NAIM ASF mantiene abiertos 43 expedientes que revelan un presunto desfalco millonario durante la construcción del fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Esta situación, heredada de la administración pasada, expone fallas graves en la fiscalización de recursos públicos, con un daño estimado en más de 4 mil millones de pesos que siguen sin resolverse. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado estas anomalías en un total de 120 expedientes, de los cuales 65 ya fueron archivados sin que se haya recuperado un solo peso ni iniciado acciones penales contra los responsables. El escándalo del NAIM, impulsado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y cancelado en 2018, continúa siendo un lastre para la accountability en el manejo de fondos federales, cuestionando la efectividad de las instituciones encargadas de vigilar el erario.
Irregularidades en el NAIM: Un desfalco sin responsables
El proyecto del NAIM, concebido como una obra faraónica en Texcoco, devoró miles de millones de pesos en contratos cuestionables, pagos duplicados y trabajos no comprobados. Según los informes de la ASF, los 43 expedientes abiertos involucran un presunto desfalco de 4,147,896,502.90 pesos, cifras que no han sido aclaradas por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la entidad responsable de la ejecución. Estos casos datan principalmente de auditorías realizadas entre 2016 y 2018, pero se extienden incluso a revisiones posteriores, incluyendo nueve expedientes de la era de Andrés Manuel López Obrador, lo que sugiere que las irregularidades persistieron más allá del cambio de gobierno.
Uno de los aspectos más graves es la falta de evidencia para justificar pagos millonarios. Por ejemplo, se detectaron desembolsos por 737.5 millones de pesos destinados a proyectos de infraestructura como pistas de aterrizaje y servicios aeroportuarios, sin que el GACM pudiera demostrar la realización efectiva de las obras. Otro caso emblemático involucra 704.1 millones de pesos pagados a empresas como Smart Free a tu Nivel SA y Foster and Partners Limited por supuestos diseños arquitectónicos, los cuales tampoco fueron verificados con documentación adecuada. Estos ejemplos ilustran un patrón de opacidad que ha impedido no solo la recuperación de fondos, sino también la imposición de sanciones administrativas o penales.
Casos archivados: La impunidad en cifras
De los 120 expedientes totales sobre el NAIM, 65 han sido cerrados sin mayores consecuencias, abarcando un monto de 4,248,244,439.47 pesos en presunto desfalco. La ASF argumenta que no se reunieron elementos suficientes para proceder con responsabilidades administrativas, pero críticos señalan que esto refleja una tibieza institucional que beneficia a los involucrados. Entre estos expedientes archivados destacan pagos duplicados por 637.8 millones de pesos en la construcción de la terminal, la torre de control y la estación intermodal, donde el GACM presentó informes inconsistentes que no convencieron a los auditores.
La ausencia de denuncias penales por parte de la fiscalía es otro punto de controversia. A pesar de las evidencias de irregularidades financieras graves, ninguna autoridad ha elevado estos casos a instancias judiciales, dejando en el limbo la posibilidad de que exfuncionarios del GACM enfrenten cargos. Este panorama no solo erosiona la confianza pública en las instituciones, sino que también plantea interrogantes sobre la continuidad de prácticas corruptas en proyectos de infraestructura de gran envergadura.
Expedientes activos: ¿Hacia una resolución?
Los 43 expedientes abiertos representan una esperanza de justicia, aunque la lentitud en su procesamiento genera escepticismo. El más significativo de ellos, valorado en 886.4 millones de pesos, se refiere a pagos por "acompañamiento arquitectónico" a las mismas firmas extranjeras, Smart Free a tu Nivel SA y Foster and Partners Limited. La ASF documentó que solo se proporcionaron correos electrónicos, minutas y revisiones de planos sin firmas ni controles de horas de personal, lo que invalida cualquier reclamo de legitimidad. Otros 12 expedientes están en fase de análisis bajo la categoría "Recibido en DGI", sin que se haya decidido si se archivan o inician procedimientos sancionadores.
En paralelo, 11 expedientes han derivado en investigaciones para posibles sanciones administrativas, y 32 más han concluido dichas indagatorias, abriendo la puerta a acciones contra antiguos directivos del GACM. Sin embargo, el avance es mínimo: ninguna recuperación de fondos se ha materializado, y el total de pérdidas por el NAIM supera los 10 mil millones de pesos, según reportes previos. Este estancamiento resalta la necesidad de reformas en la ASF para agilizar procesos y fortalecer mecanismos de denuncia.
Impacto en la gestión pública actual
El legado del NAIM trasciende las cifras y se convierte en un espejo de las debilidades sistémicas en la administración de recursos federales. Proyectos como este, promovidos con bombos y platillos durante el sexenio de Peña Nieto, terminaron en un fiasco que no solo derrochó dinero público, sino que también generó divisiones políticas profundas. La cancelación del aeropuerto en 2018, a favor del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), fue presentada como una corrección, pero las auditorías revelan que las grietas en la fiscalización eran evidentes desde el inicio.
Hoy, con el gobierno de Claudia Sheinbaum al frente, surge la expectativa de que se acelere la resolución de estos expedientes. La presidenta, proveniente de Morena, ha enfatizado la lucha contra la corrupción como pilar de su agenda, pero el manejo del NAIM ASF mantiene abiertos cuestiona si esa retórica se traduce en acciones concretas. Expertos en transparencia fiscal argumentan que sin una depuración profunda de los expedientes heredados, cualquier avance en infraestructura futura correrá riesgos similares.
La complejidad de estos casos radica en la red de contratistas involucrados, como Netherlands Airport Consultant, SACMAG de México y TADCO Constructora, que recibieron fondos sin rendir cuentas claras. Auditorías detalladas muestran fallos en el control de personal, duplicidad de cobros y ausencia de perfiles verificables, elementos que la ASF ha calificado como insuficientes para cualquier defensa. Este entramado no solo afecta el bolsillo de los contribuyentes, sino que también socava la credibilidad de secretarías de Estado encargadas de obras públicas.
En un contexto donde el presupuesto federal enfrenta presiones por recortes y prioridades sociales, el peso muerto del NAIM se siente con mayor intensidad. La ASF, como órgano constitucional autónomo, tiene la obligación de no solo detectar irregularidades, sino de impulsar su sanción efectiva. Sin embargo, la norma actual permite el archivo de casos por "falta de elementos", una puerta trasera que ha permitido la impunidad en más de la mitad de los expedientes revisados.
Mirando hacia adelante, el destino de estos 43 expedientes podría marcar un precedente para la rendición de cuentas en México. Si se logran sanciones o recuperaciones, representaría un triunfo para la fiscalización; de lo contrario, reforzaría la percepción de que los grandes escándalos terminan diluidos en burocracia. La sociedad civil y analistas independientes han clamado por mayor visibilidad en estos procesos, recordando que el dinero malgastado en el NAIM podría haber financiado programas esenciales en salud o educación.
Como se desprende de revisiones detalladas en publicaciones especializadas como las de Milenio, el caso del NAIM sigue fresco en la memoria colectiva, con datos que circulan en foros de transparencia gubernamental. Informes accesibles en portales de auditoría pública también respaldan estas cifras, mostrando un patrón de opacidad que trasciende administraciones. Incluso discusiones en redes entre expertos en finanzas públicas aluden a estos expedientes como ejemplo de lo que no debe repetirse, subrayando la urgencia de reformas.