este incidente evidenció la desesperación de las comunidades ante la inacción de las autoridades y el aumento del crimen organizado.
Expertos en seguridad, como David Saucedo, señalan que la organización comunitaria, originalmente creada para fines sociales, está derivando en grupos de autodefensa similares a los vistos en Guerrero y Michoacán. La falta de confianza en las instituciones y el cobro de piso a comerciantes han exacerbado la violencia en la entidad.
A pesar de que la Constitución mexicana prohíbe expresamente los linchamientos, su recurrencia pone en evidencia una crisis en la impartición de justicia. La desconfianza en las autoridades, combinada con la impunidad, ha normalizado estas prácticas violentas que afectan el tejido social.
En el ámbito federal, iniciativas como la presentada en 2019 por la senadora Josefina Vázquez Mota para tipificar los linchamientos en el Código Penal Federal no han prosperado. En el Estado de México, la legislatura local, dominada por Morena, no ha mostrado avances en este tema, dejando a la población vulnerable ante la escalada de violencia.
La inseguridad en el Estado de México sigue siendo un desafío sin respuesta clara. Mientras los linchamientos reflejan el hartazgo ciudadano, la omisión legislativa perpetúa un ciclo de violencia que amenaza con agravarse en los próximos años.
El gobierno estatal no ha implementado protocolos efectivos para prevenir estos actos, a pesar de que en otros estados, como Hidalgo, se han establecido medidas como el Protocolo de Actuación Policial para el Control de Multitudes. En el Estado de México, la falta de acción concreta mantiene a las comunidades en un estado de indefensión.
La situación demanda una respuesta urgente de las autoridades. La ausencia de una estrategia integral para combatir la inseguridad y la falta de legislación específica para los linchamientos son un reflejo de las prioridades equivocadas del gobierno actual, dejando a los mexiquenses expuestos a un clima de violencia e impunidad.