Violencia e inseguridad en México han alcanzado niveles alarmantes bajo el gobierno federal, y el PRI no se queda callado. Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, liderados por su coordinador Roberto Medina, han arremetido con duras críticas contra la administración central por su aparente omisión ante la escalada de crímenes que azotan al país. Este posicionamiento surge en medio de un contexto nacional donde los homicidios dolosos superan los 225 mil en siete años, dejando un rastro de familias destrozadas y comunidades aterrorizadas. La violencia e inseguridad no solo amenaza la vida cotidiana, sino que socava la confianza en las instituciones, especialmente cuando el crimen organizado parece dictar las reglas en vastos territorios.
El detonante más reciente de estas denuncias ha sido el brutal asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, un hecho que Medina calificó como "lamentable" y evitable. A pesar de las solicitudes previas de refuerzos de seguridad para el municipio, la respuesta federal llegó tarde, cuando ya era imposible revertir la tragedia. "Van diez alcaldes asesinados tan solo en este sexenio", enfatizó el legislador, subrayando cómo el crimen organizado controla el territorio y elimina sin piedad a quienes se atreven a oponerse. Esta violencia e inseguridad rampante no es un incidente aislado, sino un patrón que revela la debilidad de las estrategias de seguridad implementadas desde el centro del país.
Escalada de la violencia e inseguridad: cifras que aterrorizan
Las estadísticas no mienten y pintan un panorama desolador. En los últimos siete años, México ha registrado 225 mil homicidios dolosos, una cifra que ilustra la magnitud de la crisis de violencia e inseguridad. Cada número representa una vida truncada, una familia en duelo y una sociedad que clama por protección. El PRI, en su rol de oposición, ha destacado cómo esta ola de criminalidad deja niños huérfanos y comunidades enteras bajo el yugo del miedo, todo ello agravado por la ausencia de una acción federal decidida y coordinada.
El caso de Uruapan: un ejemplo trágico de negligencia
El asesinato de Carlos Manzo en Uruapan no es solo una pérdida personal, sino un símbolo de la violencia e inseguridad que permea los gobiernos locales. La viuda del alcalde, quien asumió el cargo tras su muerte, expresó su frustración en términos claros: el gobierno federal "hoy sí volteaba a ver a Uruapan", pero solo después de la tragedia, en un intento tardío de "blindar" el municipio. Esta declaración resuena como un eco de las quejas generalizadas de alcaldes y autoridades estatales, que se sienten abandonados ante la vorágine delictiva. El PRI ve en este episodio una falla sistémica, donde las peticiones de ayuda se diluyen en la burocracia central.
Críticas al presupuesto federal: recortes que alimentan la inseguridad
En el marco de la discusión del Presupuesto Federal, el PRI ha elevado el tono contra lo que califica como una "disminución enorme" en rubros esenciales. La violencia e inseguridad no se combate con palabras, sino con recursos adecuados, y los legisladores priistas argumentan que el proyecto actual prioriza "obras fantasmas" e ineficientes en detrimento de la seguridad pública, el apoyo al campo, la salud y la educación. Esta redistribución presupuestal, según Medina, agrava la vulnerabilidad de los ciudadanos, permitiendo que el crimen organizado prospere sin contrapesos efectivos.
Impacto en la protección de mujeres: un recorte inaceptable
La violencia e inseguridad adquiere dimensiones aún más graves cuando se enfoca en la población femenina. El PRI denunció la eliminación de estancias infantiles y una reducción del 20% en los fondos para la protección de víctimas de violencia de género, pasando de 380 a 307 millones de pesos. En 2025, se han reportado 1,426 mujeres víctimas de homicidio doloso, una estadística que clama por medidas urgentes y no por recortes que dejan desprotegidas a las más vulnerables. Medina ilustró esta preocupación con un incidente reciente: un acosador que se acercó a la Presidenta de la República en un evento público, planteando la pregunta inevitable: "¿Qué esperaremos los ciudadanos de a pie?" Esta anécdota subraya cómo la violencia e inseguridad permea todos los estratos, desde los más altos hasta los más humildes.
El compromiso del PRI con la unidad de su bancada se reafirma en estos momentos críticos. Roberto Medina dedicó palabras al fallecido diputado Fernando Chacón, prometiendo avanzar en sus proyectos pendientes en el Distrito 13, un gesto que humaniza la lucha política y la vincula directamente con las necesidades locales. En un país donde la violencia e inseguridad dicta el ritmo de la vida diaria, esta cohesión opositora busca ser un contrapeso necesario, presionando por cambios que vayan más allá de las declaraciones.
La violencia e inseguridad en México no es un fenómeno nuevo, pero su intensificación bajo el actual sexenio exige respuestas inmediatas y contundentes. El PRI, desde su posición en el Congreso, no solo critica, sino que propone un enfoque integral que incluya mayor inversión en inteligencia policial, coordinación interestatal y programas preventivos que ataquen las raíces socioeconómicas del crimen. Sin embargo, mientras el gobierno federal persista en políticas que parecen insuficientes, la brecha entre la autoridad y el ciudadano se ensanchará, alimentando un ciclo vicioso de desconfianza y temor.
Analizando el panorama más amplio, la violencia e inseguridad se entreteje con desafíos como la corrupción en las cadenas de mando y la influencia transnacional de cárteles que operan con impunidad. Expertos en seguridad pública coinciden en que sin una reforma profunda en el modelo de procuración de justicia, las cifras seguirán escalando. El PRI aboga por un pacto nacional que trascienda partidos, pero mientras tanto, sus voces sirven como recordatorio de las promesas incumplidas y las vidas en riesgo constante.
En las últimas sesiones legislativas, como las reportadas en medios locales de Chihuahua, se ha intensificado el debate sobre estos temas, con intervenciones que citan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para respaldar las demandas de mayor presupuesto. Asimismo, declaraciones de familiares de víctimas, recogidas en portales de noticias regionales, refuerzan la urgencia de actuar, recordando que detrás de cada estadística hay historias de dolor que no pueden ignorarse.