En un operativo sin precedentes, las autoridades federales y estatales han retirado 2,083 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en Sinaloa. Estas cámaras, colocadas en postes y estructuras públicas, eran utilizadas presuntamente por grupos delictivos para monitorear actividades en distintos municipios, especialmente en Culiacán, Mazatlán y Navolato.
El más reciente operativo tuvo lugar en la sindicatura de Bachigualato, Culiacán, donde se desmantelaron 37 cámaras clandestinas. Entre los dispositivos retirados había 27 cámaras fijas alámbricas y 10 PTZ inalámbricas, diseñadas para captar imágenes panorámicas con zoom. Este hallazgo eleva la cifra total a más de 2 mil equipos inhabilitados desde el inicio de las operaciones en enero de 2025.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ha confirmado que ninguna de estas cámaras estaba conectada al sistema oficial de videovigilancia C4i. Esto evidencia que los equipos eran operados de manera ilícita, probablemente por organizaciones criminales que buscan mantener el control de territorios en medio de la creciente violencia en el estado.
Sinaloa vive una ola de inseguridad que parece no ceder. Desde septiembre de 2024, las pugnas entre facciones del Cártel de Sinaloa, tras la detención de Ismael “Mayo” Zambada en Estados Unidos, han desencadenado enfrentamientos, desapariciones y un clima de terror. Las cámaras clandestinas son solo una muestra más de cómo los grupos delictivos operan con impunidad.
Los operativos han sido encabezados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la magnitud del problema pone en duda la efectividad de las estrategias de seguridad. Miles de cámaras instaladas ilegalmente sugieren una red sofisticada que ha operado durante meses, si no es que años, sin ser detectada.
En colonias como Valle Alto, Huertos del Pedregal y comunidades como La Higuerita y Bellavista, las autoridades han intensificado las inspecciones. En cada recorrido, encuentran más dispositivos que no solo violan la ley, sino que representan una amenaza directa para la seguridad de los ciudadanos. La instalación de estos equipos por particulares en espacios públicos es ilegal, pero su proliferación refleja un vacío en la vigilancia oficial.
La ciudadanía vive con miedo. Los reportes de violencia, balaceras y desapariciones son constantes, y la presencia de estas cámaras clandestinas agrava la percepción de inseguridad. Mientras las autoridades aseguran que están actuando, muchos se preguntan por qué no se detectaron antes estos dispositivos y qué más está pasando sin que nadie lo note.
El gobierno estatal y federal han prometido continuar con los operativos, pero los resultados hasta ahora no tranquilizan a la población. La retirada de más de 2 mil cámaras es un paso, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de control sobre la delincuencia organizada que sigue operando a sus anchas en Sinaloa.
Este panorama deja claro que la inseguridad en el estado está lejos de ser controlada. Los ciudadanos exigen respuestas y acciones concretas, mientras el desmantelamiento de estas cámaras clandestinas revela la profundidad de un problema que parece superar a las autoridades.