La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva este lunes para eliminar las protecciones de las ciudades santuario, un movimiento que busca endurecer las políticas migratorias en Estados Unidos. Estas jurisdicciones, que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales, enfrentarán sanciones significativas.
La orden ejecutiva apunta a recortar fondos federales a ciudades como San Francisco, Nueva York, Chicago y Los Ángeles, conocidas “ciudades santuario” por sus políticas de protección a inmigrantes indocumentados. Según la portavoz Karoline Leavitt, la medida busca garantizar que las autoridades locales no obstruyan las operaciones de deportación.
Trump ha señalado en repetidas ocasiones que estas ciudades “protegen a delincuentes” al no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La orden ejecutiva ordenaría al Departamento de Justicia iniciar acciones legales contra las jurisdicciones que se resistan a cumplir con las políticas federales.
La decisión forma parte de una serie de medidas migratorias impulsadas por Trump desde su regreso a la presidencia el 20 de enero. Entre ellas, se incluye la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y la reinstauración de la política “Quédate en México” para solicitantes de asilo.
Sin embargo, la medida ya enfrenta resistencia. En el pasado, órdenes similares de Trump fueron bloqueadas por jueces federales, como William Orrick en California, quien en 2017 y 2025 argumentó que estas acciones violan principios constitucionales, incluyendo la separación de poderes.
San Francisco y otros municipios han presentado demandas contra las órdenes ejecutivas de Trump, argumentando que los recortes de fondos federales afectarían servicios esenciales como salud, educación y seguridad pública. Estas ciudades aseguran que sus políticas santuario promueven la confianza de las comunidades migrantes con las autoridades locales.
La orden también instruye a las agencias federales a identificar cualquier gasto que beneficie a inmigrantes indocumentados, buscando alinear los recursos con la ley de bienestar social de 1996. Esto podría limitar el acceso a servicios públicos para ciertas poblaciones.
El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión política en Estados Unidos, donde la inmigración sigue siendo un tema divisivo. Mientras algunos sectores aplauden la mano dura de Trump, otros advierten que estas medidas podrían exacerbar la polarización y dañar la economía local de las ciudades afectadas.
La implementación de la orden ejecutiva dependerá de cómo respondan los tribunales y las jurisdicciones locales. Por ahora, la Casa Blanca insiste en que la medida es un paso hacia la “ley y el orden”, aunque el camino hacia su aplicación promete ser accidentado.
Este nuevo capítulo en la política migratoria de Trump mantiene la atención en un debate que no muestra signos de resolverse pronto, mientras las ciudades santuario se preparan para defender sus políticas frente a la presión federal.