Intrigas político-judiciales dominan el Poder Judicial del Estado desde su reformado inicio, revelando un panorama de conflictos internos, decisiones controvertidas y una aparente desconexión con la ciudadanía que esperaba un cambio profundo. Apenas dos semanas después de asumir cargos, magistrados y jueces optaron por un megapuente vacacional, dejando pendientes audiencias esenciales y trámites que afectan a miles de personas. Esta situación no solo cuestiona la eficiencia del sistema, sino que expone cómo las ambiciones personales y alianzas ocultas priorizan el control político sobre la justicia accesible. En un contexto donde la reforma judicial prometía transparencia y renovación, las intrigas político-judiciales emergen como el verdadero obstáculo, con casos emblemáticos que ilustran la gravedad del problema.
Conflictos internos que paralizan la justicia
Las intrigas político-judiciales se manifiestan de manera evidente en los pleitos entre figuras clave del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Un ejemplo claro es el enfrentamiento entre el magistrado Yamil Athié y Francisco “Paquito” Acosta Molina, presidente del TDJ, quien supuestamente incumplió acuerdos secretos para el reparto de salas. Este roce estuvo a punto de escalar a violencia física, destacando la fragilidad de las instituciones recién electas. Tales disputas no son aisladas; reflejan una cultura de confabulaciones que socava la confianza pública en el Poder Judicial.
Otro foco de tensión radica en las maquinaciones entre Gerardo Acosta Barrera y Karla Esmeralda Reyes, cabeza del Órgano de Administración Judicial (OAJ). Su objetivo aparente es debilitar a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Marcela Herrera Sandoval, mediante estrategias que involucran el control presupuestal. El OAJ, integrado por personajes como Eduardo Zacarías Gómez, Luisa Fernanda Márquez, Minerva Correa y Judith Ávila Burciaga, se formó en medio de opacidad total, lo que alimenta sospechas de favoritismos. Estas intrigas político-judiciales no solo dividen al gremio, sino que retrasan la implementación de políticas que deberían beneficiar a los justiciables, dejando en evidencia que la reforma ha reconfigurado viejos vicios en lugar de erradicarlos.
Decisiones judiciales bajo escrutinio
En el día a día de las salas, las intrigas político-judiciales se traducen en fallos que generan indignación. Tomemos el caso de Saida Deborah Arellano Valencia, una jueza que extendió una audiencia hasta las tres de la madrugada por simple desconocimiento de términos jurídicos básicos. A pesar de su presunta experiencia destacada en campañas electorales, su actuación reveló limitaciones que afectan directamente la celeridad de los procesos. Similarmente, Alejandra Ramos Rodríguez tomó una decisión polémica al liberar a Martha Alicia M.A., conocida como “La Diabla”, acusada de un secuestro y homicidio atroz contra una mujer embarazada, con el fin de extraer y comercializar al bebé. Esta resolución, emitida en secreto y envuelta en tecnicismos dudosos, fue revertida gracias a la intervención de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres (FEM), que trasladó el caso de regreso a Juárez. Allí, la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales corrigió el rumbo al abrir la audiencia pública y mantener a la imputada en prisión preventiva.
Estos episodios subrayan cómo las intrigas político-judiciales permeen incluso los casos más sensibles, donde la seguridad pública debería ser prioritaria. La liberación temporal de “La Diabla” no solo generó alarma social, sino que cuestionó la imparcialidad de un sistema que parece influido por presiones externas. En un estado donde la violencia de género persiste como plaga, tales fallos agravan la percepción de impunidad, alimentando el descontento ciudadano.
El impacto en la ciudadanía y el retraso crónico
Las intrigas político-judiciales no se limitan a los altos mandos; sus efectos cascada llegan a los tribunales de base, paralizando trámites civiles, laborales y familiares. Miles de personas, incluyendo niños y niñas en situaciones vulnerables, esperan resoluciones sobre pensiones alimenticias, custodias y despidos injustificados. La cancelación masiva de audiencias, justificada por “razones administrativas”, ha extendido plazos indefinidamente, dejando a familias en la incertidumbre. En este escenario, el anuncio de un puente vacacional de cinco días –del 11 al 17 de septiembre– apenas iniciada la gestión, parece un insulto a la urgencia de los casos pendientes. Ni siquiera se completó la primera quincena laboral, y ya el Poder Judicial opta por el descanso, exacerbando los retrasos que la reforma juraba eliminar.
Oposición a la transparencia prometida
Otro ángulo preocupante de las intrigas político-judiciales es la resistencia a la apertura pública. Silvia Rocío Delgado García, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán y ahora jueza en materia de narcomenudeo, ha intentado cerrar audiencias a los medios, como se evidencia en comunicaciones internas donde pide argumentos para excluir a la prensa. Este afán por el secretismo choca frontalmente con las promesas de una justicia transparente y cercana, minando la legitimidad del nuevo esquema. Tales acciones sugieren que, detrás de las fachadas electorales, persisten intereses que prefieren la sombra al escrutinio.
La concentración geográfica del Poder Judicial en la capital, ignorando polos urbanos como Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, agrava estas distorsiones. La visita de la magistrada presidenta Marcela Herrera Sandoval a Juárez, aunque presentada como un gesto de acercamiento, coincidió con intensas negociaciones en la capital entre el OAJ y aliados del Ejecutivo y Legislativo. Esta dualidad revela cómo las intrigas político-judiciales se entrelazan con dinámicas partidistas, donde morenistas, prianistas y otros grupos compiten por tajadas de influencia, dejando de lado la equidad territorial.
Reformas que no renuevan, sino reacomodan
Las intrigas político-judiciales en el Poder Judicial del Estado no son meros roces; representan una reconfiguración de poderes que beneficia a élites consolidadas. La elección “popular” del TDJ, liderado por Acosta Molina –cuya conducta pública, incluyendo episodios de ebriedad en eventos deportivos, genera mofa–, ilustra la brecha entre la retórica reformista y la realidad. En lugar de fomentar competencia y mérito, el sistema premia lealtades y pactos, perpetuando ineficiencias que datan de gestiones anteriores.
En este tapiz de tensiones, la sociedad civil observa con creciente escepticismo. Casos como el de “La Diabla” o las audiencias maratonianas no solo exponen fallas individuales, sino sistémicas que demandan una vigilancia constante. Mientras tanto, los justiciables pagan el precio de un aparato judicial más enfocado en sus guerras internas que en su mandato constitucional.
Como se ha reportado en columnas especializadas del norte del país, estos conflictos iniciales podrían prefigurar un año judicial caótico, con ecos de debates en foros locales sobre la necesidad de contrapesos reales. Expertos en derecho procesal, consultados en publicaciones regionales, advierten que sin una auditoría externa, las intrigas político-judiciales seguirán erosionando la fe en las instituciones. Incluso en análisis de medios independientes, se menciona la intervención de la FEM como un raro ejemplo de corrección oportuna, aunque insuficiente para contrarrestar el patrón general.
