La federación ha borrado al 42% de lecheros pequeños del programa de apoyo lácteo, dejando en jaque a cientos de familias en regiones productoras como Chihuahua. Esta drástica medida, impulsada por cambios en las políticas de Liconsa, el organismo gubernamental responsable de la compra y distribución de leche, ha generado un descontento profundo entre los afectados, quienes ven cómo sus esfuerzos por mantener viva la tradición ganadera se ven truncados por decisiones que priorizan a los grandes productores. En un contexto donde el sector social lácteo lucha por su supervivencia, esta eliminación masiva no solo representa una pérdida numérica, sino un golpe al tejido económico rural que depende de estos incentivos institucionales.
Impacto devastador en el sector social lácteo
Desde 2018, el número de pequeños lecheros integrados al programa federal ha caído en picada. De los 1,200 productores que formaban parte del esquema, solo quedan 700 activos, una reducción que equivale exactamente al 42% mencionado en las quejas del sector. Estos lecheros, muchos de ellos con hatos modestos de entre una y 30 vacas, eran el corazón del programa original de Liconsa, diseñado para rescatar a quienes no podían competir en el mercado abierto. Hoy, esa visión inclusiva parece un recuerdo lejano, ya que las reglas han evolucionado para acomodar a hatos mucho más grandes, desplazando a los más vulnerables.
El coordinador del sector social de lecheros, Santos Anchondo Nájera, ha sido uno de los voceros más claros en esta crisis. En declaraciones recientes, enfatizó que "no debemos permitir que el sector social desaparezca", subrayando cómo las políticas actuales están erosionando el núcleo del apoyo lácteo. Esta eliminación del 42% de lecheros no es un ajuste técnico, sino una transformación que beneficia desproporcionadamente a los grandes ganaderos, quienes ahora acaparan los códigos de registro necesarios para vender su producción a la paraestatal. Para los pequeños, esto significa la imposibilidad de acceder al canal institucional, obligándolos a buscar compradores privados a precios volátiles y a menudo ruinosos.
Cambios en las políticas de Liconsa: de apoyo a exclusión
Evolución de los límites en el programa de compra de leche
El programa de compra de leche de Liconsa surgió como una herramienta clave para estabilizar la producción láctea en México, enfocándose en los productores marginales que generan empleo rural y contribuyen a la soberanía alimentaria. Inicialmente, solo se integraban hatos con hasta 30 cabezas de ganado, un umbral que fomentaba la participación de familias campesinas en comunidades como Delicias, Chihuahua. Sin embargo, con el paso de los años, este límite se ha inflado de manera progresiva: primero a 50 vacas, luego a 100, y actualmente hasta 500. Esta expansión, aunque presentada como una forma de aumentar el volumen de adquisición, ha tenido el efecto contrario para los lecheros pequeños, borrándolos del mapa del apoyo federal.
Los nuevos códigos de registro, esenciales para participar en las compras institucionales, se otorgan casi de forma exclusiva a estos grandes productores. Como resultado, el 42% de lecheros afectados se encuentran en un limbo comercial, sin poder entregar su leche a precios garantizados. Esta dinámica no solo agrava la desigualdad en el sector ganadero, sino que pone en riesgo la cadena de suministro lácteo nacional, donde los pequeños contribuyen con una porción vital de la producción fresca y local.
Falta de diálogo y promesas incumplidas
Otro aspecto alarmante es la desaparición del diálogo entre Liconsa y el sector social. Anchondo Nájera ha denunciado que ni el delegado estatal, Gregorio Chávez, ni los funcionarios federales responden a las llamadas o peticiones formales. Esta opacidad contrasta con las promesas iniciales de apertura y colaboración, que parecían un pilar del nuevo enfoque gubernamental en el campo. Entre los compromisos pendientes destacan la recepción de leche caliente, una medida que facilitaría la entrega sin necesidad de enfriamiento costoso para los pequeños establos, y el apoyo para equipamiento básico, como tanques y sistemas de higiene, que mejorarían la eficiencia operativa.
Sin estos avances, los lecheros enfrentan costos adicionales que merman sus márgenes ya estrechos. La federación, al ignorar estas demandas, no solo borra al 42% de lecheros del registro, sino que erosiona la confianza en las instituciones. En regiones como Chihuahua, donde la lechería es un pilar económico, esta situación podría desencadenar una cascada de quiebras familiares y migración rural, profundizando problemas sociales más amplios.
Consecuencias económicas y sociales para Chihuahua y el país
El impacto de borrar al 42% de lecheros trasciende lo local. En Chihuahua, estado líder en producción láctea, esta exclusión amenaza con reducir la oferta de leche fresca en mercados regionales, afectando a consumidores y distribuidores por igual. Económicamente, los pequeños productores generan empleo indirecto en servicios como transporte, veterinaria y mantenimiento de pastizales, un ecosistema que se desmorona sin el colchón del programa federal. A nivel nacional, el sector lácteo social representa una barrera contra la dependencia de importaciones, y su debilitamiento podría elevar los precios al consumidor y comprometer la autosuficiencia alimentaria.
Expertos en agroeconomía señalan que estas políticas, aunque buscan eficiencia a corto plazo, ignoran el valor social de la lechería familiar. Los grandes productores, con economías de escala, pueden absorber fluctuaciones de mercado, pero los pequeños dependen de estabilidad para invertir en mejoramiento genético o sostenibilidad ambiental. Sin intervención, el 42% de lecheros borrados podría convertirse en un precedente para otros sectores rurales, donde el apoyo federal se diluye en favor de corporativos.
Hacia un futuro incierto: la voz de los productores
Los lecheros de la región, conocidos por su temple y preferencia por el trabajo silencioso, ahora contemplan opciones que nunca imaginaron. Anchondo Nájera ha advertido que "a los productores de la región no les gusta manifestarse, pero la actitud que ha adoptado la federación está obligándolos a alzar la voz nuevamente". Esta amenaza de movilizaciones refleja un hartazgo acumulado, donde la eliminación del 42% de lecheros se percibe como una traición a los ideales de equidad rural. Organizaciones como la Unión Nacional de Ganaderos Diversificados podrían unirse a la causa, amplificando demandas por una revisión de los criterios de inclusión en Liconsa.
En este panorama, surge la necesidad de equilibrar volumen con inclusión. Mientras los grandes hatos dominan las compras, los pequeños buscan alternativas como cooperativas locales o ventas directas a comunidades, pero estas opciones no compensan la pérdida de ingresos estables. El debate sobre el futuro del programa lácteo federal se intensifica, con llamados a restaurar los límites originales y priorizar al sector social que, irónicamente, fue el germen de Liconsa décadas atrás.
Para contextualizar esta crisis, vale mencionar que reportes de medios locales como El Diario de Chihuahua han documentado casos similares en otros estados productores, donde pequeños lecheros relatan pérdidas similares. Asimismo, declaraciones de líderes sindicales en foros agropecuarios han eco de estas quejas, insistiendo en la urgencia de diálogo restaurado. Incluso, análisis de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, aunque no siempre públicos, aluden a ajustes presupuestales que podrían explicar la rigidez actual, sin que eso mitigue el dolor de los afectados en el día a día.
Esta situación, lejos de resolverse, invita a reflexionar sobre el rol del Estado en la protección de economías vulnerables. Mientras tanto, en rincones como Delicias, las vacas siguen ordeñándose al amanecer, pero sin el respaldo prometido, el eco de las protestas podría pronto resonar en las plazas públicas.