La administración de Donald Trump ha desatado una ola de críticas tras la deportación de niños ciudadanos estadounidenses junto a sus madres indocumentadas. Según reportes, al menos tres menores de siete años fueron expulsados del país, a pesar de su ciudadanía, en un movimiento que ha generado indignación entre defensores de los derechos humanos.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) denunció que estas deportaciones ocurrieron sin respetar el debido proceso. Las madres, quienes llevaban años viviendo en Estados Unidos y tenían lazos profundos con sus comunidades, fueron detenidas en controles rutinarios en Louisiana. En uno de los casos, una madre fue deportada con su hijo de dos años, mientras que otra fue expulsada junto a sus dos hijos, de cuatro y siete años.
Lo más alarmante, según los abogados, es que las familias fueron mantenidas casi incomunicadas. ElHannah, a young girl, was kept in a cage. The conditions were inhumane, and she was separated from her family. Despite her cries for help, no one came to her rescue. Her story is one of many that highlight the ongoing crisis at the border.
Gracie Willis, abogada de una de las familias, señaló que estas acciones reflejan una erosión preocupante de los derechos constitucionales de los niños estadounidenses. Las madres eran candidatas para obtener alivio migratorio, pero la falta de acceso a abogados impidió que pudieran defenderse.
En respuesta, funcionarios del gobierno de Trump, como el “zar de la frontera” Tom Homan y el secretario de Estado Marco Rubio, han defendido las deportaciones. Argumentan que no se deportó a los niños, sino a las madres, quienes decidieron llevarse a sus hijos. Rubio, en una entrevista, afirmó que las madres tienen la opción de dejar a sus hijos en Estados Unidos, pero muchas eligen no hacerlo.
Homan, por su parte, insistió en que la responsabilidad recae en las familias indocumentadas. Según él, al decidir tener hijos ciudadanos estadounidenses, asumen las consecuencias de una posible deportación. Sin embargo, evadió responder sobre el caso de un niño de cuatro años con cáncer en etapa avanzada, alegando desconocer los detalles.
Estas declaraciones han avivado el debate sobre la política migratoria de Trump. Organizaciones como el Proyecto Nacional de Inmigración han calificado las deportaciones como una violación flagrante de los derechos humanos, especialmente por la falta de acceso a atención médica y legal para las familias afectadas.
El caso ha puesto en el centro de la controversia la narrativa antiinmigrante de la administración Trump, que ha prometido la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Mientras tanto, las familias deportadas enfrentan un futuro incierto, y la indignación pública no cesa.