Huachicol, el combustible robado que ha sembrado terror en regiones petroleras de México, vuelve a ser el centro de una historia escalofriante que expone la red de violencia y corrupción en Tabasco. Ramón Martínez Armengol, un empresario tabasqueño dueño de Corporativo Paragas, abrió en agosto de 2018 una gasolinera en la carretera a Samarkanda, en Villahermosa, con la ilusión de un negocio legítimo. Sin embargo, apenas tres meses después, su vida se transformó en una pesadilla orquestada por criminales vinculados a "La Barredora", una célula delictiva que opera con impunidad en el estado. El huachicol no solo representaba un delito económico, sino una trampa mortal: "Vendía huachicol o me mataban", resume Martínez en su testimonio, revelando cómo la extorsión lo arrastró a un ciclo de amenazas, secuestros y traiciones que involucran hasta a altos funcionarios públicos.
La irrupción de los extorsionadores ocurrió el 18 de noviembre de 2018, cuando Savier Eduardo Vázquez Orellana, conocido como "El Blin Blin", operador clave de "La Barredora", junto con el abogado Manuel de Atocha Romero Hernández —hombre de confianza de Hernán Bermúdez Requena— y un sujeto armado, irrumpieron en la gasolinera. Le exigieron recibir y vender huachicol de inmediato, bajo la amenaza de dañar a su familia. Tenían datos precisos: su domicilio, información personal y fotos de sus seres queridos. La primera entrega fue una pipa de 30 mil litros, equivalente a 600 mil pesos en ventas en solo tres días, a un precio rebajado de 15 o 16 pesos por litro, cuando el mercado legal cotizaba a 20 pesos. Martínez, acorralado, no tuvo opción: "Me dijeron que, a partir de ese momento, les tenía que recibir una pipa con huachicol", relató, describiendo cómo el esquema escaló a tres pipas semanales, totalizando 90 mil litros y 1.8 millones de pesos en valor de mercado. La mitad de las ganancias —alrededor de 900 mil pesos— debían entregarse directamente a Bermúdez Requena, quien emergió como el cerebro financiero de la operación.
El esquema del huachicol: una red de pipas y escoltas armados
El huachicol fluía con precisión militar. Las pipas llegaban escoltadas por camionetas blancas que simulaban ser de la Fiscalía General de la República (FGR), un disfraz que aterrorizaba a Martínez y disuadía cualquier denuncia. Inicialmente, las utilidades se canalizaban a un contacto apellidado Rosete, pero pronto todo confluía en Bermúdez y su lugarteniente, Ulises Pinto Madera, alias "El Mamado", número dos de "La Barredora". Martínez, forzado a participar, documentó todo: fotografías de las pipas, placas y rostros, que más tarde entregó a las autoridades. Este arreglo ilícito duró seis meses, inyectando al crimen organizado millones de pesos mientras el empresario veía su reputación y patrimonio evaporarse. El huachicol, extraído de ductos de Pemex en zonas como el Cinturón Rojo de Tabasco, no era solo un robo de combustible; era un negocio que financiaba la violencia y la impunidad, dejando a víctimas como Martínez atrapadas en un limbo de miedo constante.
En mayo de 2019, el punto de quiebre llegó cuando Martínez, exhausto y aterrorizado, decidió cortar el flujo de huachicol. Su intento de liberación terminó en tragedia: fue interceptado en la carretera, baleado en el abdomen por Manuel de Atocha —un rozón que milagrosamente no fue letal— y secuestrado. Lo llevaron a un sitio en Anacleto Carnaval, donde lo torturaron durante dos días con golpes brutales. Le robaron un reloj Rolex y una cadena de oro, símbolos de su vida anterior. Bajo amenaza de muerte, lo obligaron a firmar un poder notarial ante el Notario Público 28, Guillermo Narváez, en Centro, Tabasco, cediendo el 40% de las acciones de la gasolinera a De Atocha. El notario, al ver su desesperación, le susurró: "Firma para salvar tu vida". Martínez, con las manos temblorosas y el cuerpo magullado, accedió, pero ese documento se convirtió en la herramienta perfecta para despojarlo legalmente.
Amenazas y corrupción: el rol de Bermúdez en la Secretaría de Seguridad
La pesadilla se profundizó cuando Hernán Bermúdez Requena, el mismo hombre detrás de la extorsión por huachicol, fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco en enero de 2019, apenas dos meses después de las primeras amenazas. Desde su nuevo cargo, Bermúdez actuó como "juez y parte", utilizando su influencia para bloquear cualquier recuperación. Martínez inició un proceso civil para revocar el poder en 2019 y ganó la demanda, obteniendo en 2021 una orden de desalojo. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal rechazó ejecutarla repetidamente, citando pretextos absurdos. En 2022, desesperado, Martínez acudió al propio Bermúdez, quien, a través de su despacho jurídico Palavcini-Bermúdez Requena, promovió un recurso de "tercería" para reclamar la propiedad en favor de De Atocha. Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias "El Licenciado Tomasín" y brazo derecho de Bermúdez, le exigió el 50% de la gasolinera a cambio de "apoyo" en el desalojo, amenazando con abandonarlo si no cedía.
Los intentos de Martínez por escalar el caso fueron vanos. Habló con un magistrado y hasta con el entonces gobernador Carlos Merino, pero en septiembre de 2023, Bermúdez renovó sus demandas: el 50% de la propiedad, prometiendo a cambio suministro continuo de huachicol y gasolina legal. Un desalojo programado se canceló por "neblina", una excusa risible que Martínez descubrió era un soborno al presidente del tribunal, Enrique Priego, orquestado por el secretario de Seguridad. La corrupción en Tabasco, alimentada por el huachicol, había permeado los niveles más altos del gobierno, convirtiendo a las instituciones en cómplices del crimen. El empresario, rodeado de traiciones, se dio cuenta de que recuperar su gasolinera era imposible. En una conversación final con Díaz Rodríguez, optó por venderla, asumiendo que era la única salida para preservar su vida.
La impunidad del huachicol: secuelas y órdenes de aprehensión pendientes
El caso de Martínez ilustra cómo el huachicol no solo drena recursos de Pemex —con pérdidas anuales en miles de millones de pesos—, sino que erosiona la confianza en el sistema de justicia. En Tabasco, epicentro del robo de combustible junto con estados como Puebla y Guanajuato, las redes criminales como "La Barredora" prosperan gracias a la colusión con autoridades. Bermúdez Requena enfrenta órdenes de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión, secuestro exprés en fuero común y delincuencia organizada en jurisdicción federal, documentos a los que tuvo acceso un medio de circulación nacional durante sus investigaciones sobre el crimen organizado en el sureste mexicano. Estas acusaciones pintan un panorama alarmante: un exsecretario de Seguridad convertido en fugitivo, mientras víctimas como Martínez lidian con el trauma de haber sido forzados a traficar huachicol bajo pena de muerte.
La historia de este empresario tabasqueño resuena en el contexto más amplio de la lucha contra el huachicol, un flagelo que ha cobrado cientos de vidas en explosiones, enfrentamientos y extorsiones. En Villahermosa, donde la carretera a Samarkanda se ha convertido en sinónimo de peligro, casos similares se multiplican sin resolución. Martínez, ahora alejado de la gasolinera que fundó con esfuerzo, advierte que la clave está en desmantelar las redes de protección política que permiten que el huachicol fluya impune. Su testimonio, recopilado en entrevistas detalladas con periodistas especializados en seguridad, subraya la urgencia de reformas que aíslen a funcionarios corruptos de estos circuitos delictivos. Mientras tanto, el estado sureño sigue siendo un polvorín, donde el combustible robado no solo enriquece a criminales, sino que perpetúa un ciclo de violencia que amenaza a cualquier emprendedor valiente.
Fuentes como reportajes de un grupo editorial prominente en México, basados en documentos judiciales y testimonios directos, han iluminado estos entresijos de extorsión en Tabasco, recordándonos que detrás de cada pipa de huachicol hay historias de miedo y resiliencia. Investigaciones de medios independientes, con acceso a órdenes de aprehensión federales, confirman cómo figuras como Bermúdez tejieron su red desde la sombra del poder. Y en conversaciones con notarios y magistrados locales, emergen ecos de presiones que explican por qué tantos casos quedan en el limbo, un recordatorio casual de que la verdad, aunque dolorosa, sale a flote cuando se documenta con rigor.
