Este domingo 20 de julio, la Ciudad de México será escenario de una nueva marcha contra la gentrificación, un fenómeno que expulsa a los habitantes de sus barrios y eleva los costos de vida. La protesta, que partirá desde Fuentes Brotantes en Tlalpan, busca visibilizar el despojo que sufren los capitalinos ante la llegada de proyectos inmobiliarios y turísticos que benefician a unos pocos. Sin embargo, el gobierno de Clara Brugada parece más preocupado por el control de la narrativa que por resolver el problema de fondo.
Las autoridades capitalinas han anunciado que los policías que acompañen la marcha no llevarán armas de fuego, solo cascos, rodilleras, coderas, escudos y extintores. Esta decisión, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, busca garantizar un ambiente pacífico y evitar confrontaciones. Pero, tras los destrozos y la violencia desatada en la primera marcha del 4 de julio, la pregunta es si este protocolo será suficiente o si es solo una fachada para calmar los ánimos.
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, junto con la Comisión de Derechos Humanos, desplegará una Brigada de Diálogo y Convivencia para mediar con los manifestantes. Si detectan objetos que puedan usarse para agredir, como palos o aerosoles, se pedirá a los participantes que los entreguen. En caso de negativa, los policías canalizarán a estas personas a zonas de menor riesgo. Todo suena muy ordenado, pero la realidad en las calles suele ser más complicada.
La primera marcha contra la gentrificación dejó un saldo preocupante: negocios vandalizados, pintas con mensajes xenófobos y una evidente falta de control por parte de las autoridades. Comercios en colonias como Roma y Condesa fueron saqueados, y las consignas como “Fuera gringos” resonaron en las calles. El gobierno de Morena, encabezado por Brugada, se limitó a condenar la violencia sin abordar las causas profundas del malestar social.
La gentrificación en la Ciudad de México no es un problema nuevo. El aumento desmedido de rentas, impulsado por la llegada de nómadas digitales y el auge de plataformas como Airbnb, ha desplazado a residentes de barrios tradicionales. Colonias como Roma, Condesa y Juárez, alguna vez accesibles, se han convertido en zonas exclusivas donde los capitalinos de a pie apenas pueden sobrevivir. La marcha de este domingo busca exigir regulación y el derecho a la ciudad, pero el gobierno parece más interesado en apagar el fuego que en resolver el problema.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, ha insistido en rechazar cualquier forma de violencia o expresiones xenófobas. Sin embargo, las medidas anunciadas suenan más a control de daños que a una estrategia real para garantizar la seguridad de los manifestantes y los ciudadanos. La ausencia de armas en los policías puede ser un gesto, pero no compensa la falta de políticas efectivas contra la gentrificación.
La marcha también ha generado tensiones internacionales. La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta por la movilización, recordando los incidentes de la protesta anterior. Esto pone en evidencia cómo el problema trasciende las fronteras, ya que la llegada de extranjeros con mayor poder adquisitivo ha cambiado la dinámica de barrios enteros. Sin embargo, el gobierno de Brugada no ha propuesto soluciones concretas, como regular el mercado inmobiliario o proteger a los inquilinos.
Mientras los colectivos ciudadanos alzan la voz, el gobierno de Morena sigue sin ofrecer respuestas claras. La creación de una defensoría de derechos inquilinarios ha sido mencionada, pero hasta ahora no pasa de ser una idea en el aire. Los habitantes de la Ciudad de México merecen más que discursos y protocolos de contención; merecen un gobierno que enfrente de verdad los efectos de la gentrificación.
La marcha de este domingo será una prueba de fuego para el gobierno de Clara Brugada. ¿Podrá mantener el orden sin reprimir el derecho a la protesta? ¿O seguirá ignorando el clamor de los capitalinos que ven cómo sus barrios se transforman en zonas inalcanzables? Los ojos estarán puestos en las calles de Tlalpan y en la respuesta de un gobierno que parece más reactivo que proactivo.
La gentrificación no solo es un problema económico, sino una herida social que fractura el tejido de la ciudad. La marcha de hoy es un grito de resistencia, pero también un recordatorio de que las autoridades están lejos de cumplir con su promesa de proteger a todos los ciudadanos. La Ciudad de México espera soluciones, no solo policías desarmados y discursos vacíos.
