En un nuevo capítulo de violencia que sacude a Jalisco, la Fiscalía del Estado ha confirmado que investiga el brutal asesinato de María del Carmen Morales, una madre buscadora, y su hijo Jaime Daniel Ramírez, ocurrido en Tlajomulco de Zúñiga. El crimen, perpetrado la noche del 23 de abril, ha generado indignación entre colectivos y ciudadanos que exigen justicia.
María del Carmen, de 43 años, era integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, conocido por descubrir el polémico Rancho Izaguirre, un lugar señalado como centro de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su labor consistía en buscar a su hijo Ernesto Julián Ramírez, desaparecido desde febrero de 2024 en el mismo municipio donde fue asesinada.
El ataque ocurrió a las 23:30 horas en el Fraccionamiento Las Villas, cuando sujetos en motocicleta dispararon contra Jaime Daniel, de 26 años. María del Carmen intentó defenderlo, pero ambos perdieron la vida en el lugar. La Fiscalía insiste en que no hay elementos que vinculen el crimen con su activismo, una afirmación que ha desatado críticas por su rapidez y falta de profundidad.
Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Investigación Criminal, admitió que hubo una “mala interpretación” en el primer informe, donde se descartó la relación con su labor de búsqueda. Ahora, la Fiscalía asegura que la actividad de María del Carmen como buscadora es una de las varias líneas de investigación, junto con la posibilidad de que el ataque estuviera dirigido específicamente contra su hijo.
Colectivos como Guerreros Buscadores han denunciado que María del Carmen había recibido amenazas previas por su trabajo. Raúl Servín, integrante del grupo, cuestionó la versión oficial y señaló que las autoridades no pueden descartar el activismo como móvil sin una investigación exhaustiva. La indignación crece ante la percepción de que la Fiscalía minimiza el caso.
La Universidad de Guadalajara también se pronunció, calificando de “irresponsable” la postura inicial de la Fiscalía. Aseguran que el asesinato está vinculado a la búsqueda de Ernesto Julián y refleja la violencia estructural que enfrentan las familias buscadoras en Jalisco. Organizaciones como Amnistía Internacional han exigido una investigación urgente y protección para los colectivos.
El caso ha llegado hasta la presidencia. Claudia Sheinbaum lamentó el crimen y urgió a las autoridades de Jalisco a realizar una investigación a fondo. Sin embargo, la falta de avances concretos y las contradicciones de la Fiscalía alimentan la desconfianza en un estado donde la violencia no da tregua.
Jalisco se mantiene como uno de los epicentros de la crisis de desapariciones en México, con Tlajomulco liderando los hallazgos de fosas clandestinas. Desde 2018, se han reportado 77 fosas en este municipio, un reflejo de la impunidad que permea la región. Los colectivos de búsqueda, lejos de ser protegidos, enfrentan amenazas constantes.
María del Carmen deja dos hijas, de 19 y 10 años, quienes ahora enfrentan un futuro incierto. Su muerte se suma a la de al menos 28 buscadores asesinados en México desde 2010, un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes buscan justicia ante la indiferencia de las autoridades.
La exigencia de justicia resuena en todo el país, pero las respuestas siguen siendo escasas. Mientras la Fiscalía de Jalisco promete avanzar en las investigaciones, la sociedad espera que este caso no quede en la larga lista de crímenes sin resolver que marcan el presente de México.