Bermúdez aterrorizaba a gasolineros en Tabasco con extorsiones y secuestros que paralizaban el sector de los combustibles, revelando una red de corrupción que se extendía hasta las entrañas del poder estatal. Bajo el mando de Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal conocido como "La Barredora", empresarios del ramo vivían en un clima de miedo constante, obligados a comercializar huachicol y entregar ganancias ilícitas bajo amenaza de despojo o peor. Esta denuncia, que ha sacudido a la opinión pública, pone en evidencia cómo el huachicol no solo drena recursos económicos, sino que corroe la seguridad y la confianza en las instituciones, especialmente en regiones donde el crimen organizado se entrelaza con figuras políticas de alto perfil.
La red de extorsión: Cómo Bermúdez aterrorizaba a gasolineros
La historia de terror orquestada por Bermúdez se remonta a varios años atrás, cuando su influencia como exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, afín a Morena, le permitía operar con impunidad. Según testimonios recolectados en procesos judiciales, Bermúdez y su célula criminal exigían a dueños de estaciones de servicio la venta forzada de combustibles robados, conocidos como huachicol. Aquellos que osaban resistirse enfrentaban represalias brutales: desde el despojo violento de sus negocios hasta secuestros exprés que dejaban familias en la agonía.
Uno de los casos más emblemáticos involucra a Ramón Martínez Armengol, propietario del Corporativo Paragas, quien se convirtió en víctima directa de esta maquinaria del miedo. Martínez relató cómo, tras rechazar la imposición de traficar huachicol, fue "levantado" por hombres armados ligados a "La Barredora". El secuestro culminó en la pérdida total de su gasolinera, ubicada en la carretera a Samarkanda, en la Colonia José María Pino Suárez, municipio de Centro. Este despojo no fue un acto aislado, sino parte de una estrategia sistemática para someter al sector. Bermúdez aterrorizaba a gasolineros al prometer protección a cambio de obediencia, pero en realidad tejía una telaraña de chantaje que beneficiaba directamente a su organización delictiva.
Testimonios que exponen la crudeza del huachicol en Tabasco
Los detalles de las denuncias pintan un panorama alarmante de cómo el huachicol se infiltraba en la economía local. Una vez sometidos al yugo de Bermúdez, los gasolineros debían despachar tres pipas semanales, equivalentes a 90 mil litros de gasolina o diésel robado. En el mercado negro, estos volúmenes se vendían a precios irrisorios —entre 15 y 16 pesos por litro, frente a los 20 pesos del combustible legal—, generando ganancias ilícitas que oscilaban los 1.8 millones de pesos por semana. De esa suma, la mitad fluía directamente a las arcas de "La Barredora", financiando no solo sus operaciones, sino un estilo de vida de lujo para sus líderes.
Martínez Armengol, en su declaración del 6 de agosto ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, describió la humillación de verse forzado a blanquear el huachicol como si fuera producto legítimo. "Era una sentencia a muerte lenta para el negocio", confesó, destacando cómo estas imposiciones no solo erosionaban las finanzas, sino que exponían a los empresarios a riesgos constantes de auditorías ficticias o invasiones armadas. Bermúdez aterrorizaba a gasolineros al explotar la vulnerabilidad de un sector ya golpeado por fluctuaciones en los precios del petróleo y regulaciones federales, convirtiendo estaciones de servicio en focos de crimen organizado.
El vínculo con el poder: Corrupción en el gobierno de Morena
Lo que eleva esta denuncia a un escándalo nacional es el lazo directo entre Bermúdez y el aparato gubernamental. Como exsecretario de Seguridad bajo Adán Augusto López —figura clave en el morenismo y cercano al círculo de Claudia Sheinbaum—, Bermúdez gozaba de una posición privilegiada que le permitía blindar sus actividades. Órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalan por delitos graves como asociación delictiva, extorsión, secuestro exprés y delincuencia organizada, todos relacionados con el control del huachicol en Tabasco.
Acciones de la FGR y el Ejército contra el despojo
El punto de inflexión llegó el 28 de febrero de 2025, cuando la FGR y elementos del Ejército Mexicano aseguraron la gasolinera despojada a Martínez Armengol. Esta operación, parte de un esfuerzo mayor por desmantelar redes de robo de combustible, devolvió temporalmente el control del inmueble a las autoridades federales. Sin embargo, el aseguramiento reveló evidencias de una corrupción arraigada que data de siete años atrás, con constancias judiciales que detallan pagos irregulares, amenazas documentadas y alianzas con transportistas de pipas. Bermúdez aterrorizaba a gasolineros no solo con violencia física, sino con la sombra de la impunidad estatal, cuestionando la efectividad de las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno federal.
Expertos en seguridad pública han advertido que casos como este ilustran las fallas estructurales en el combate al huachicol, un problema que cuesta miles de millones de pesos anuales al erario. En Tabasco, región rica en ductos petroleros de Pemex, el robo de combustible ha mutado de un delito oportunista a una industria criminal sofisticada, con líderes como Bermúdez actuando como intermediarios entre el crimen y el poder. La denuncia contra él subraya la necesidad de reformas profundas en la Secretaría de Seguridad, especialmente bajo administraciones que prometen "abrazos, no balazos", pero terminan tolerando redes que aterrorizan a emprendedores honestos.
El impacto económico del huachicol en el sector gasolinero es devastador. Pequeños y medianos empresarios, que representan el 70% de las estaciones en estados como Tabasco, ven sus márgenes reducidos drásticamente por la competencia desleal del mercado negro. Bermúdez aterrorizaba a gasolineros al forzarlos a participar en un ciclo vicioso: vender barato para sobrevivir, pero entregar la mitad de las ganancias a criminales, lo que equivalía a una tasa de extorsión del 50%. Esto no solo frena la inversión en infraestructura moderna, como bombas digitales o sistemas de pago seguros, sino que desincentiva la formalización del sector, perpetuando un círculo de informalidad y riesgo.
Consecuencias sociales: Familias destrozadas por el miedo
Más allá de las cifras, el terror impuesto por Bermúdez ha dejado cicatrices profundas en comunidades enteras. Familias de gasolineros vivían bajo vigilancia constante, con vehículos sospechosos rondando sus propiedades y llamadas anónimas en la madrugada. En el caso de Martínez, el secuestro exprés duró horas eternas, suficientes para quebrar cualquier resistencia. Testigos anónimos han compartido historias similares: dueños que vendieron sus negocios a precios de ganga para escapar, o empleados que renunciaron por temor a represalias. Bermúdez aterrorizaba a gasolineros al transformar un oficio esencial —suministrar energía al país— en una ruleta rusa diaria.
La denuncia ha impulsado un debate nacional sobre la responsabilidad de los gobiernos locales en la erradicación del huachicol. Mientras el gobierno federal, liderado por Morena, presume avances en la pacificación, casos como este exponen grietas en el sistema. La FGR ha intensificado investigaciones en Tabasco, pero la captura de Bermúdez sigue pendiente, lo que mantiene en vilo a decenas de víctimas. Analistas sugieren que solo una depuración profunda en las secretarías de estado, con énfasis en la transparencia de nombramientos como el de Bermúdez, podría restaurar la confianza.
En las últimas semanas, reportes de medios como REFORMA han profundizado en estos testimonios, basados en documentos judiciales que detallan la cronología de los abusos. Fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirman que las declaraciones de Martínez Armengol han sido clave para avanzar en las órdenes de aprehensión, aunque el proceso se enreda en apelaciones y dilaciones típicas de casos de alto perfil. Por otro lado, constancias de la FGR, accesibles en expedientes públicos, pintan un panorama donde el huachicol no es solo un robo de combustible, sino un síntoma de colusión entre crimen y política. Expertos consultados en foros de seguridad, como aquellos vinculados al Ejército, destacan que operaciones como el aseguramiento de febrero representan un paso adelante, pero insisten en la necesidad de inteligencia compartida entre niveles de gobierno para desarticular redes como "La Barredora" de raíz.
Este escándalo, que trasciende las fronteras de Tabasco, invita a reflexionar sobre el costo humano del huachicol y la urgencia de acciones concretas. Mientras tanto, gasolineros en regiones vulnerables continúan operando con cautela, recordando cómo figuras como Bermúdez convirtieron su sustento en una pesadilla.
