La sentencia condenatoria por demolición en Punta Oriente ha generado un fuerte revuelo en el ámbito político y judicial de Chihuahua, donde Movimiento Ciudadano ha anunciado su firme decisión de apelar esta resolución que considera injusta e irregular. Este caso, que remonta sus orígenes a un incidente ocurrido en mayo de 2021, involucra a figuras clave del partido y pone en el centro del debate la responsabilidad por acciones contra la delincuencia en zonas vulnerables. La demolición de una vivienda en la colonia Punta Oriente, supuestamente usada como punto de consumo de drogas, se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre la lucha contra el narcomenudeo y los derechos de propiedad, obligando a las autoridades a revisar los límites de la intervención estatal en barrios marginados.
Antecedentes de la sentencia condenatoria por demolición en Punta Oriente
Todo comenzó en la noche del 3 de mayo de 2021, cuando una vivienda en la colonia Punta Oriente fue demolida bajo la justificación de que servía como centro de distribución y consumo de sustancias ilícitas. Esta acción fue liderada por el entonces candidato a la gubernatura de Chihuahua por Movimiento Ciudadano, Alfredo "El Caballo" Lozoya, junto con el regidor morenista Miguel Riggs Baeza, quien aspiraba a la alcaldía. Lozoya, en su momento, defendió la demolición como un gesto simbólico de su compromiso contra la delincuencia que afecta a la juventud, afirmando que, de haber ganado la gubernatura —que finalmente obtuvo Maru Campos Galván—, no toleraría que se indujera a niños y jóvenes al vicio. Sin embargo, esta intervención ha sido cuestionada judicialmente, derivando en una sentencia que obliga a reparar los daños causados a la familia propietaria.
El Juzgado Quinto de lo Civil de Chihuahua emitió la sentencia condenatoria por demolición en Punta Oriente, determinando que tanto Movimiento Ciudadano como Riggs Baeza deben restituir el inmueble afectado. Esto implica no solo entregar una vivienda de valor comercial equivalente, sino también incluir enseres y servicios básicos para garantizar el desarrollo normal de las actividades de los damnificados. La resolución resalta la violación a los derechos de propiedad y el impacto en la familia, que quedó desamparada tras la acción nocturna. Este fallo llega en un contexto de creciente escrutinio sobre las operaciones "antidelincuenciales" impulsadas por políticos locales, donde la línea entre protección social y abuso de poder se difumina con facilidad.
Críticas al proceso judicial y la apelación anunciada
Francisco Sánchez Villegas, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local, ha sido uno de los voces más críticas ante esta sentencia condenatoria por demolición en Punta Oriente. En declaraciones recientes, calificó la resolución como "apresurada, sin sustento e irregular", argumentando que el propietario original del inmueble había otorgado un poder notarial explícito para llevar a cabo la demolición, al percatarse de que el lugar fomentaba la drogadicción en el barrio. "¿En qué país donde las leyes se respeten, si un propietario de un inmueble te otorga un poder para realizar una demolición y lo demueles, te genera una responsabilidad? Eso es completamente absurdo", cuestionó Sánchez Villegas, enfatizando la aparente contradicción legal.
Además, el líder de Movimiento Ciudadano señaló irregularidades procesales graves. La sentencia fue emitida fuera del plazo legal establecido, precisamente durante el período de suspensión de plazos y términos procesales decretado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2025. Este lapso coincidió con el proceso de entrega-recepción de los 301 juzgadores bajo el nuevo sistema de impartición de justicia en Chihuahua, lo que añade un matiz de posible negligencia o influencia externa al fallo. Sánchez Villegas adelantó que el partido presentará la apelación de inmediato ante una instancia superior, confiando en que la sentencia condenatoria por demolición en Punta Oriente será revocada en segunda instancia.
Implicaciones para Movimiento Ciudadano y la política local
El rol de la demolición en la estrategia contra el narcomenudeo
La demolición en Punta Oriente no fue un acto aislado, sino parte de una estrategia más amplia que Movimiento Ciudadano promovió durante las campañas electorales de 2021. Alfredo Lozoya, conocido por su perfil combativo, utilizó este episodio para posicionarse como un líder firme contra la inseguridad en colonias como Punta Oriente, donde el consumo de drogas ha sido un problema endémico. Sin embargo, la sentencia condenatoria por demolición en Punta Oriente expone las vulnerabilidades de tales tácticas: mientras se busca erradicar focos delictivos, se generan demandas por daños colaterales que afectan a residentes inocentes. Expertos en derecho inmobiliario destacan que estas acciones deben basarse en autorizaciones sólidas para evitar responsabilidades civiles, un punto que el partido ahora usa para defender su posición.
En el panorama más amplio de Chihuahua, este caso resalta las divisiones partidistas. Morena, representado por Riggs Baeza, también se ve implicado, lo que podría tensar alianzas locales. Movimiento Ciudadano ve en la apelación una oportunidad para cuestionar no solo la sentencia, sino el manejo judicial en el estado, incluyendo posibles filtraciones de información que han circulado en medios locales. Sánchez Villegas mencionó que activarán mecanismos para investigar la responsabilidad del juez, sugiriendo un manejo inadecuado de datos sensibles durante el proceso.
Consecuencias para la familia afectada y el barrio
La familia propietaria, que ha lidiado con las secuelas de la demolición desde 2021, recibe con esta sentencia un alivio parcial, aunque la apelación podría prolongar su incertidumbre. La restitución ordenada incluye no solo el valor económico del inmueble, sino elementos esenciales para su vida diaria, reconociendo el trauma de perder un hogar en una operación nocturna. En Punta Oriente, un barrio marcado por la pobreza y la inseguridad, eventos como este alimentan el debate sobre cómo combatir el narcomenudeo sin agravar la marginalidad. La sentencia condenatoria por demolición en Punta Oriente sirve como precedente para futuras intervenciones, recordando que la autorización del propietario es clave, pero insuficiente si no se verifica exhaustivamente.
Mientras la apelación avanza, Movimiento Ciudadano mantiene su postura de que la demolición fue un acto de bien público, alineado con su agenda de seguridad ciudadana. Este litigio podría influir en las dinámicas electorales futuras en Chihuahua, donde temas como la demolición de puntos de drogas y la responsabilidad política siguen siendo candentes.
En revisiones preliminares de reportes judiciales estatales, se nota que casos similares han sido resueltos a favor de apelantes cuando se prueban autorizaciones claras, lo que da esperanza al equipo legal de Movimiento Ciudadano. Además, fuentes cercanas al TSJE indican que la suspensión de plazos fue estricta, potencialmente invalidando partes del proceso. Por otro lado, observadores locales han mencionado en conversaciones informales que la filtración de la sentencia podría provenir de insiders del juzgado, un detalle que el partido explora en su investigación interna.