Protocolo obliga policías CDMX a tolerar agresiones en manifestaciones, generando un intenso debate sobre la seguridad pública en la capital del país. Este documento normativo, que rige la actuación de los agentes durante protestas y marchas, impone una postura de firmeza y tolerancia que deja a los uniformados expuestos ante vándalos y grupos radicales. En medio de un contexto de creciente violencia en las calles, como se vio en los disturbios del 2 de octubre de 2024, el protocolo se convierte en un punto de fricción entre el derecho a la protesta y la protección de la ciudadanía. ¿Es esta directriz un avance hacia una policía más dialogante o un riesgo inminente para la integridad de los propios agentes y los transeúntes inocentes? La respuesta parece inclinarse hacia lo segundo, especialmente cuando encapuchados del llamado bloque negro saquearon comercios y agredieron a periodistas sin una respuesta inmediata de las autoridades.
La Ciudad de México, epicentro de manifestaciones diarias, enfrenta un dilema profundo con este protocolo que prioriza la negociación sobre la acción decisiva. Mientras los policías deben mantener distancia razonable de los contingentes, permaneciendo firmes ante provocaciones, los mandos evalúan riesgos en tiempo real, lo que a menudo resulta en contención tardía. Expertos en seguridad ciudadana, como Humberto Morgan del Observatorio de Seguridad Ciudadana, han criticado esta aproximación por su lentitud, argumentando que permite que grupos infiltrados escalen la violencia antes de cualquier intervención. En un escenario donde bombas molotov y objetos peligrosos vuelan por el aire, persuadir al agresor para que desista se antoja una utopía peligrosa, exponiendo no solo a los uniformados sino también a civiles y reporteros que cubren los eventos.
Detalles del Protocolo: Tolerancia como Norma en Manifestaciones
El Protocolo General de Actuación Policial establece con claridad que los agentes deben procurar la comunicación, la mediación y el diálogo para reducir tensiones durante cualquier protesta social. Esta directriz, diseñada para salvaguardar el derecho a la manifestación pacífica, obliga a los policías a actuar con gradualidad, aplicando fuerza solo hasta el nivel de reducción física de movimientos y siempre bajo órdenes del puesto de mando. En la práctica, esto significa que ante la portación de armas u objetos riesgosos, se debe privilegiar la persuasión antes de cualquier detención, evitando intervenciones masivas que podrían interrumpir el flujo de la marcha. Tal enfoque, aunque alineado con estándares internacionales de derechos humanos, choca frontalmente con la realidad caótica de las calles capitalinas, donde el bloque negro ha demostrado una y otra vez su disposición a la destrucción indiscriminada.
Persuasión vs. Realidad: El Desafío en el Campo
Imaginemos la escena: un policía, con el escudo en alto, enfrenta a un encapuchado que lanza piedras y cócteles incendiarios, mientras el protocolo le dicta dialogar y negociar. Esta obligación de tolerancia no solo frustra a los agentes, sino que prolonga el caos, permitiendo que saqueos y agresiones se extiendan como un incendio forestal. En los eventos del 2 de octubre, esta dinámica resultó en 94 policías lesionados y 29 civiles heridos, con solo una detención a pesar de la participación de alrededor de 300 vándalos. La falta de identificación visible en algunos uniformados, como reportaron periodistas agredidos, agrava el problema, erosionando la confianza pública en las instituciones encargadas de la seguridad. Críticos argumentan que este marco normativo, lejos de prevenir la violencia, la incentiva al percibir debilidad en la respuesta policial.
Disturbios del 2 de Octubre: El Caso que Expone las Grietas
Los disturbios conmemorativos del 68 pusieron al descubierto las limitaciones del protocolo que obliga policías CDMX a tolerar agresiones sin réplica inmediata. Lo que comenzó como una marcha pacífica por la memoria histórica derivó en un pandemónium de saqueos a negocios en el Centro Histórico, agresiones a la prensa y enfrentamientos que dejaron un saldo alarmante de heridos. El bloque negro, ese grupo anárquico que se infiltra en protestas legítimas, operó con impunidad durante horas, rompiendo vitrinas y lanzando proyectiles mientras los agentes, atados por la directriz de diálogo, esperaban instrucciones superiores. Esta contención tardía, según analistas, no solo falló en neutralizar la amenaza a tiempo, sino que puso en jaque la integridad de manifestantes pacíficos que buscaban solo honrar a las víctimas del pasado.
Impacto en Comerciantes y Periodistas: Víctimas Colaterales
El saldo económico y humano de estos eventos resalta la urgencia de revisar el protocolo. Al menos cuatro establecimientos sufrieron daños severos: dos han reabierto con parches visibles en fachadas destrozadas, mientras otros permanecen cerrados, esperando reparaciones que podrían tardar semanas. Comerciantes, en diálogos con autoridades, exigieron mayor protección, recordando que sus medios de vida dependen de la estabilidad urbana. Paralelamente, periodistas que documentaban los hechos denunciaron ataques directos, con cámaras destrozadas y moretones como trofeos de su labor. Esta vulnerabilidad colectiva subraya cómo la tolerancia obligatoria de los policías no protege a los más expuestos, sino que amplifica el terror en las calles, convirtiendo una conmemoración en un campo de batalla urbano.
La reacción de los propios policías no se hizo esperar. El lunes posterior a los disturbios, cientos de uniformados marcharon por el Zócalo exigiendo mejores condiciones de seguridad y la destitución de mandos inexpertos en la coordinación de operativos. Con consignas como "se ve, se siente, los policías están presentes" y carteles que denuncian abusos, estos agentes revelaron el malestar interno: sienten que el protocolo los convierte en blancos fáciles, desmoralizando a una fuerza ya tensionada por recortes presupuestales y demandas crecientes. Esta movilización interna, irónicamente, ilustra el mismo derecho a la protesta que el documento busca resguardar, pero desde la perspectiva de quienes lo ejecutan a diario.
Críticas Sensacionalistas: ¿Debilidad Gubernamental o Estrategia Fallida?
Desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum no escatimó en condenas a la violencia del bloque negro, calificándola de provocación innecesaria en una "ciudad de libertades". En un tono que mezcla rechazo y llamado a la paz, Sheinbaum insistió en que tales actos no benefician a nadie y urgió a la Fiscalía General de Justicia capitalina a identificar a los responsables, prometiendo investigaciones exhaustivas. Sin embargo, sus palabras, aunque firmes, chocan con la percepción pública de un gobierno federal que, bajo la égida de Morena, prioriza el diálogo sobre la mano dura, un enfoque que críticos ven como blando ante el crimen organizado y los vándalos. ¿Es este protocolo un reflejo de una política de izquierda que sacrifica la seguridad por el idealismo, o una herramienta mal implementada que necesita ajustes urgentes? El debate arde, alimentado por voces que exigen un equilibrio entre derechos y orden público.
Voces Expertas: El Llamado a la Reforma
Humberto Morgan, con su análisis incisivo, apunta a fallos específicos: la ausencia de diálogo previo en algunos puntos y el uso prematuro de gas lacrimógeno sin escalada gradual. Su observación de que el bloque negro no fue neutralizado a tiempo resuena en un coro de expertos que demandan protocolos más flexibles, con mayor autonomía para agentes en el terreno. Esta crítica no es aislada; resalta un patrón en la gestión de la seguridad bajo el actual régimen, donde la tolerancia obligatoria de policías CDMX parece más un obstáculo que un puente hacia la resolución pacífica. En un país donde las manifestaciones son el pulso de la democracia, ignorar estas grietas podría escalar tensiones latentes en explosiones futuras.
La implementación de este protocolo, vigente desde hace años pero escrutado ahora bajo el microscopio de los recientes eventos, revela tensiones profundas en la estructura de seguridad capitalina. Mientras los mandos evalúan riesgos y giran instrucciones, el tiempo perdido en negociaciones puede costar vidas y propiedades. En el contexto de una CDMX que lidia con miles de movilizaciones anuales, desde paros laborales hasta reclamos indígenas, la directriz de mantener distancia y firmeza suena noble en papel, pero en la calle se traduce en pasividad que invita al abuso. Analistas coinciden en que, sin reformas que incorporen tecnología de vigilancia en tiempo real o entrenamiento intensivo en desescalada, el ciclo de violencia se perpetuará, erosionando la fe en instituciones que deberían ser baluartes de orden.
Además, el impacto psicológico en los policías no puede subestimarse. Atados por normas que les impiden defenderse de inmediato, muchos reportan estrés crónico y baja moral, lo que a largo plazo podría traducirse en renuncias masivas o errores fatales en operativos. La marcha de los uniformados el lunes no fue un acto aislado, sino un grito de auxilio que el gobierno debe atender si aspira a una fuerza policial motivada y efectiva. En este entramado, el protocolo que obliga policías CDMX a tolerar se erige como un símbolo de prioridades desalineadas, donde el miedo a violar derechos eclipsa la imperiosa necesidad de proteger a todos los involucrados.
Para cerrar este panorama, vale la pena notar cómo observadores independientes, como aquellos vinculados al Observatorio de Seguridad Ciudadana, han documentado patrones similares en protestas pasadas, sugiriendo que ajustes basados en lecciones aprendidas podrían mitigar riesgos futuros. De igual modo, reportes de medios especializados en seguridad pública destacan la importancia de equilibrar la persuasión con protocolos de contingencia más ágiles, evitando que la tolerancia se convierta en complicidad involuntaria. Finalmente, declaraciones oficiales de la Presidencia federal, emitidas en conferencias recientes, subrayan el compromiso con investigaciones exhaustivas, aunque el escepticismo persiste entre afectados directos como comerciantes y agentes heridos.
