La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un golpe sobre la mesa al enviar al Senado una reforma que sacude los cimientos de la competencia económica en México. Su propuesta, recibida este viernes, pretende desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para crear la Comisión Nacional Antimonopolios, un organismo que, según el gobierno, fortalecerá la lucha contra los monopolios. Pero, ¿es realmente un paso hacia la justicia económica o un movimiento para concentrar más poder?
El plan de Sheinbaum elimina a la Cofece, un órgano autónomo que, aunque imperfecto, operaba con independencia del gobierno. En su lugar, la nueva Comisión Nacional Antimonopolios estará adscrita a la Secretaría de Economía, lo que levanta sospechas sobre su autonomía. Este organismo será liderado por cinco comisionados, todos nombrados por la presidenta y ratificados por el Senado, con un mandato de siete años. La pregunta es: ¿serán realmente independientes o seguirán la línea del Ejecutivo?
Según la iniciativa, la Comisión Nacional Antimonopolios tendrá facultades ampliadas para investigar y sancionar prácticas monopólicas. Además, se asegura que habrá una separación entre quienes investigan y quienes sancionan, prometiendo independencia técnica. Sin embargo, al estar bajo el control de la Secretaría de Economía, muchos dudan de que pueda actuar sin presiones políticas. ¿Es este un intento de Sheinbaum por recuperar la rectoría del Estado o una estrategia para controlar sectores clave?
Uno de los puntos más controversiales es que las actividades de empresas paraestatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no serán consideradas monopolios. Esto podría darles una ventaja desleal en el mercado, mientras el gobierno argumenta que fortalece la soberanía energética. Críticos advierten que esto podría desincentivar la competencia y afectar a los consumidores con precios más altos.
La reforma también introduce cambios significativos en las sanciones. Las multas por prácticas monopólicas podrían alcanzar hasta el 20% de los ingresos de las empresas infractoras, y se impondrán penas de hasta 22 millones de pesos por entregar información falsa. Además, se ampliarán los plazos para investigar concentraciones ilícitas de uno a tres años, lo que podría alargar los procesos y generar incertidumbre en el mercado.
En el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, la nueva Comisión supervisará la preponderancia de empresas y la concentración de mercados. Esto se suma a la reciente reforma en telecomunicaciones aprobada por el Senado, que ha generado polémica por posibles restricciones a plataformas digitales. ¿Está el gobierno de Morena buscando un control total sobre los sectores estratégicos?
El proceso legislativo no será sencillo. La reforma debe discutirse en las comisiones del Senado y luego aprobarse en el pleno antes de pasar a la Cámara de Diputados. Sheinbaum espera que se apruebe antes del 30 de abril, cuando cierra el periodo ordinario de sesiones, pero podría requerir sesiones extraordinarias. La oposición ya ha levantado la voz, señalando que esta iniciativa debilita la autonomía de las instituciones.
Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que esta reforma beneficia a las familias mexicanas al combatir los abusos de poder económico. Sin embargo, la concentración de facultades en el Ejecutivo y la falta de claridad sobre la independencia de la nueva Comisión generan más preguntas que respuestas. ¿Es este el cambio que México necesita o un paso hacia un mayor control gubernamental?