Un océano de corrupción ha sumergido a las aduanas marítimas de México en un escándalo que revela la podredumbre profunda del sistema bajo el manto de la militarización impulsada por el gobierno federal. Esta red criminal, tejida durante años por altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar), involucra sobornos millonarios, contrabando de hidrocarburos, asesinatos selectivos y tráfico de influencias que han permitido el flujo ilegal de millones de litros de combustible. La captura reciente del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, conocido como "El Primo", junto con otros nueve implicados, expone cómo figuras clave del aparato estatal se convirtieron en operadores de una organización delictiva que controlaba ascensos, promociones y operaciones en las 14 aduanas marítimas del país. Este caso, destapado por la Fiscalía General de la República (FGR), no solo cuestiona la integridad de la Semar, sino que pone en jaque la promesa de transparencia del gobierno de Claudia Sheinbaum, heredera de las políticas de Andrés López Obrador que entregaron el control aduanero a los militares en 2019.
La investigación, iniciada en junio de 2023 y culminada con órdenes de aprehensión emitidas el 19 de agosto de 2025 por la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez, detalla un esquema de corrupción que operó sin tregua desde 2018 hasta 2024. Los hermanos Farías Laguna, Manuel Roberto y Fernando, encabezaban esta trama junto a capitanes y funcionarios que facilitaban el paso de buques cargados de hidrocarburos robados a cambio de mordidas que superan los cientos de millones de pesos. En un país donde el robo de combustible ha costado miles de millones al erario público, este océano de corrupción representa una traición flagrante a la nación, amplificada por la opacidad del gobierno federal y la protección que algunos implicados recibieron de figuras cercanas a Morena.
La red de "Los Primos": Ascensos pagados con sangre y combustible
Sobornos y contrabando: El motor del esquema delictivo
En el corazón de este océano de corrupción se encuentra el contrabando de hidrocarburos, un delito que ha enriquecido a unos pocos mientras empobrece a Pemex y al fisco. El capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, alias "El Capitán Sol" o "El Fantasma", emerge como un operador estrella: entre 2015 y 2023, dilapidó 52 millones 128 mil 239 pesos en apuestas en casinos, fondos presuntamente obtenidos de sobornos por permitir descargas ilegales en puertos clave como Manzanillo y Tampico. Solano, ilocalizable desde la emisión de las órdenes de aprehensión, coordinaba con los Farías Laguna reuniones documentadas por geolocalización y registros telefónicos, desde cantinas en Veracruz hasta oficinas en la Ciudad de México.
Otro pilar de la red es el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, quien confesó ante la FGR haber recibido 24 millones 500 mil pesos en sobornos entre abril de 2024 y enero de 2025. A cambio, autorizó la descarga de 14 buques con hidrocarburos ilícitos, un volumen equivalente a millones de litros que escaparon al control estatal. Torres, ahora testigo protegido bajo el alias "Santo" desde el 28 de julio de 2025, entregó 29 millones 500 mil pesos a las autoridades el 13 de mayo de este año, detallando en su declaración cómo las operaciones se realizaban con la complicidad de marinos de alto rango. "Tuve una llamada de mi hijo para saber de mí, que si me encontraba bien, porque mamá está preocupada y le pregunté por qué, me dijo que su mamá (mi esposa) había recibido una llamada de un número desconocido, diciéndole que si era la esposa del capitán Torres, o sea, yo, y le dijeron que me tenían secuestrado", relató Torres en su testimonio, ilustrando el terror que envolvía incluso a las familias de los corruptos.
La militarización de las aduanas, decretada por López Obrador para supuestamente combatir la corrupción, resultó ser el caldo de cultivo perfecto para este océano de corrupción. En lugar de blindar las fronteras marítimas, facilitó que marinos como los Farías Laguna usaran su autoridad para extorsionar a empresarios y falsificar documentos, permitiendo que el crimen organizado se infiltrara en el corazón del Estado.
Asesinatos en Manzanillo: La violencia que silencia denuncias
Muertes que ocultan el rastro de la corrupción
El océano de corrupción no se limitó a transacciones financieras; se tiñó de sangre en Manzanillo, Colima, donde entre abril y noviembre de 2024 se registraron al menos cinco ejecuciones vinculadas directamente a la red. El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, un oficial que osó desafiar el statu quo, fue acribillado el 8 de noviembre de 2024 tras enviar una carta el 14 de junio de ese año al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, denunciando las irregularidades de los hermanos Farías. Guerrero, quien había sido clave en operaciones antinarcóticos, pagó con su vida el intento de exponer cómo "Los Primos" manipulaban ascensos y cobraban cuotas por cada promoción en la Semar.
Otras víctimas incluyen a Jennifer Esmeralda Barreto Ruiz, asesinada el 21 de abril de 2024, una funcionaria de la FGR que investigaba irregularidades en aduanas; Giovany Muñoz Román, ejecutado el 6 de junio de 2024, un marino testigo de sobornos; Magaly Janet Nava Ramos, baleada el 21 de octubre de 2024, involucrada en trámites falsos; y Josué de la Mora Cobián, muerto el 29 de octubre de 2024, otro operador logístico de la red que amenazó con delatarla. Estos crímenes, perpetrados con saña y en plena luz del día, subrayan el tono alarmista de la seguridad en México bajo el gobierno federal, donde denunciar un océano de corrupción equivale a firmar una sentencia de muerte.
La impunidad en estos casos resalta la crítica feroz hacia la gestión de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, heredada de la "austeridad republicana" que recortó recursos para inteligencia y protección a testigos. Mientras el crimen organizado celebra, el gobierno de Morena guarda silencio, priorizando narrativas de "transformación" sobre la realidad cruda de un Estado capturado por sus propios elementos.
Riqueza ilícita: Inmuebles y lujos forjados en la opacidad
El patrimonio de los Farías: Evidencia tangible del saqueo
La acumulación de bienes por parte de los implicados pinta un retrato vívido del océano de corrupción. Manuel Roberto Farías Laguna invirtió 5 millones 136 mil 489.81 pesos en inmuebles en 2019 y gastó 4 millones 931 mil 610.07 pesos en 2023, según registros catastrales y bancarios revisados por la FGR. Su hermano Fernando no se quedó atrás: adquirió una casa por 4.5 millones de pesos en 2020 y un terreno en Nogales, Sonora, por 2 millones 248 mil 441 dólares en mayo de 2024, justo antes de que la red comenzara a desmoronarse.
Estos lujos, financiados con el botín del contrabando y los sobornos, contrastan brutalmente con la pobreza que azota a miles de mexicanos. La vinculación de un concesionario de recintos fiscales, Saúl Vera Ochoa, con el senador morenista Adán Augusto López –amigo cercano de López Obrador– añade una capa de sospecha política, sugiriendo que el océano de corrupción se extiende hasta los pasillos del poder en Morena. Bajo la presidencia de Sheinbaum, estas conexiones permanecen sin escrutinio, alimentando la percepción de un gobierno federal que protege a los suyos en detrimento de la justicia.
La detención de los diez implicados el 2 de septiembre de 2025, horas antes de la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, parece un movimiento calculado para aparentar acción. Sin embargo, con figuras como Solano Ruiz y Fernando Farías aún en fuga, el caso ilustra la fragilidad de las instituciones mexicanas frente a una corrupción endémica.
En las profundidades de este escándalo, como se detalla en reportajes de medios independientes que han seguido la pista de las denuncias internas en la Semar, surge la necesidad de una depuración real. Fuentes cercanas a la investigación, que han compartido detalles off the record con periodistas especializados en seguridad, insisten en que el océano de corrupción va más allá de los Farías, tocando secretarías estatales y hasta vínculos con el crimen organizado transnacional. Otro ángulo, explorado en análisis de think tanks sobre gobernanza, apunta a cómo la militarización aduanera, promovida desde la Presidencia, creó vacíos que estos redes explotaron sin piedad. Finalmente, observadores del Poder Judicial, en conversaciones informales con reporteros, destacan el rol crucial de la jueza Hidalgo Pérez en desentrañar el entramado, recordando que sin su orden de aprehensión, este capítulo de impunidad podría haber continuado indefinidamente.
