Por primera vez en México, los ciudadanos elegirán a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial el próximo 1 de junio, pero la apatía ciudadana amenaza con convertir este proceso en un rotundo fracaso. Según una encuesta de Poligrama publicada por ABC Noticias, apenas un 12% de la población planea participar en estas elecciones, un dato alarmante que refleja el desinterés y la desconfianza hacia la reforma impulsada por Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La reforma judicial, que prometía democratizar la justicia al permitir que el pueblo decida quiénes ocupan los cargos en la Suprema Corte y otros tribunales, parece no haber convencido a los mexicanos. La encuesta revela que la mayoría de los ciudadanos desconoce los detalles del proceso o simplemente no confía en que su voto haga una diferencia. Este descontento se agrava por la percepción de que el gobierno federal, encabezado por Sheinbaum, no ha sido transparente en la organización de los comicios.
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un reto monumental: motivar a una población desencantada a salir a las urnas. Con casi 100 millones de personas inscritas en el padrón electoral, la proyección de participación entre el 8% y el 15%, según la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, es un golpe duro para la legitimidad de este proceso. La falta de campañas atractivas y la confusión sobre los candidatos agravan la situación.
Más de 3,400 candidatos compiten por 881 cargos federales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte y cientos de jueces y magistrados. Sin embargo, las restricciones impuestas a las campañas, como la prohibición de eventos masivos o anuncios en radio y televisión, han limitado la visibilidad de los aspirantes. Los candidatos dependen casi exclusivamente de redes sociales y volantes, lo que dificulta que los votantes conozcan sus propuestas.
En 19 estados, además, se llevarán a cabo elecciones judiciales locales, lo que complica aún más el panorama. En lugares como Durango y Veracruz, los ciudadanos enfrentarán hasta 13 boletas distintas, un proceso confuso que podría desalentar aún más la participación. La logística para organizar estas elecciones simultáneamente con comicios políticos en algunos estados representa un desafío sin precedentes.
La encuesta de Poligrama, con un 95% de confianza, también señala que la apatía no es solo por desconocimiento, sino por una creciente desconfianza hacia las instituciones. Muchos mexicanos ven la reforma como un intento de Morena por consolidar su control sobre el Poder Judicial, en lugar de un ejercicio genuinamente democrático. Las críticas al gobierno de Sheinbaum por no sancionar casos de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos alimentan esta percepción.
Rubén Díaz López, investigador de la Universidad de Guanajuato, advierte que estas elecciones están dirigidas a un “público muy informado”, lo que deja fuera a la mayoría de la población que no entiende las funciones de los cargos en disputa. La complejidad del sistema judicial y la falta de educación cívica sobre el tema son barreras adicionales para una participación masiva.
A menos de un mes del inicio oficial de las campañas, que arrancaron el 30 de marzo, el panorama no es alentador. Los candidatos tienen hasta el 28 de mayo para convencer a un electorado apático, pero las proyecciones sugieren que el abstencionismo será el verdadero protagonista de estas elecciones. La promesa de una justicia más cercana al pueblo parece desvanecerse ante la indiferencia generalizada.
Si la tendencia continúa, el próximo 1 de junio podría marcar un precedente preocupante: una reforma histórica que, en lugar de fortalecer la democracia, evidencie la desconexión entre el gobierno y los ciudadanos. El futuro del Poder Judicial, y de la confianza en las instituciones mexicanas, está en juego.