En un nuevo capítulo de la lucha contra la contaminación en Nuevo León, legisladores locales han puesto en la mira a la empresa Ternium, exigiendo medidas drásticas tras un reciente derrame tóxico. La planta, ubicada en San Nicolás de los Garza, es señalada como una de las principales responsables de la polución en la zona metropolitana de Monterrey.
El pasado 17 de abril, Ternium provocó un desastre ambiental al derramar 400 mil litros de químicos en el arroyo La Talaverna. Este incidente, que afectó 11 kilómetros del cauce, ha desatado la indignación de autoridades y ciudadanos. Los residuos industriales han llegado incluso a la colonia San Miguel, en Guadalupe, evidenciando la magnitud del problema.
El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, ha sido uno de los más críticos. En una declaración contundente, pidió el cierre inmediato de la planta para proteger la salud pública. Según el edil, la empresa ha demostrado negligencia al no controlar adecuadamente sus procesos industriales, lo que pone en riesgo a miles de habitantes.
Diputados del Congreso local, como Claudia Chapa, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, también se han sumado a la exigencia. Chapa señaló que, si Ternium no regulariza sus emisiones, la reubicación o clausura debe ser considerada. La legisladora destacó que no solo esta empresa, sino todas las industrias contaminantes en la zona metropolitana, deben ser supervisadas con lupa.
El ambientalista Nesib Inayeh, conocido por liderar protestas por aire limpio, ha respaldado estas demandas. Según Inayeh, la planta de Ternium en San Nicolás representa un peligro constante para la salud de los regiomontanos. Sus emisiones de metales pesados, como plomo y cromo, han sido vinculadas a problemas graves, desde daños neurológicos hasta cáncer.
Datos alarmantes respaldan estas acusaciones. En 2023, la planta de Ternium en Pesquería emitió 9.2 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, equivalente al 37% de las emisiones totales de la zona metropolitana. Además, tiene permiso para tratar más de 2 millones de toneladas de residuos peligrosos al año, una cantidad comparable a lo que genera todo el estado de California.
A pesar de las promesas de Ternium de implementar planes de mitigación, los resultados parecen insuficientes. La empresa afirmó haber activado un protocolo de emergencia tras el derrame, pero los residuos químicos aún son visibles en el arroyo, lo que cuestiona la efectividad de sus medidas.
La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León analiza ahora el futuro de Ternium. Mientras tanto, la presión crece para que se apliquen sanciones ejemplares. Vecinos y activistas coinciden en que la salud de la población debe estar por encima de los intereses económicos de la siderúrgica.
El caso de Ternium no es aislado. Otras empresas en la región, como Zinc Nacional, también han sido señaladas por prácticas contaminantes. Esto ha llevado a un debate más amplio sobre la necesidad de endurecer las regulaciones ambientales en Nuevo León.
La controversia pone en evidencia un problema estructural: la falta de normas actualizadas para controlar a las industrias contaminantes. Mientras las autoridades deciden el rumbo, la ciudadanía espera respuestas concretas para garantizar un aire más limpio y un entorno seguro.