En un operativo que ha generado controversia, autoridades migratorias de Estados Unidos arrestaron y deportaron a la esposa de un miembro activo de la Guardia Costera, luego de descubrir que su visa de trabajo había expirado. El hecho ocurrió en la Estación Aérea Naval de Key West, Florida, dentro de una zona residencial militar, lo que ha desatado críticas por la forma en que se manejó el caso.
La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenida el pasado jueves tras un control de seguridad de rutina en la base militar. Según un funcionario estadounidense, su visa de trabajo venció alrededor de 2017, y años después se emitió una orden de deportación en su contra. A pesar de estar casada con un integrante del USCGC Mohawk, un buque con base en Key West, esto no evitó su arresto.
El operativo involucró a Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que ejecutó la orden de deportación. Las autoridades de la Guardia Costera confirmaron que la mujer no es miembro de la institución y que colaboran con agencias federales para hacer cumplir las leyes migratorias. Sin embargo, el caso ha levantado cuestionamientos sobre las políticas migratorias en el país.
El esposo de la detenida, asignado al USCGC Mohawk, se encontraba en proceso de mudarse a una vivienda militar junto a su esposa cuando ocurrió el incidente. La pareja, que contrajo matrimonio a principios de este año, fue sorprendida durante un trámite rutinario en el centro de control de visitantes de la base, donde se detectó la irregularidad migratoria.
El Servicio de Investigación Criminal Naval también participó en el operativo, que incluyó una visita a la residencia de la pareja en la base. Aunque las autoridades no han revelado el país de origen de la mujer, se sabe que permanece bajo custodia, a la espera de su deportación definitiva, según fuentes oficiales.
Este caso se da en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Aunque el arresto no parece formar parte de una redada masiva, refleja la prioridad que el gobierno ha dado a la aplicación estricta de las leyes de inmigración, incluso en casos que involucran a familias de militares.
Organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por las condiciones en las que se llevan a cabo estas detenciones. Reportes señalan que los migrantes detenidos enfrentan situaciones de aislamiento extremo y dificultades para acceder a asistencia legal, lo que ha intensificado el debate sobre las prácticas migratorias.
La Guardia Costera, por su parte, ha declinado ofrecer más detalles sobre el caso, remitiendo todas las preguntas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que hasta el momento no ha emitido comentarios adicionales. La falta de transparencia ha generado críticas entre quienes consideran que el caso merece mayor claridad.
El incidente pone en evidencia las tensiones en torno a la política migratoria estadounidense, especialmente en casos que afectan a familias con vínculos directos con las fuerzas armadas. Mientras tanto, la deportación de la mujer sigue en curso, dejando preguntas sobre el impacto de estas medidas en la vida de los involucrados.
La Marina de Estados Unidos, que administra la Estación Aérea Naval donde ocurrió el arresto, aseguró que cooperó plenamente con las autoridades federales. Sin embargo, el caso podría alimentar el debate sobre la necesidad de reformas migratorias que consideren situaciones excepcionales como esta.