La liquidación a exjuez Luis Francisco de León Merino representa un caso emblemático en el ámbito judicial de Chihuahua, donde el Tribunal Superior de Justicia enfrenta una orden inminente de pago que podría derivar en sanciones penales si no se cumple. Este conflicto surge de la reforma al Poder Judicial estatal, que ha generado múltiples controversias sobre los derechos de los juzgadores separados de sus cargos. En un contexto de tensiones entre el Ejecutivo estatal y el Poder Judicial, la jueza federal Madhay Soto Morales ha intervenido para garantizar el cumplimiento de la ley, destacando la importancia de la suspensión definitiva en el juicio de amparo número 41/2025VI-1.
El proceso comenzó en marzo de 2025, cuando De León Merino, actuando en representación de su hija menor de edad, interpuso el amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito. La medida buscaba proteger no solo sus derechos laborales, sino también el bienestar de la adolescente, incluyendo acceso a servicios médicos y la libertad para ejercer la abogacía sin restricciones. La jueza concedió rápidamente una suspensión provisional, y poco antes de las elecciones de junio de 2025, otorgó la suspensión definitiva, que quedó firme en julio del mismo año. Esta orden obligaba al Órgano de Administración Judicial (OAJ) a pagar la liquidación completa conforme a la Constitución, al momento de la separación del cargo.
Desacato al pago de liquidación a exjuez genera tensión judicial
A pesar de la claridad de la resolución, el Estado de Chihuahua incumplió la orden. El 1 de septiembre de 2025, cuando asumieron funciones los nuevos jueces y magistrados, el TSJ no efectuó el pago integral de la liquidación a exjuez De León Merino. En su lugar, el 9 de septiembre, lo citaron en la Dirección de Recursos Humanos, pero solo le entregaron tres meses de salario base, ignorando el resto de las prestaciones. Este acto de omisión provocó que el exjuez regresara al Juzgado de Distrito, solicitando medidas por el desacato evidente.
La jueza Soto Morales, al recibir la queja, requirió informes detallados a la presidenta del TSJ, Marcela Herrera Sandoval, y a la titular del OAJ, Karla Esmeralda Reyes Orozco. En su respuesta, Reyes Orozco admitió la existencia de la partida presupuestaria 15201, destinada específicamente a indemnizaciones por juicios de amparo, incluyendo el de De León Merino. Sin embargo, argumentaron que cumplir plenamente con la suspensión dejaría sin materia el juicio principal, una justificación que la jueza rechazó categóricamente. Según ella, la suspensión es una orden firme, no sujeta a interpretaciones discrecionales, y su incumplimiento viola directamente la Ley de Amparo.
Reforma judicial y sus impactos en la liquidación a exjuez
La reforma al Poder Judicial de Chihuahua, aprobada por el Congreso estatal, ha sido el detonante de esta disputa. Esta modificación altera las disposiciones constitucionales sobre indemnizaciones para juzgadores que no alcanzan pensión o jubilación al separarse. De León Merino argumentó que la ley contraviene garantías federales, afectando no solo su estabilidad económica, sino la de su familia. El caso ilustra cómo cambios legislativos pueden colisionar con derechos adquiridos, generando un flujo constante de amparos similares en la región. Expertos en derecho constitucional señalan que estas reformas buscan eficiencia, pero a menudo sacrifican protecciones laborales consolidadas.
En el marco de esta batalla legal, el interés superior de la menor ha sido un pilar recurrente. La hija de De León Merino, representada por su padre, depende de estos recursos para su desarrollo integral. La jueza enfatizó que cualquier demora en la liquidación a exjuez no solo perjudica al individuo, sino que socava la confianza en el sistema judicial. Chihuahua, como estado fronterizo, enfrenta presiones adicionales por su proximidad a Estados Unidos, donde temas de migración y comercio exigen un Poder Judicial robusto y predecible.
Audiencia clave resuelve el incumplimiento en liquidación a exjuez
La audiencia de exceso o defecto, celebrada el 26 de septiembre de 2025, marcó un punto de inflexión. En ella, la jueza Soto Morales ordenó al Consejo de la Judicatura, al OAJ, a su presidencia y a la Dirección de Recursos Humanos efectuar el pago en 24 horas: pensión complementaria al 60 por ciento, finiquito de tres meses de salario integral más 20 días por año trabajado, y todas las prestaciones de ley. El plazo vence precisamente hoy, 30 de septiembre, y el exjuez fue notificado un día antes, al igual que el Tribunal.
La resolución apercibió a las autoridades de posibles denuncias ante el Ministerio Público Federal por delitos tipificados en las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. Esto incluye multas y hasta prisión por desacato. La jueza dejó sin materia el incidente contra la Presidencia del TSJ, el Congreso y la gobernadora, ya que no fueron requeridos directamente en esta fase. No obstante, el mensaje es claro: el Poder Judicial estatal no puede eludir órdenes federales bajo pretextos administrativos.
Sanciones por desacato en el contexto de la liquidación a exjuez
El potencial de sanciones añade gravedad al caso. Si el TSJ no procede con la liquidación a exjuez De León Merino, las autoridades responsables podrían enfrentar procesos penales, lo que erosionaría aún más la credibilidad del sistema. Este precedente podría influir en otros amparos pendientes, promovidos por juzgadores afectados por la misma reforma. En Chihuahua, donde el gobierno estatal ha impulsado cambios para modernizar la justicia, casos como este resaltan la necesidad de equilibrar innovación con respeto a los derechos humanos.
De León Merino, en declaraciones previas, ha subrayado que su lucha trasciende lo personal; busca sentar un ejemplo para que futuras reformas no dejen desprotegidos a quienes han dedicado décadas al servicio público. La disponibilidad presupuestaria confirmada por el OAJ desmonta excusas financieras, apuntando a un posible conflicto de competencias entre niveles de gobierno. Analistas locales observan que este tipo de disputas podrían escalar a instancias nacionales, involucrando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La dinámica entre el Congreso del Estado y el Ejecutivo, bajo la gobernadora actual, ha intensificado el escrutinio sobre cómo se manejan estos recursos. La partida 15201, con fondos específicos para indemnizaciones, evidencia planificación, pero su no utilización sugiere prioridades políticas sobre obligaciones legales. En un estado con desafíos económicos como Chihuahua, donde la industria maquiladora y el turismo demandan estabilidad, resolver estos litigios de manera expedita es crucial para mantener la inversión y la paz social.
Además, el rol de la familia en estos procesos judiciales añade una capa humana. La menor representada por De León Merino simboliza a miles de dependientes de servidores públicos, cuya vulnerabilidad se agrava con demoras en pagos. La jueza Soto Morales, al priorizar el interés superior del niño, alinea su fallo con principios internacionales ratificados por México, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Implicaciones futuras de la orden de liquidación a exjuez
Más allá del pago inmediato, este caso invita a reflexionar sobre la independencia judicial en México. La reforma en Chihuahua, similar a esfuerzos federales, pretende depurar el Poder Judicial, pero genera resistencias cuando toca beneficios adquiridos. La liquidación a exjuez De León Merino podría servir como catalizador para diálogos entre legisladores y magistrados, fomentando reformas que incluyan transiciones justas para los afectados.
En términos prácticos, el cumplimiento hoy evitaría no solo sanciones, sino también costos adicionales por litigios prolongados. El TSJ, con su estructura compleja, debe navegar entre lealtades institucionales y mandatos federales. Este equilibrio es vital en un país donde la confianza en la justicia flaquea, según encuestas recientes del INEGI.
Finalmente, como se detalla en reportes de medios locales como El Diario de Chihuahua, la notificación a las partes involucradas se realizó de manera oportuna, permitiendo el plazo de 24 horas para el pago. Fuentes cercanas al Juzgado Décimo de Distrito confirman que la resolución se basa en precedentes de la Ley de Amparo, asegurando su aplicabilidad inmediata. Además, observadores judiciales en Chihuahua han mencionado en conversaciones informales que este fallo podría influir en al menos una docena de amparos similares pendientes, promoviendo una mayor accountability en el manejo de presupuestos para indemnizaciones.
