En la Ciudad de México, el Metro se ha convertido en escenario de una preocupante ola de incidentes: los reportes de pinchazos a usuarios han encendido las alertas. Las autoridades capitalinas, encabezadas por el gobierno de Clara Brugada, han confirmado al menos 20 casos de personas que aseguran haber sentido un piquete mientras viajaban en este sistema de transporte. La situación ha generado miedo entre los millones de usuarios que diariamente utilizan el Metro.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo el mando de Pablo Vázquez Camacho, ha intentado calmar los ánimos asegurando que se siguen “protocolos claros” para atender estos casos. Sin embargo, la respuesta del gobierno local parece insuficiente ante la gravedad del problema. Los usuarios reportan síntomas como mareos y somnolencia tras los pinchazos, lo que sugiere el uso de sustancias desconocidas, pero las autoridades no han logrado identificar a los responsables.
De los 20 casos registrados, 15 personas han sido sometidas a pruebas toxicológicas, y solo dos han dado positivo a estupefacientes. Esto plantea más preguntas que respuestas: ¿qué sustancias se están utilizando? ¿Por qué no se ha detenido a ningún culpable? La falta de avances en las investigaciones deja a los ciudadanos en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad.
El protocolo de atención, según las autoridades, incluye una valoración inicial en el lugar del incidente, traslado a hospitales especializados en toxicología y la opción de realizar denuncias con el apoyo del Ministerio Público. Sin embargo, los usuarios critican que estas medidas son reactivas y no preventivas. La vigilancia en el Metro, a cargo de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, ha sido reforzada, pero los incidentes no cesan.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, ha ordenado actualizaciones periódicas sobre las investigaciones, pero sus declaraciones parecen más enfocadas en evitar el pánico que en resolver el problema de fondo. La ciudadanía se pregunta por qué no hay acciones más contundentes para garantizar la seguridad en un transporte tan vital para la capital.
Las autoridades han intentado aprender de experiencias internacionales, estudiando casos similares en países como España, Reino Unido y Australia. Equipos interdisciplinarios están integrando estas prácticas, pero los resultados aún no son visibles. Mientras tanto, los usuarios del Metro siguen expuestos a un riesgo que nadie parece capaz de controlar.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también está involucrada, pero hasta ahora no ha proporcionado información clara sobre los avances en las investigaciones. La falta de coordinación entre las dependencias y la lentitud en las respuestas solo agravan la percepción de un gobierno desbordado por la inseguridad.
El Metro, uno de los sistemas de transporte más utilizados en América Latina, debería ser un espacio seguro para todos. Sin embargo, estos incidentes reflejan un problema más profundo: la incapacidad del gobierno de Morena para proteger a los ciudadanos. La población exige respuestas y, sobre todo, acciones concretas para frenar esta alarmante situación.
Si bien las autoridades insisten en que no hay indicios de secuestros relacionados con estos pinchazos, la pérdida de pertenencias en algunos casos sugiere que podría tratarse de un nuevo modus operandi delictivo. La confianza en el transporte público se erosiona mientras los responsables siguen actuando con impunidad.
La situación en el Metro de la Ciudad de México es un reflejo de los desafíos de seguridad que enfrenta la capital. Los ciudadanos merecen un transporte seguro y confiable, pero por ahora, el miedo y la incertidumbre dominan los vagones.