Adeudan 40 mil cuentas más de 2 mil 500 mdp a la JMAS, un problema que afecta directamente la sostenibilidad del servicio de agua en Chihuahua. Esta situación revela las dificultades financieras que enfrenta la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en la capital del estado, donde miles de usuarios residenciales y comerciales acumulan deudas por más de dos años y medio mil millones de pesos, incluyendo intereses y recargos. A pesar de que Chihuahua ofrece una de las tarifas más bajas del país por el suministro de agua potable, el rezago en los pagos genera un círculo vicioso que impacta en la operación diaria y en las inversiones futuras para mejorar la infraestructura hidráulica.
La deuda acumulada no es solo un número en los libros contables; representa un obstáculo real para el mantenimiento de pozos profundos y el pago de altos consumos energéticos necesarios para extraer el recurso en una zona árida como Chihuahua. Según estimaciones recientes, el pasivo total podría ascender a esos 2 mil 500 mdp si se consideraran todos los cargos adicionales, aunque la JMAS prioriza la recuperación gradual sin presionar excesivamente a los deudores. Este enfoque conciliatorio contrasta con prácticas más agresivas en otras ciudades, donde se aplican embargos rutinarios, y pone de manifiesto la política de la actual administración municipal de Maru Campos, que ha evitado cualquier procedimiento coercitivo durante su gestión.
El Programa de Regularización: Una Oportunidad para Resolver la Deuda
En respuesta a esta crisis, la JMAS anuncia un programa especial de regularización que entrará en vigor el primero de noviembre de 2025. Este iniciativa busca incentivar a los morosos ofreciendo descuentos significativos en recargos e intereses, con el objetivo ambicioso de recuperar al menos 800 millones de pesos antes de que concluya la administración estatal. Alan Falomir, director de la JMAS, ha enfatizado que el foco está en normalizar la mayoría de las 40 mil cuentas afectadas, tanto habitacionales como comerciales, que llevan más de un año en mora.
El programa no es una novedad absoluta; de hecho, se ha implementado anualmente en los últimos tres años con resultados positivos, permitiendo que muchos usuarios se pongan al día sin comprometer su economía familiar. Sin embargo, esta edición se presenta como la más robusta hasta la fecha, adaptada a la magnitud de la cartera vencida que ahora adeudan 40 mil cuentas más de 2 mil 500 mdp a la JMAS. Los descuentos podrían reducir el monto recuperable a entre 700 y 800 millones de pesos, enfocándose exclusivamente en conceptos de agua, drenaje y saneamiento, lo que liberaría recursos para obras prioritarias como la rehabilitación de redes y la expansión de cobertura en colonias periféricas.
Tarifas Bajas en Chihuahua: ¿Un Factor que Agrava la Deuda?
Uno de los aspectos más destacados en el análisis de esta deuda es el costo accesible del servicio en Chihuahua. Mientras que en otras entidades del país la cuota mínima por agua potable ronda los 450 o 470 pesos mensuales, en la capital chihuahuense el 49% de los usuarios paga menos de 250 pesos al mes. Esta tarifa baja posiciona a Chihuahua como una de las ciudades más económicas en materia de servicios hidráulicos, pero también genera un dilema: ¿por qué, a pesar de estos precios competitivos, persiste un adeudo tan elevado que suma más de 2 mil 500 mdp?
La respuesta radica en los elevados costos operativos inherentes a la geografía local. La extracción de agua requiere bombear desde profundidades considerables, lo que incrementa el consumo de energía y, por ende, los gastos para la JMAS. Estos sobrecostos no se trasladan directamente a los usuarios, manteniendo las tarifas bajas, pero erosionan las finanzas de la paramunicipal. En este contexto, las 40 mil cuentas en mora no solo representan un flujo de caja perdido, sino un freno a la modernización del sistema, como la implementación de tecnologías para monitoreo remoto de consumos o la construcción de plantas de tratamiento más eficientes.
Impacto Económico y Social de la Cartera Vencida
La cartera vencida de la JMAS tiene ramificaciones que van más allá de lo financiero, afectando la equidad en el acceso al agua potable en Chihuahua. En un estado donde la escasez hídrica es un desafío crónico, agravado por el cambio climático y el crecimiento urbano desordenado, la acumulación de deudas impide inversiones clave en infraestructura. Por ejemplo, colonias de bajos ingresos, que concentran una porción significativa de las cuentas morosas, podrían beneficiarse de subsidios ampliados o programas de pago fraccionado, pero la falta de liquidez lo complica todo.
Además, este rezago en pagos contribuye a un círculo vicioso: menos ingresos para la JMAS significa menos capacidad para subsidiar a usuarios vulnerables, lo que a su vez aumenta la morosidad. Expertos en gestión pública sugieren que integrar educación financiera en campañas de la JMAS podría mitigar esto, promoviendo el pago oportuno como una responsabilidad compartida para el bien común. Mientras tanto, la dependencia de programas de regularización anuales se convierte en una muleta temporal, sin abordar raíces estructurales como la informalidad económica en sectores comerciales que forman parte de las 40 mil cuentas adeudando más de 2 mil 500 mdp a la JMAS.
Medidas Alternativas: Conciliación vs. Coerción en la Recuperación de Deudas
A diferencia de otras administraciones que optan por el camino de los embargos y procedimientos administrativos de ejecución (PAE), la JMAS bajo la dirección de Alan Falomir apuesta por la empatía. "No creemos que esa sea la manera", ha declarado el funcionario, refiriéndose a la evitación total de medidas coercitivas durante el trienio de Maru Campos. Esta filosofía prioriza la regularización voluntaria, abriendo ventanas de oportunidad al cierre de cada año fiscal para que los deudores se acoplen sin penalizaciones excesivas.
Esta estrategia ha demostrado ser efectiva en ediciones previas, donde se lograron avances notables en la reducción de la cartera vencida. No obstante, críticos argumentan que una mayor firmeza podría acelerar la recuperación de los 2 mil 500 mdp adeudados, liberando fondos para emergencias como sequías prolongadas o reparaciones urgentes en tuberías obsoletas. En un panorama donde el agua es un recurso estratégico, equilibrar la conciliación con incentivos fiscales se presenta como el camino idóneo para Chihuahua, evitando confrontaciones que podrían alienar a la ciudadanía.
Perspectivas Futuras: Hacia una Gestión Sostenible del Agua
Mirando hacia el cierre de la administración estatal, el programa de noviembre representa un punto de inflexión para la JMAS. Con metas claras de normalizar la mayoría de las cuentas morosas, se espera que esta iniciativa no solo inyecte vitalidad económica a la paramunicipal, sino que también fomente una cultura de pago responsable entre los usuarios. La combinación de tarifas bajas y descuentos atractivos podría servir de modelo para otras ciudades del norte de México, donde problemas similares de morosidad afectan la prestación de servicios públicos.
En última instancia, resolver esta deuda acumulada requiere un esfuerzo conjunto entre gobierno, empresas y hogares. Invertir en eficiencia energética para reducir costos de bombeo, por ejemplo, podría estabilizar las finanzas sin necesidad de alzas tarifarias. Así, Chihuahua podría transitar de una posición reactiva a una proactiva en la gestión del agua, asegurando que el recurso llegue a todos sin interrupciones.
En discusiones recientes con representantes de la industria hidráulica, se ha mencionado que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía respaldan estas cifras de morosidad en paramunicipales del país, alineándose con reportes locales de la JMAS. Por otro lado, observadores independientes han destacado en foros estatales cómo la administración de Maru Campos ha mantenido esta línea conciliatoria, según declaraciones públicas de Alan Falomir en conferencias de prensa. Finalmente, análisis de la Cámara de Comercio de Chihuahua sugieren que programas similares han incrementado la recaudación en un 20% en años previos, sin recurrir a embargos.
