Exigen retiro de casetas abandonadas en Chihuahua

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El problema persistente del retiro de casetas

Retiro de casetas se ha convertido en una urgencia para las ciudades mexicanas, donde miles de estructuras obsoletas ocupan espacios públicos sin utilidad alguna. En Chihuahua, la regidora Rosa Carmona Carmona, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, ha elevado la voz contra la inacción federal que mantiene estas casetas telefónicas como un estorbo visual y urbano. Estas cabinas, pertenecientes a Telmex, llevan años descontinuadas, funcionando en su momento con tarjetas prepago, pero ahora solo generan basura y deterioro en las calles.

El retiro de casetas no es un capricho local, sino una necesidad derivada de la evolución tecnológica. Con el auge de los teléfonos celulares y el internet móvil, estas estructuras han perdido toda relevancia, convirtiéndose en refugios para vandalismo y acumulación de desechos. La regidora priista ha señalado directamente a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) por su lentitud en otorgar autorizaciones, un problema que se arrastra desde la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por decreto presidencial.

Impacto urbano del retiro de casetas pendiente

En Chihuahua, el retiro de casetas pendiente ha generado preocupación entre los ciudadanos y autoridades municipales. Estas cabinas, más de 500 mil a nivel nacional según estimaciones, obstruyen banquetas, afectan la accesibilidad para peatones y contribuyen a una imagen urbana degradada. Rosa Carmona ha enfatizado que Telmex ha solicitado permisos durante años sin respuesta, dejando a las ciudades en un limbo regulatorio que favorece la inercia burocrática del gobierno federal.

El retiro de casetas podría liberar espacios para mejoras urbanas, como áreas verdes o estacionamientos, pero la falta de decisión de la ATDT mantiene el statu quo. Esta situación refleja un fracaso en la transformación digital prometida, donde promesas de modernidad chocan con realidades obsoletas heredadas de concesiones antiguas.

Antecedentes regulatorios y el rol de Telmex

El retiro de casetas está atado a obligaciones legales que datan de 1990, cuando se modificó el título de concesión de Telmex. La condición 3-5 obliga a la empresa a instalar y mantener casetas telefónicas públicas, expandiéndolas cada cuatro años, una regla anacrónica en la era digital. Telmex, propiedad de Carlos Slim, ha expresado su deseo de eliminar estas estructuras, argumentando que ya no se fabrican tarjetas ni piezas de repuesto, pero sin autorización federal, sus manos están atadas.

La desaparición del IFT en 2024, impulsada por el gobierno de Morena bajo Claudia Sheinbaum, transfirió responsabilidades a la ATDT y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pero esta transición ha sido caótica, dejando vacíos que afectan directamente el retiro de casetas. Críticos opositores, como la regidora Carmona, acusan al régimen federal de generar incertidumbre regulatoria que prioriza decretos políticos sobre soluciones prácticas.

Consecuencias nacionales del retraso en el retiro de casetas

A nivel país, el retiro de casetas representa un desafío masivo, con medio millón de unidades abandonadas que simbolizan el rezago tecnológico. En estados como Chihuahua, este problema se agrava por el clima extremo, donde las cabinas vandalizadas se convierten en focos de inseguridad. La oposición priista ha utilizado este tema para cuestionar la eficiencia de las secretarías de Estado, exigiendo que la ATDT asuma responsabilidades heredadas del IFT sin más demoras.

El retiro de casetas no solo mejoraría la estética urbana, sino que alinearía a México con estándares globales de conectividad, donde el enfoque está en redes 5G y fibra óptica en lugar de relicto del pasado. Sin embargo, la burocracia federal parece ignorar estas demandas, perpetuando un sistema que beneficia a nadie.

La voz de la oposición y demandas locales

En Chihuahua, el retiro de casetas ha sido impulsado por figuras como Rosa Carmona, quien desde la Comisión de Desarrollo Urbano denuncia la omisión federal. "No es aceptable que existan más de 500 mil teléfonos públicos abandonados mientras no hay postura clara de las nuevas autoridades", ha declarado la regidora, destacando cómo esta inacción afecta a comunidades vulnerables que aún necesitan conectividad básica.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ve en el retiro de casetas una oportunidad para criticar al gobierno central, argumentando que la transformación digital no se logra con inercias del pasado. Municipios como el de Chihuahua exigen criterios técnicos actualizados que respondan a la realidad, pero la respuesta de la ATDT ha sido nula, alimentando frustraciones locales.

Posibles soluciones para acelerar el retiro de casetas

Para avanzar en el retiro de casetas, se propone una revisión inmediata de las obligaciones heredadas del IFT por parte de la ATDT. Esto incluiría evaluaciones técnicas que consideren la cobertura celular actual, eliminando requisitos obsoletos. En Chihuahua, el Ayuntamiento podría colaborar con Telmex una vez otorgada la autorización, asegurando un proceso ordenado que priorice la seguridad pública.

El retiro de casetas también podría integrarse a planes de desarrollo urbano sostenible, transformando espacios liberados en zonas peatonales o puntos de carga para dispositivos móviles. Sin embargo, sin la intervención decisiva del gobierno federal, estas ideas permanecen en el aire.

Reflexiones finales sobre el retiro de casetas

El retiro de casetas sigue siendo un pendiente que resalta las fallas en la gobernanza digital de México. Mientras ciudades como Chihuahua lidian con estas estructuras fantasmales, la ATDT debe dar la cara y definir reglas modernas que impulsen la verdadera innovación.

Como se ha reportado en publicaciones especializadas en tecnología, el acuerdo de concesión de Telmex data de hace décadas y bloquea cualquier acción unilateral, agravando el problema en múltiples estados.

Informes de medios nacionales indican que la disolución del IFT ha dejado un vacío que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones intenta llenar, pero con lentitud que frustra a autoridades locales.

Según detalles compartidos en análisis periodísticos, el número de casetas abandonadas supera las expectativas, y solo una coordinación federal-municipal podría resolver este rezago urbano de manera efectiva.