La familia LeBaron encabezó una protesta en la presidencia municipal de Juárez para exigir medidas contundentes contra la infiltración del crimen organizado en la policía municipal. Integrantes de esta comunidad, liderados por Adrián y Julián LeBaron, se manifestaron para demandar la destitución del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales. La protesta LeBaron se desató tras la detención de Galdino P. J., alias “Monster”, un expolicía municipal vinculado a la masacre de La Mora, Sonora, en 2019, un evento que marcó a la familia y a la región por su brutalidad.
El caso de Galdino P. J., detenido el 26 de julio de 2025, reavivó la indignación de la comunidad LeBaron. Este exagente, acusado de participar en el asesinato de nueve personas, incluidas mujeres y niños, en la masacre de La Mora, había logrado ingresar dos veces a la policía municipal de Juárez, a pesar de su historial delictivo. Durante la protesta LeBaron, los manifestantes cuestionaron los protocolos de reclutamiento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señalando que la falta de controles estrictos permitió que un presunto criminal formara parte de las fuerzas del orden. Adrián LeBaron, padre y abuelo de cinco víctimas de la masacre, expresó su frustración: “¿Cuánto han de haber pagado para que los ocupen en esa situación?”. Esta pregunta refleja la desconfianza hacia las autoridades locales y su manejo de la seguridad pública.
La masacre de La Mora, ocurrida el 4 de noviembre de 2019, dejó una herida profunda en la familia LeBaron y en la sociedad mexicana. En este ataque, perpetrado en la sierra entre Sonora y Chihuahua, nueve personas perdieron la vida, incluyendo a Rhonita, hija de Adrián LeBaron, quien fue asesinada junto a sus cuatro hijos. Según testimonios recopilados en las audiencias, el ataque fue orquestado por una alianza entre el grupo criminal La Línea y personas cercanas al narcotraficante Rafael Caro Quintero. La protesta LeBaron en Juárez buscó visibilizar cómo la colusión entre autoridades y delincuentes sigue siendo una amenaza latente, permitiendo que figuras como Galdino P. J. operen con impunidad.
Durante la manifestación, los LeBaron ingresaron a una reunión con autoridades municipales, aunque los medios de comunicación no tuvieron acceso. Julián LeBaron, uno de los líderes de la protesta, hizo un llamado a la sociedad para no tolerar autoridades que se coluden con el crimen organizado. “La solución no está en que renuncie el alcalde, sino en una sociedad enardecida que no acepte estas prácticas”, afirmó. La protesta LeBaron también destacó la necesidad de reformar los procesos de selección y supervisión de los elementos policiacos, ya que la reincidencia de Galdino P. J. en la corporación evidenció fallas graves en el sistema.
La detención de Galdino P. J. se llevó a cabo mediante una orden de aprehensión emitida el 19 de julio de 2025 por la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez. Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la orden, y el 29 de julio, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada logró su vinculación a proceso por delitos como homicidio calificado, feminicidio e incendio con daño. Este caso no solo reavivó el dolor de la familia LeBaron, sino que también puso en el centro del debate la ineficacia de las instituciones para prevenir la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad. La protesta LeBaron en Juárez se convirtió en un símbolo de resistencia contra la impunidad y la corrupción.
La comunidad LeBaron ha enfrentado durante años los embates del crimen organizado en el noroeste de Chihuahua. Desde secuestros hasta ataques directos, como el de 2019, su lucha por la justicia los ha llevado a confrontar tanto a los delincuentes como a las autoridades que, en su opinión, no han hecho lo suficiente para garantizar la seguridad. La protesta LeBaron en la presidencia municipal de Juárez no fue solo una reacción al caso de Galdino P. J., sino también un grito de indignación por la falta de avances en la prevención de la violencia y la colusión criminal. Los manifestantes dejaron claro que no están dispuestos a permanecer en silencio, como lo expresó Julián LeBaron: “El temor se tiene que superar, estamos dispuestos a dar la vida”.
La historia de la familia LeBaron está marcada por tragedias y una lucha constante contra la inseguridad. Su presencia en Chihuahua ha estado acompañada de conflictos con el crimen organizado, disputas por recursos como el agua y tensiones con las autoridades locales. La protesta LeBaron en Juárez es un capítulo más de su incansable búsqueda de justicia, en un contexto donde la confianza en las instituciones está severamente dañada. La detención de “Monster” y su historial como policía municipal son solo una muestra de los retos que enfrenta la región en materia de seguridad.
La información sobre la protesta LeBaron y los detalles del caso de Galdino P. J. han sido ampliamente discutidos en diversos medios locales, que han seguido de cerca los acontecimientos en Juárez. Según reportes, la detención del expolicía fue un paso importante, pero no suficiente para abordar las fallas estructurales en el sistema de seguridad municipal. Algunos ciudadanos que presenciaron la manifestación compartieron en redes sociales su apoyo a la familia LeBaron, destacando la valentía de su lucha contra la impunidad.
Voces locales también han señalado que el problema de la infiltración criminal no es exclusivo de Juárez, sino que refleja una problemática nacional. La protesta LeBaron, en este sentido, trasciende el ámbito local y pone sobre la mesa la necesidad de reformas profundas en las corporaciones policiacas de todo el país. La indignación expresada por los manifestantes resuena con quienes han sido víctimas de la violencia y la corrupción en México.
La cobertura de los hechos en Juárez, según observadores, ha subrayado la urgencia de implementar medidas más estrictas para el reclutamiento y la supervisión de los elementos policiacos. La protesta LeBaron no solo busca justicia para las víctimas de la masacre de La Mora, sino también un cambio estructural que evite que casos como el de Galdino P. J. se repitan. La lucha de esta familia continúa siendo un recordatorio de los costos humanos de la inseguridad y la complicidad institucional en México.