El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, vuelve a estar en el centro de la controversia. Según el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, no existe registro alguno en las dependencias estatales del contrato firmado con el despacho jurídico Buzbee de Texas, un acuerdo que habría implicado un gasto millonario para las finanzas de Chihuahua. Este hecho ha desatado sospechas sobre la transparencia de la administración de Corral.
De la Peña explicó que, durante el proceso de entrega-recepción al término de la gestión de Corral, no se reportó ni documentó la existencia de dicho contrato. Las dependencias estatales, incluyendo la Fiscalía, la Secretaría General y la Función Pública, no tienen registro oficial del acuerdo. Esta falta de documentación ha generado cuestionamientos sobre cómo se manejaron los recursos públicos durante ese periodo.
El contrato con The Buzbee Law Firm, un prestigioso despacho con sede en Houston, fue supuestamente firmado por Corral para recuperar bienes en Estados Unidos vinculados a presuntos desvíos de recursos por parte del exgobernador César Duarte. Según declaraciones de Duarte, el despacho habría recibido 800 mil dólares del gobierno estatal, además de una promesa de hasta el 30 por ciento de los bienes recuperados como pago por sus servicios.
Sin embargo, el esfuerzo legal resultó en un fracaso. Tras cinco años de litigio en cortes de Texas y Nuevo México, un juez del Condado de El Paso emitió una sentencia sumaria que exoneró a Duarte, al considerar que el gobierno de Chihuahua no presentó pruebas suficientes para sustentar la demanda. Este revés ha intensificado las críticas hacia la gestión de Corral.
La falta de transparencia en torno al contrato ha levantado dudas sobre el destino de los recursos estatales. De la Peña señaló que no está claro por qué el estado debería haber cubierto los honorarios de un despacho extranjero sin evidencia sólida para respaldar la acción legal. Esta situación refuerza las acusaciones de opacidad en la administración de Corral.
El caso también ha puesto en tela de juicio la selección del despacho Buzbee, conocido por su estilo litigante agresivo y por tomar casos de alto perfil. Aunque la firma ha logrado acuerdos multimillonarios en otros casos, en este litigio no pudo avanzar, lo que ha generado más cuestionamientos sobre la decisión de contratarlos.
Por su parte, César Duarte ha aprovechado el contexto para señalar irregularidades en la administración de Corral, acusándolo de ocultar información y manejar de manera cuestionable los recursos públicos. Estas declaraciones han avivado el debate sobre la gestión del exgobernador y su legado en Chihuahua.
Mientras tanto, el actual gobierno estatal ha prometido seguir investigando este asunto para esclarecer el uso de los fondos públicos. La falta de registros y la derrota legal en Estados Unidos han puesto a Corral en una posición incómoda, con crecientes demandas de rendición de cuentas.
Este caso se suma a otras acusaciones previas contra Corral, como la ocultación de información en sus declaraciones patrimoniales y presuntas persecuciones políticas. La polémica en torno al contrato con Buzbee podría ser solo la punta del iceberg en un historial de decisiones controvertidas.
La ciudadanía de Chihuahua espera respuestas claras. La opacidad en este tipo de acuerdos no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también pone en riesgo la estabilidad financiera del estado. El caso sigue abierto, y las autoridades prometen no dejar cabos sueltos en esta investigación.
