Evadir a juez en el proceso de asegurar bienes podría convertirse en una realidad inminente para las fiscalías en México, según una propuesta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza este lunes. Esta medida representaría un giro drástico en las prácticas investigativas, permitiendo a las autoridades ministeriales actuar sin el control judicial previo, lo que genera serias preocupaciones sobre posibles abusos de poder en el ámbito federal. El proyecto, impulsado por la ministra María Estela Ríos, quien tiene vínculos directos con el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador, busca modificar un criterio establecido en 2018 que priorizaba la intervención de jueces para evitar excesos en las indagatorias. Evadir a juez de esta manera facilitaría el bloqueo de cuentas y activos sin orden judicial, un poder que hasta ahora solo ostenta la Unidad de Inteligencia Financiera, una entidad administrativa sin atribuciones constitucionales en la persecución de delitos.
Antecedentes de la Propuesta para Evadir a Juez
La idea de evadir a juez en el aseguramiento de bienes no es nueva, pero cobra relevancia ahora con la integración actual de la Corte. En 2018, la anterior composición del tribunal invalidó un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que permitía a las fiscalías asegurar activos financieros sin supervisión judicial. Esta decisión se tomó en un contexto donde el gobierno federal, bajo López Obrador, mostraba interés en expandir las facultades de las autoridades investigativas. Críticos argumentan que evadir a juez podría abrir la puerta a manipulaciones políticas, especialmente en un sistema donde las fiscalías estatales, pese a su supuesta autonomía, a menudo responden a los intereses de los gobernadores en turno. La propuesta actual sostiene que el aseguramiento es una medida provisional que no requiere control judicial, ya que los bienes pueden devolverse si no se prueba su vínculo con un delito.
El Rol de la Ministra Ríos en la Iniciativa
María Estela Ríos, exconsejera jurídica de AMLO, es la figura central en este debate. Su proyecto enfatiza que evadir a juez no implica una violación permanente de derechos, sino una herramienta temporal para agilizar investigaciones. Sin embargo, esta visión choca con precedentes que buscaban proteger a los ciudadanos de acciones arbitrarias por parte del Ministerio Público. Evadir a juez, según Ríos, se justifica en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiendo al Ministerio Público decretar el aseguramiento con apoyo policial durante una indagatoria. Esta postura beneficia directamente a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales, muchas de las cuales han sido acusadas de actuar bajo presiones políticas del gobierno federal o de Morena.
Implicaciones de Evadir a Juez en las Investigaciones
Evadir a juez para asegurar bienes podría transformar el panorama de la justicia en México, otorgando un poder desmedido a fiscalías que, en la práctica, no siempre operan con independencia. Imagínese un escenario donde cuentas bancarias se bloquean sin justificación judicial inmediata, afectando a individuos y empresas sin un debido proceso. Esta reforma, si se aprueba con el voto de al menos cinco ministros, establecería una jurisprudencia obligatoria que ignora lecciones del pasado sobre abusos en indagatorias. La Unidad de Inteligencia Financiera ha sido el único ente capaz de actuar así, pero su rol administrativo la distingue de las fiscalías, que tienen funciones persecutorias. Críticos del gobierno federal ven en esto una estrategia para consolidar control sobre opositores, recordando cómo en administraciones pasadas se usaron herramientas similares para intimidar a disidentes.
Contrastes con Posturas Previas de la Corte
En contraposición, la ministra Yasmín Esquivel ha defendido la necesidad de órdenes judiciales en aseguramientos. Su proyecto sobre un caso de la Fiscalía General de la República en un inmueble de Santa Fe argumenta que el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales exige autorización para actos que impacten derechos constitucionales. Evadir a juez, en su visión, representa un riesgo innecesario que podría erosionar la confianza en el sistema judicial. Esta discrepancia resalta las divisiones internas en la Corte, donde influencias del gobierno federal parecen inclinar la balanza hacia medidas más autoritarias. Evadir a juez no solo afecta a bienes financieros, sino a cualquier activo relacionado con un presunto delito, ampliando el alcance potencial de abusos.
Riesgos de Abusos al Evadir a Juez
El peligro de evadir a juez radica en la falta de controles que podrían prevenir manipulaciones. Fiscalías estatales, a menudo alineadas con gobernadores de Morena o aliados del gobierno federal, podrían usar esta facultad para perseguir agendas políticas en lugar de justicia genuina. Históricamente, México ha visto casos donde indagatorias se usan como armas contra opositores, y evadir a juez agravaría esta tendencia. La propuesta ignora que, aunque los bienes sean provisionales, el impacto en la vida de las personas es inmediato y devastador: familias podrían perder acceso a recursos esenciales sin un juez que evalúe la validez de la acción. Además, esto contrasta con estándares internacionales donde el control judicial es fundamental para salvaguardar derechos humanos.
Beneficios Potenciales y Críticas
Defensores de evadir a juez argumentan que acelera procesos contra el crimen organizado, permitiendo a la Fiscalía General de la República actuar con rapidez. Sin embargo, las críticas superan estos supuestos beneficios, destacando cómo el gobierno federal bajo AMLO ha impulsado reformas que centralizan poder. Evadir a juez podría fomentar un ambiente de impunidad para las autoridades, donde errores o malas intenciones no se corrigen timely. La autonomía de las fiscalías es un mito en muchos estados, y esta medida las empoderaría aún más sin contrapesos efectivos.
Contexto Político Amplio de la Reforma
En el marco de reformas judiciales recientes, evadir a juez se alinea con esfuerzos del gobierno federal por fortalecer instituciones afines. La Corte, con ministros como Ríos y Esquivel, refleja tensiones entre lealtades pasadas y principios constitucionales. Evadir a juez no es solo una cuestión técnica; es un reflejo de cómo el poder ejecutivo influye en el judicial, erosionando la separación de poderes. Analistas ven paralelismos con otras naciones donde medidas similares han llevado a autoritarismo velado, y en México, con su historia de corrupción, el riesgo es mayor.
Expertos en materia penal, consultados en reportes de agencias informativas especializadas, han expresado alarma ante esta posible cambio, señalando que podría revertir avances en derechos humanos logrados en décadas pasadas.
Documentos y análisis de observatorios jurídicos independientes destacan que reformas como esta han sido debatidas en foros nacionales, donde se advierte sobre el potencial para abusos sistemáticos en el sistema de justicia.
Informes recopilados por medios de comunicación con trayectoria en cobertura política indican que decisiones similares en el pasado han generado controversias, afectando la percepción pública de imparcialidad en las instituciones.
